Acceso a la Justicia en la CIDH: Maduro busca el control absoluto de la sociedad civil

La ONG Acceso a la Justicia denunció que Maduro tiene una sed insaciable por el poder y por controlar a los venezolanos. Así lo manifestó durante la audiencia pública virtual de la CDIH.

«El cerco que el Gobierno de Maduro viene tendiendo a la sociedad civil organizada ya desde hace tiempo, se estrecha cada vez más (…) Pero también el cerco al ciudadano y a la sociedad civil en general», alertó Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, quien explicó a los comisionados los riesgos que suponen iniciativas gubernamentales como el proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales, que el nuevo Parlamento oficialista ya aprobó en primera discusión.

Lozo participó en la audiencia virtual que se realizó el pasado 25 de marzo, en donde fustigó que la Administración de Maduro pretende instaurar el modelo comunal y suprimir la autonomía de los ciudadanos.

«Con este modelo de Estado comunal, se “funcionaliza” la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, es decir, se suprime su autonomía de acción y se les subordina a objetivos políticos, económicos y sociales, determinados por el Poder Ejecutivo central y según una ideología única. Además, el ciudadano ahora se debe “autoprestar” los servicios públicos a través de las organizaciones comunales con los fondos del Estado y de la manera que éste le indique y permita».

«En el Estado socialista comunal, no hay límite alguno al poder, ya que se desdibuja tanto el rol del ciudadano como sujeto de derechos, y el del Estado de servir al ciudadano. Es evidente que no solo se refuerza el férreo centralismo y militarismo impuesto por el Gobierno de Maduro en el país, sino que además desaparece la libertad de la persona, así como los principios de soberanía democrática, Estado de derecho, separación e independencia de poderes, responsabilidad del Estado y sus obligaciones con los derechos humanos. También es obvio que con la implantación de un modelo de esa naturaleza, empeoraría aún más la situación de emergencia humanitaria que ya aqueja al país».

Louza señaló otro motivo que hace sospechar que la iniciativa tiene como único propósito controlar aún más a la sociedad civil venezolana: El texto establece que todas las organizaciones comunales deben estar constituidas con el propósito de alcanzar una “sociedad socialista”, con lo cual se violan los principios constitucionales de la libertad de asociación, expresión y pluralismo político.

Maduro ha usado la pandemia para reforzar su control sobre la ciudadanía mediante la represión a cualquier tipo de disidencia. «Así, el Programa Venezolano de Educación-Acción en DDHH (Provea) informó que de marzo a diciembre de 2020, 258 personas fueron detenidas de manera arbitraria por supuestamente violar las restricciones previstas en el Estado de Alarma. La aplicación del decreto de cuarentena se realiza de manera discrecional y sin respetar a los sectores más vulnerables», afirmó Marino Alvarado, quien agregó:

«La manera de proceder incluye detenciones arbitrarias, imposición de realización de ejercicios en la vía pública y de trabajo forzados por incumplir recomendaciones sanitarias, uso de los medios públicos y redes sociales bajo el Estado para promover odio contra actores sociales y políticos».

Nota de prensa.