Check and balances en Venezuela
Controles y contrapesos es lo que se conoce en el Derecho Constitucional Internacional como traducción de la expresión inglesa «check and balances«. A su vez es un principio de la democracia constitucional que prevalece en los países del mundo civilizado que no acogen la dictadura como régimen de gobierno.
Así como se plantea, como característica de una república libre, hay separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial; del mismo modo es terapéutico para dicho sistema que cada rama del poder vigile a la otra y la «ataje» cuando alguna se desborde.
Por eso un parlamento debe ser plural con diversos colores políticos para alertar al Jefe de Gobierno cuando actúe mal. Una Corte Suprema debe tener juristas que provengan de la diversidad del país y no de una sola corriente partidista, a fin de que sus sentencias se apeguen al derecho y no a ideologías o intereses de grupo, con lo cual mantendrían a raya a funcionarios de otras ramas del poder. Asimismo en el gabinete ejecutivo, debería haber ministros de varias toldas políticas, como contrapeso a posibles decisiones arbitrarias tanto del propio líder ejecutivo como de representantes legislativos o judiciales.
Eso es controles y contrapesos, difuminar el poder del Estado y establecer vigilancia entre unos y otros, pues desconcentrando el poder de la clase política e impidiendo que se monopolice en un hombre o en un pequeño grupo de ellos, nos alejamos de la dictadura y nos aproximamos al ideal de una democracia liberal. Así lo concibe la pureza del Derecho Constitucional universal. Así lo estudiamos en EEUU, fuera del sesgo del bipartidismo (demócratas vs republicanos).
Entonces, indiscutible es que para EEUU, Unión Europea, Grupo de Lima, entre otros factores de poder en el mundo, la situación del check and balances en Venezuela no es satisfactoria y ello debe conducir a la cúpula del Estado Bolivariano a una profunda reflexión, no para rendirse ciegamente a las peticiones de estos sujetos internacionales, pero si asumiendo que la República Bolivariana está económicamente bloqueada y mientras se sigan disparando «sanciones» contra esta patria será difícil salir de la aguda crisis económica que viven los venezolanos.
La búsqueda de soluciones diplomáticas a la discrepancia entre Venezuela y el poderoso mundo occidental no implica sacrificar los principios de soberanía e independencia, pero sí abandonar la postración dogmática en política exterior y explorar nuevos caminos en materia de negociación y acuerdo.
La presencia de un nuevo presidente en EEUU y la flexibilidad de España con su gobierno de coalición, abren puertas para un diálogo efectivo entre estos factores y Caracas. Desde la izquierda venezolana no gubernamental existe la convicción de que, sin entregar la presidencia de Venezuela, es factible desarrollar internamente reformas electorales, políticas y jurídicas que coloquen a nuestro país en mejor posición para exigir el levantamiento de las sanciones.
Por ejemplo, en lo electoral se debe prescindir de nuevas intervenciones judiciales en los partidos políticos y fomentar elecciones internas que garanticen la renovación libre de sus dirigentes.
En lo político, es aconsejable brindar condiciones satisfactorias para una mejor representación de las minorías. Esto significa que en venideras elecciones regionales, los partidos pequeños y los grupos electorales por iniciativa propia deben participar en condiciones de igualdad, con posibilidad de promover su propaganda, actualizar sus matrículas, inscribir nuevas organizaciones, sin mayores trabas burocráticas.
En lo jurídico, hay que sobreseer a políticos señalados por delitos menos graves y a los que no han sido condenados por sentencia firme a pesar de tener años sometidos a proceso penal, en virtud de que en el exterior es fuerte la opinión de que en Venezuela se ha politizado la justicia y aleja la posibilidad de que se ablanden las sanciones extranjeras contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro.
En resumen, el check and balances es vital en toda democracia. Así el gobierno esté integrado por los hombres más nobles, honestos y eficientes del planeta, ya que todo funcionario debe ser controlado, interpelado y frenado en su ejercicio del poder. Históricamente está demostrado que toda fuerza desenfrenada se pervierte e incurre en abusos que degradan a la democracia, entiéndase por esta última un sistema de igualdad entre el poderoso y el débil, entre la autoridad y el ciudadano.
