El nuevo reporte es abrumador en cifras y magnitud de los crímenes. Parte del informe expuesto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el panel de Expertos Independientes de la OEA en 2018. En ese momento se alertó sobre la situación “alarmante, gravísima y catastrófica” de las violaciones a los derechos humanos del régimen de Maduro, en especial durante 2017 y en los 2 años anteriores.
Aunque desde 2002 el gobierno chavista ha impedido el ingreso al país de la Comisión, la elaboración del texto fue posible gracias a las informaciones, con pruebas documentadas, de organizaciones de la sociedad civil y de algunos representantes del Estado.
Las denuncias más graves entonces destacaban el aumento de la violencia y la criminalidad, los altos niveles de corrupción en las altas esferas del régimen dominante y en muchos de los estratos económicos y sociales, el quiebre de las garantías constitucionales o la suspensión ilegítima del libre ejercicio de derechos ciudadanos, así como un patrón sistemático de represión, judicialización y represalias para quienes se opusieran o protestaran contra el gobierno.
Igualmente se intensificaron persecución y amenazas contra la libertad de expresión, el terrorismo de Estado con intervención de fuerzas armadas especiales y grupos paramilitares o colectivos, por ejemplo, en la Operación Liberación del Pueblo (OLP) o el Plan Zamora, a fin de someter o incluso eliminar a personas inermes, con frecuencia residentes entre los sectores más pobres de la población.
El ejercicio abusivo del poder ha socavado y en ciertos aspectos destruido el Estado de Derecho. Una de las peores secuelas es la discrecionalidad y actuaciones arbitrarias de los cuerpos de seguridad del Estado o de las fuerzas policiales. Estos se convierten en criminales uniformados, sin subordinación ni respeto a la autoridad civil legalmente constituida.
El debilitamiento de las instituciones de la democracia se evidenció en las vulneraciones al principio de separación de poderes del Estado, como la intromisión del poder ejecutivo y judicial en el poder legislativo y un poder electoral sumiso a la voluntad del poder ejecutivo. Los candidatos a cargos públicos, escogidos, no por méritos ni capacidades profesionales sino por afinidades políticas.
El clímax de tal deterioro se da en 2017 con la ruptura del hilo constitucional del sistema democrático, tal como señala en sus páginas preliminares el Informe de 2018 de la CIDH “con las Sentencias N.º 155 y 156 emitidas por el TSJ el 28 y 29 de marzo, respectivamente, en las cuales levantó las inmunidades parlamentarias a los diputados de la AN, estableció que sus actos constituyen “traición a la patria”, otorgó al Poder Ejecutivo amplios poderes discrecionales, y se arrogó competencias del Poder Legislativo”.
A partir de estas dos decisiones ilegales, el régimen de Maduro pierde la legitimidad. No lo olvidemos. “Como señaló la CIDH en su momento, tales medidas constituyeron una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados”.
No hay desde entonces ni democracia ni Estado de Derecho en Venezuela. Tampoco son válidas elecciones convocadas por un régimen usurpador. Menos aún es serio considerar un referéndum revocatorio en 2022 porque, incluso constitucional, no podemos actuar con reglas de juego democráticas si no hay democracia.
