Dumping
Voy a hacer un paréntesis en mi acostumbrado comentario político para tocar un tema −que en el fondo también es político− no menos importante y acuciante: la situación de la empresa venezolana, en particular la industria manufacturera nacional.
La industria nacional es víctima de un depredador, eficiente y despiadado, que no ha tenido compasión para destruirla: el régimen instaurado por Hugo Chávez Frías en 1999, que continua hasta nuestros días. Cuando este régimen se hizo del poder, de acuerdo con las propias cifras oficiales, en el país había 12.700 industrias manufactureras. Debido a la política depredadora del régimen −no voy a gastar tiempo en describir lo que bien conocemos y que la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, calificó adecuadamente de “cerco a la industria nacional” −, hoy el plantel industrial se reduce a poco más de 2.500 industrias. Hemos perdido la friolera del 80% de nuestra capacidad industrial y el 20% que queda, trabaja con enormes dificultades, a una fracción de su capacidad instalada. El presidente de Conindustria nos recordaba en días pasados que −sin contar los años anteriores− desde que Nicolás Maduro está en el poder se han perdido más de 400 mil empleos industriales, que como sabemos siempre fueron los mejor remunerados.
Asentado esto, no me voy a referir más a este depredador, si no a otro igualmente letal.
Seguramente todos, en nuestro papel de consumidores que maximizamos nuestros recursos y preservamos el poder de nuestro ingreso adquiriendo los productos que mejor satisfagan nuestras necesidades y al mejor precio posible, nos topamos con estantes y anaqueles repletos de productos importados. No me refiero a los llamados “bodegones”, sino a los estantes y anaqueles de abastos, mercados y supermercados en los que hacemos nuestras compras habituales. Tampoco me refiero, con eso de productos importados, a las especialidades y exquisiteces de algunos países que siempre han estado presentes en el nuestro, sino a cosas como: aceites comunes de España, leche de Francia, pastas de Italia, granos y arroz de Brasil, y un largo etcétera, de productos y países, que no vale la pena enumerar; seguro que todos me entienden de que hablo.
Lo más sorprendente es que esos productos, a veces de calidad igual o superior, están a precios inferiores o iguales que los productos nacionales, cuando estos se consiguen. ¿Cómo es esto posible, si esos productos deben pagar fletes internacionales y otros costos de traslado y acondicionamiento, excepto aranceles aduaneros y otras tasas, de los cuales, como sabemos, el gobierno los ha exonerado?
Desde siempre, pero sobre todo desde finales de los años 80 del pasado siglo, cuando se inició un proceso de apertura económica en el país, nuestra industria se vio sometida a la competencia de productos importados que no solo gozan de escalas y de tecnologías mucho más avanzadas que les permiten alcanzar mejores precios y condiciones, sino que, en sus países, seguramente no están sometidos a las condiciones restrictivas de comercialización interna a las que están sometidos los productos elaborados en el país, ni sus industrias son perseguidas por el gobierno como lo son las nuestras. No obstante, nuestra industria supo enfrentar, con dificultades, ese reto y logró no solo sobrevivir, sino también exportar sus productos a otros mercados a precios realmente competitivos. Aunque hoy suene a fantasía, es bueno recordar que las exportaciones distintas al petróleo, cacao y el mineral de hierro, llegaron a ser cerca de 6 mil millones de dólares a finales de los años 90 del pasado siglo.
Pero no es por razones tecnológicas o industrias más avanzadas que se explica que encontremos hoy inundados los anaqueles con productos importados a precios más bajos que los nacionales y que incluso estén a precios inferiores a los de su mercado de origen. Este fenómeno, usualmente, se produce por dos causas fundamentales, bien porque una empresa trate de conquistar un mercado externo o por colocar en el mismo el sobrante de su producción y lo comercializa a un precio inferior al que se comercializa en su mercado de origen; o bien porque, gracias a la intervención del Estado, con algún tipo de subsidio, permite que el precio pueda ser rebajado para colocarlo con ventaja en otro mercado.
Hoy en día, esta segunda causa es menos común en el mercado internacional, dada la actividad y vigilancia de organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, los diferentes acuerdos regionales y las modernas legislaciones de cada país, que protegen sus industrias y mercados de esta práctica depredadora. Aunque técnicamente son dos cosas distintas, el efecto concreto de ambas prácticas es el mismo: que el producto entre con ventaja de precio a otro mercado. Por lo tanto, me atrevo a pensar que en Venezuela estamos en presencia de la devastación que ocasiona un “dumping”.
El «dumping» es una práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal en el mercado de origen, o incluso por debajo de su costo de producción con el fin de conquistar un mercado, eliminando las empresas competidoras y apoderándose finalmente del mismo.
Siempre ha habido una discusión muy intensa acerca de cuál debe ser la actitud frente a esta práctica. Algunos sostienen que la prioridad deben ser los consumidores y no cabe duda que en una economía destruida e hiperinflacionaria como la nuestra, “bajar los precios», por la vía que sea es algo que beneficia a los consumidores. Pero tampoco cabe duda que, sin tener una protección a ultranza, que disfrace y ampare la ineficiencia de nuestras industrias, tenemos que buscar fórmulas para protegerlas, proteger sus inversiones y los puestos de trabajo que generan.
No es un problema sencillo porque, no nos engañemos, ya sabemos que va a ocurrir con estos precios tan o más bajos que los de nuestra industria; si se trata de algo temporal para colocar la sobreproducción de alguna empresa en poco tiempo, esos productos no los veremos más en los anaqueles; y si se trata de una estrategia para conquistar nuestro mercado, los que no veremos en los anaqueles serán los productos nacionales. Pero, desaparecida la competencia y conquistado el mercado, los productos importados aumentarán de precio e incluso subirán muy por encima del precio relativo con el cual se comercializan actualmente y no solo por efecto de la hiperinflación. En el entretanto, habrán desaparecido unas cuantas industrias nacionales y las inversiones y empleos que ellas generan.
Los mecanismos adecuados de protección, para consumidores y empresas, son: proteger la libre competencia y la economía abierta para que sea esta la que regule el mercado y obligue a bajar los precios para proteger adecuadamente a los consumidores.
Es fácil hacer demagogia con acusaciones de abusos y especulación, pero es la libre competencia la que mejor combate los precios especulativos o artificialmente altos y lo que mejor protege el bolsillo de los consumidores. Venezuela cuenta con dos instrumentos legales para protegerse de estas prácticas, que no utiliza desde 1999: la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia y la Ley sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional y su Reglamento. Sabemos que es utópico pensar que este régimen las utilizará, no solo porque son leyes de libre mercado, sino porque suponen un proceso, una investigación imparcial, la demostración de daño a la producción nacional y para este régimen es más fácil aplicar controles y represión, que no resuelven nada, que arruinan al país, pero cubren las apariencias.
No me gusta concluir en el aire un tema tan espinoso pero ni las empresas ni el pueblo consumidor contarán con ningún mecanismo gubernamental para defender sus respectivos intereses y lograr un equilibrio. No queda por el momento sino denunciar la situación, alertar del peligro de destrucción que se cierne sobre lo que queda de nuestra industria y, por lo tanto, dejar el problema en el difícil terreno de la responsabilidad y conciencia individual.
Politólogo
