Nuestras universidades en la miseria

Inimaginable. Las universidades venezolanas enfrentan una situación de quiebra económica derivada de la negativa del régimen chavista-madurista de conceder los recursos requerido para su funcionamiento.

La asignación concedida por el Ministerio de Educación Universitaria no ha superado en muchos casos ni el 10 % de lo solicitado por las universidades. A la Universidad Simón Bolívar se le aprobó solo 6 % de lo requerido. La Universidad Central de Venezuela se le asignó una cuota de 2,27%. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador recibió 0,03 % de los solicitado. La Universidad de Carabobo, apenas 3,98. Como relata un profesor de la Universidad de los Andes “Fui profesor en la Universidad Católica de Chile, regresé a Venezuela dejando un sueldo mensual de $2.000. Ahora en la Universidad de los Andes, en mi país, gano ocho dólares al mes”.

Los presupuestos universitarios solo cubren los miserables salarios que perciben los profesores. Fuera queda la investigación, laboratorios, proyectos, bibliotecas, comedores, infraestructura, becas estudiantiles, la atención a los estudiantes, todos programas sin fondos. En 2021 el 84% del presupuesto de las universidades sólo alcanzó para cubrir estos pobres salarios de los docentes, inferiores a $10 mes.

Esta situación coloca la educación universitaria, o lo que queda de ella, sobre los hombros de los profesores, tal como declara Keta Stephany, representante de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), “se dibuja la responsabilidad que tiene un gremio que ahora mismo ya no pide aumento de salario, sino más bien un salario, uno que justifique la labor de formar la conciencia civil de Venezuela”.

Es imposible negar que las universidades autónomas venezolanas se encuentran al igual que el 80% de la población en situación de pobreza y en la mayoría de los casos en pobreza extrema, con edificaciones en peligro, sin agua, con los baños fuera de uso y estructuras deterioradas.

Esta crisis universitaria coloca a Venezuela en un nivel calificado de “emergencia humanitaria compleja”, no sólo por la gravedad y repercusión de una crisis alimentaria calificada de hambruna, condición que afecta y destruye las posibilidades de las nuevas generaciones de desarrollar a plenitud sus capacidades físicas y mentales; por la imposibilidad de la sanidad pública y privada de responder a las demandas de salud de la ciudadanía. Aunado a un sistema educativo que se hunde en lo catastrófico. Los docentes en huida por la imposibilidad de sobrevivir con salarios inferiores a 1$ diario. Estudiantes obligados a desertar de las aulas y abandonar sus estudios en cifras que superan el 40%. Instalaciones, aulas, laboratorios, equipos, campos deportivos en virtual estado de abandono, sin recursos para mantenerse en pie.

El rector de la universidad metropolitana Benjamín Scharifker nos enfrenta a este trágico balance:  Solo 10 de cada 100 estudiantes se gradúan en un período de 5 a 6 años en las universidades nacionales, la producción de conocimiento científico se redujo en 50% desde el año 2008, debido a la no aprobación de nuevas ofertas académicas por parte del Centro Nacional de Universidades negado a evaluar la creación de nuevas carreras y áreas de desarrollo. “Hace una década un tercio de los estudiantes, es decir 30%, egresaba. Ahora producimos 8 veces menos conocimiento que hace 10 años”.

La intromisión del régimen ha sido la causa propulsora de la crisis de nuestras universidades, al imponer prácticas y política violatorias de los procesos internos de la universidades, crear universidades subordinadas al ejecutivo, convertidas en las nuevas beneficiarias de los recursos anteriormente aplicados a la tradicional autogestión de las universidades públicas y autónomas del país, dejando de lado totalmente el desiderátum de garantizar la calidad educativa.

Desde el año 2010 las competencias de las universidades autónomas han sido usurpadas ilegalmente por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, convertido en el único ente encargado de certificar los programas de formación, intercambio científico y posgrados con una potestad concentrada en sus manos de autorizar nuevas carreras y programas de formación.

El análisis de toda la gestión del régimen chavista refleja un intento de re-estatizar las universidades autónomas al modo socialista, es decir convertirlas en formadoras ideológicas de las nuevas generaciones. Un eslabón más de la red de instituciones plegadas a los fracasados designios políticos del socialismo siglo XXI opuesto a cualquier intento de integrar la educación superior venezolana en la corriente de avances humanísticos- tecnológicos que privan en los principales centros educativos del mundo.

Mientras el deterioro de nuestras universidades se hace patente. La profundidad y extensión de la corrupción en el uso de los recursos públicos, negados a la alimentación, salud y a nuestra educación se torna imposible de ocultar. Se cita en más de 114 casos estudiados la perdida de $52.098.420.753. Monto con el cual se habría podido construir 593 hospitales especializados tipo IV; 194 mil escuelas de educación básica, edificado 21 represas hidroeléctricas como la de Caruachi en Ciudad Guayana (2006) que aporta 12% de la energía eléctrica del país y financiar las Universidades nacionales más allá del miserable 10% concedido a sus demandas de recursos. Es comprensible que Transparencia Internacional ubique a Venezuela como el país con mayor índice de percepción de corrupción en América y el Caribe y en el quinto lugar en el mundo en 2019. Un país donde el régimen en el poder quiebra económicamente sus casas de estudios superiores, el alma mater. Por todo esto no hay que rendirse y luchar porque el futuro está en peligro.