Consejo Noruego para Refugiados advierte que militarización de fronteras vulnera a migrantes venezolanos
El Consejo Noruego para los Refugiados advirtió este viernes que el aumento del uso de personal militar y armado a lo largo de las fronteras de Perú, Ecuador y Colombia “pone en peligro” a los refugiados y migrantes venezolanos, reseñó Monitoreamos.
Lo expresado por la organización llega después de que el martes Perú lanzó una operación con más de 1.200 hombres y 50 vehículos militares, incluidos blindados, para vigilar unos 30 pasos ilegales en su frontera con Ecuador.
El despliegue militar ha dado lugar a algunas situaciones de tensión cuando soldados efectuaron disparos al aire en señal de advertencia a los migrantes venezolanos, lo que ha propiciado que la Defensoría del Pueblo de ese país recordara “el interés superior del niño, los derechos a la reunificación familiar y a solicitar asilo”.
“Esta semana, cuando estaba en la frontera, los militares nos apuntaron con armas y nos dijeron que, si seguíamos caminando, dispararían. Nos trataron como criminales y no tuvieron piedad con nuestros hijos”, detalló Angélica, una venezolana de 29 años, al Consejo Noruego para los Refugiados (NRC). Angélica se encuentra varada en Ecuador desde que se cerraron las fronteras internacionales en 2020.
El portal destaca que el año pasado, Colombia, Ecuador y Perú cerraron sus fronteras y restringieron el acceso a los refugiados y migrantes en un esfuerzo por frenar la propagación del Covid-19. Aunque los gobiernos de la región son responsables de proteger a la población contra la emergencia sanitaria del Covid-19, estas medidas no deben restringir el acceso al asilo y deben salvaguardar los derechos de los refugiados. Los Estados están obligados a respetar el principio de no devolución y a garantizar la protección de los venezolanos que buscan estar a salvo en sus países.
“La Covid-19 sigue amenazando a los más vulnerables de la sociedad, lo que incluye a los venezolanos desplazados que viven marginalmente en la sociedad. En lugar de restringir su derecho a buscar seguridad y solicitar asilo, deberíamos analizar cómo podemos apoyar a los refugiados vulnerables y garantizar que se les brinde protección”, afirmó Dominika Arseniuk, directora de país de NRC para Colombia, Ecuador y Panamá.
La reciente ampliación del perímetro de seguridad en torno a las fronteras significa que quienes intenten cruzar tendrán que atravesar ahora lugares aún más remotos e inseguros. Las agencias de ayuda humanitaria han alertado que esta situación aumentará los riesgos de tráfico, extorsión y violencia sexual y de género para los refugiados y migrantes vulnerables.
“En medio de una pandemia, no podemos excluir ni negar el acceso a personas con necesidades extremas sólo en función de su ciudadanía. Los gobiernos de la región deben garantizar que los refugiados y migrantes venezolanos puedan acceder a la ayuda humanitaria y a la protección cuando la población lo necesite”, agregó Arseniuk.
El cierre de fronteras por la Covid-19 en los países andinos no impide que miles de venezolanos sigan cruzando por trochas de un país en otro movidos por el “virus del hambre”, todo un desafío para los Gobiernos que tratan de impedir la propagación del coronavirus. Se cuentan por miles los migrantes venezolanos que cada mes siguen cruzando de Colombia a Ecuador, y de Ecuador a Perú, en busca de un futuro por decenas de pasos ilegales que las autoridades no alcanzan a controlar: cuando destruyen uno, se abre otro, resalta la agencia Efe.
