Cierre de medios digitales en Venezuela
Se habla de un presunto cierre de medios digitales venezolanos en enero de 2021, un asunto tan preocupante para la democracia como la dictadura de muchos de esos medios que sólo presentan su versión de una noticia sin mostrar la otra parte de una historia, en desmedro de la verdad y el derecho de los ciudadanos al honor y la reputación.
El sesgo informativo mata al periodismo y convierte al medio de comunicación en un aparato de propaganda al servicio del grupo económico o político que lo maneja y nunca al servicio del colectivo. En Venezuela ha proliferado esta mala praxis de la comunicación social, con frecuencia se sacrifica la realidad de los hechos y se impone la opinión, es decir, la valoración personal o grupal de un bando político con respecto a un acontecimiento.
En la actual Venezuela polarizada es difícil hablar de un periodista o de un medio de comunicación totalmente objetivo en su presentación de la noticia (existen honrosas excepciones). Es público y notorio que el gobierno nacional predomina en la televisión, que también tiene ventaja en la radio pero no así en los medios digitales y redes sociales, donde todavía la oposición lo supera ampliamente.
En verdad, la hegemonía comunicacional sólo favorece al bloque político que la disfruta, nunca a la población en general. Por ello en vez de procurar imponerla a favor del chavismo o del antichavismo, lo aconsejable para la convivencia democrática del país es el equilibrio informativo, un escenario ideal que parece perdido en la república bolivariana donde que la polarización ha degenerado en odio político. Lo sano es que toda la gente pueda hablar y comunicar sin ser perseguido por ello.
Como figura pública, rodeado de polémica, rumores y noticias nunca comprobadas, no celebro el cierre de ningún medio de comunicación, ni siquiera aquellos que vetan a un personaje y le niegan derecho a réplica porque lo adversan políticamente, y que difunden contra él versiones nunca verificadas. De ese comportamiento inapropiado conozco bastante y creo que el remedio a la enfermedad sería crear una nueva ley de comunicación social que desarrolle los principios constitucionales sobre la materia.
Por ejemplo, imponer a todos los medios de comunicación el cumplimiento con el derecho a réplica, sin excepción ni pretextos, es decir, todo aquel que sea señalado en una noticia, automáticamente será convocado a responder o a defenderse en 48 horas. Y en caso de que el medio incumpla esta obligación, será sancionado. Sólo así habrá respeto a la presunción constitucional de inocencia, en tiempos donde las tendencias en Twitter, los llamados trending topic, son las armas favoritas para difamar a los enemigos políticos con noticias que se hacen virales pero que rara vez se comprueban. Luego nadie recoge el agua derramada.
Otro principio que se debe rescatar es el pluralismo político en la comunicación, urge implementar un sistema de participación donde todos los partidos, las ONG, los movimientos sociales, las comunas, los expertos y los ciudadanos tengan acceso a expresar sus opiniones en plataformas de comunicación. Entonces, la eliminación de la discriminación comunicacional actual es vital para la sanación de nuestra maltratada democracia polarizada.
Un último principio vital de la comunicación que debe restituirse es la responsabilidad ulterior. Esto consiste que quien difunde una noticia se hace responsable por el daño causado si la misma resulta falsa y no podrá invocar la libertad de expresión o libertad de prensa para excusarse. Si bien condenamos la censura previa, vale decir, impedir a un medio de comunicación reseñar una noticia presuntamente cierta, no es menos importante destacar que quien asume el riesgo de publicar un hecho que no está totalmente verificado, será sancionado si al final se demuestra que publicó una mentira. Esto es así porque las víctimas de injuria, difamación e incitación al odio, que tanto se observan en redes sociales e internet de Venezuela, no pueden quedar sin justicia.
Por último, como patriota venezolano condeno que cualquier periodista o medio informativo reciba dinero de gobierno extranjero con el propósito de desarrollar una agenda política dentro de su propio país. Esto es un acto de injerencia extranjera (de parte de quién paga) y traición a la patria (de parte de quién cobra) pues el ciudadano venezolano le facilita a una potencia imperial que penetre en la política de su país natal, lo cual es una invasión contra la soberanía, ya no a través de armas de guerra militar pero si mediante guerra comunicacional. Al hacerlo, el sujeto se convierte en vendepatria y mercenario que a cambio de dólares, euros o libras esterlinas vende la dignidad de su nación. Esta acción es reprochable y debe ser punida conforme a la legislación vigente.
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