Bachelet: Estado venezolano sigue persiguiendo a la disidencia y mantiene las ejecuciones extrajudiciales

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este jueves su más reciente actualización oral sobre la situación de DDHH en Venezuela y condenó que la Administración de Maduro insista con perseguir a miembros de ONG’s e imponga restricciones a su labor que incluyen congelación de activos.

«Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con el terrorismo y el blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas. Más ONGs siguen siendo investigadas por motivos similares», declaró desde Suiza, Ginebra, ante la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Aseveró que seguirán prestando asistencia técnica en Venezuela y destacó que sus representantes siguen recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en operaciones de los cuerpos de seguridad de Maduro: 14 personas murieron en La Vega de esta forma en el mes de enero.

Condenó que siguen deteriorándose los servicios básicos y la asistencia médica. «Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria». Asimismo, criticó que el salario mínimo esté por debajo de 1 dólar mientras la canasta alimentaria a aumentado 1.800 % en el último año. «Un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria».

Además, dijo sentir preocupación por los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades. «Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco. Reitero mi llamado a la liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente, y acojo el nuevo acceso de mi oficina a los centros de detención policial».

Bachelet, fustigó que siga la persecución contra políticos y periodistas. «Desde septiembre, mi oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares».

Asimismo, precisó que solo en enero se ejecutaron al menos 3 operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. «En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones. Esto no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario. La sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales», reprochó.

Agregó que durante la jornada electoral de diciembre, su oficina documentó al menos 15 casos de intimidación y acoso a periodistas, y se documentaron declaraciones que condicionaban el acceso a los programas sociales al ejercicio del voto.

En este sentido, expresó «de cara al próximo ciclo electoral, recuerdo a las autoridades su obligación de proteger las libertades fundamentales y garantizar las condiciones para una participación significativa en la vida pública, incluyendo las voces disidentes. El nombramiento del próximo CNE es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones. Apoyo un diálogo inclusivo para abordar las causas profundas de los retos actuales. Una amplia participación dará fe de su autenticidad y será garante de su éxito».

A continuación la intervención completa:

En mi reciente presentación sobre Venezuela ante este Consejo, reconocí las medidas positivas adoptadas por el Gobierno. Seguiremos prestando asistencia técnica.

Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica.

Desde septiembre, el acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia. Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria.

Según algunas organizaciones el salario medio estaría por debajo de 1 dólar estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año. Alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.

La muerte trágica de al menos 28 migrantes venezolanos en el mar Caribe en diciembre de 2020 fue un recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar, así como su vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de migrantes. El Fiscal General denunció prácticas de soborno, corrupción e intimidación a las víctimas.

Saludo las soluciones ad hoc adoptadas para reducir los retrasos judiciales y el hacinamiento en centros de detención. Un país es juzgado por cómo trata a sus más vulnerables, incluidos sus detenidos. Me preocupan los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades. Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco. Reitero mi llamado a la liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente, y acojo el nuevo acceso de mi Oficina a los centros de detención policial.

En este contexto, la asistencia humanitaria es aún más esencial. Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONGs, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos.

Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico. Desde septiembre, mi oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares.

Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con el terrorismo y el blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas. Más ONGs siguen siendo investigadas por motivos similares.

Tan sólo en el mes de enero se ejecutaron al menos 3 operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones.
Esto no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario. La sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales.

En la jornada electoral de diciembre, mi oficina documentó al menos 15 casos de intimidación y acoso a periodistas, y se documentaron declaraciones que condicionaban el acceso a los programas sociales al ejercicio del voto. De cara al próximo ciclo electoral, recuerdo a las autoridades su obligación de proteger las libertades fundamentales y garantizar las condiciones para una participación significativa en la vida pública, incluyendo las voces disidentes. El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones.

Apoyo un diálogo inclusivo para abordar las causas profundas de los retos actuales. Una amplia participación dará fe de su autenticidad y será garante de su éxito.
Gracias.