Las sanciones, cortina de humo del régimen

El régimen ha venido patrocinando la tesis de que la responsabilidad de la situación económica, y por ende social, derivan de la aplicación de las sanciones económicas norteamericanas, las cuales han impedido el fluir de las actividades destinadas a proveer bienes y servicios, empleos y bienestar a la población venezolana. ¿Será esto cierto?

Un primer elemento expuesto por numerosos economistas es que las sanciones datan desde el 2017, cuando ya el país se encontraba en una situación económica y social lamentable, por lo que señalarlas como origen de la crisis es un error.

Luego hay que entender que las sanciones afectan sólo a empresas públicas, instituciones estatales y algunos funcionarios y personas vinculadas con actividades y autoridades públicas, impidiéndoles desarrollar actos con entidades norteamericanas o de otras nacionalidades que tengan operaciones con éstas.

Entonces, las sanciones en el país sólo afectan las actividades financiadas o desarrolladas por el gobierno y/o personas vinculadas con él, por éstas funcionar bajo el amparo estatal, bien percibiendo subsidios o recibiendo ayudas para sus actividades operativas, las cuales, como fruto de esas sanciones presentan complejidades operacionales. Las demás, las desarrolladas por la sociedad civil, entre ellas las empresas del sector privado, quedan libres de toda afectación.

Y de ser así, porque el sector privado igualmente se deprimió. En este punto hay que revisar el porqué esto sucedió. Bien, el régimen, apegado a la tesis de economía planificada, de una presencia pública vital en las actividades productivas y de servicios, y de un control profundo de las actividades privadas permitidas, generó un marco asfixiante para el sector privado.

Así el régimen se encontraba en la encrucijada económica: cuando debía escoger entre mantener su programa político, el cual tiene como objetivo demoler la estructura productiva e institucional que considera favorable al capitalismo para sustituirla por su propuesta ideológica, o decidir liberar el actuar de la sociedad civil, fundamentalmente el sector privado, y que éste se constituya en eje de desarrollo y productividad, prefirió profundizar en su esquema ideológico, hecho que aumentó la crisis y el malestar social, lo que llevó a que ningún sector estuviera en condiciones de actuar en beneficio social. De esto, la responsabilidad es del régimen.

Sin embargo el régimen, ante la imposibilidad de que la sociedad resolviera en pro de su bienestar, usó la situación que había creado para, mediante matrices de propaganda, “voltear la tortilla”. Entonces sembró la tesis de que la responsabilidad de la crisis, en lugar de ser de ellos, por decidir mantenerse en su fracasada propuesta ideológica, culpa las sanciones, por cuanto en su decir, promueven una economía de mercado que lleva a la miseria e impiden una economía planificada, que con sus de controles y trabas lleva al bienestar general. Así pretende obtener réditos para su propuesta política mientras logran destruir la capacidad productiva sustentada en el esfuerzo civil. Entonces, así el régimen pasa de ser culpable a ser víctima del proceso de sanciones, una victimización que alcanza a la sociedad venezolana.

En esto hay que reconocerles el éxito que han sustentado con una matriz de opinión que han popularizado en los medios radioeléctricos, convertidos en nichos de propaganda. A lo que suma su actuar callando o cerrando los medios que se arriesgan a ser veraces y permitir la libre expresión del pensamiento. Es más, algunos políticos y profesionales, incluso economistas, que dicen levantar banderas opositoras, se han sumado, dígase involuntariamente, para aceptar que las sanciones son responsables del malestar, sino en su origen, en su profundización.

Ahora trae el régimen una relatora de la ONU, para que genere un informe, es de entender que lo opondrá a los que han realizado numerosas instituciones internacionales, entre ellas la OEA y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, para lavarle la cara al régimen y fundamentar una tesis en la cual los efectos internacionales, entre ellos la diáspora venezolana, es responsabilidad de las sanciones estadounidense.

Además, el régimen, con la contribución de sus aliados, pretenderá poner “debajo de la alfombra”, los señalamientos de corrupción, narcotráfico y torturas que circulan en muchas entidades internacionales, entre ellas la Corte Penal Internacional. Así, pretenderá mostrar un rostro inmaculado para ganarse un buen puesto en el mundo.

Bien, esta historia se está escribiendo, amanecerá y veremos.