Collage cuadragésimo tercero sobre Rómulo Betanourt

(Gobierno Constitucional –V-)

En el año de 1960 hubo una actividad política y social intensa, conflictiva. En el umbral de 1961, el Presidente Rómulo Betancourt dijo en su Mensaje de Año Nuevo que “1960 fue, y no propiamente por ser año bisiesto, etapa difícil para Venezuela”. El Gobierno Constitucional tuvo que enfrentar una doble acción de pinzas. De un lado, el acecho conspirativo de los que habían perdido el poder usurpado, y del otro, los sectores de la extrema izquierda que creían que podían cubanizar a Venezuela convirtiendo los Andes en una nueva Sierra Maestra.

El 11 de enero, una manifestación de desempleados se dirige al Palacio de Miraflores y origina motines callejeros, con lamentable saldo de muertos y heridos, saqueo de comercios y autobuses incendiados. Y el 21 de enero, el propio Presidente Betancourt denuncia el descubrimiento de una conspiración promovida desde Miami por Pérez Jiménez y desde Santo Domingo por el dictador Rafael Leonidas Trujillo; y señaló que a la Organización de Estados Americanos (OEA), por “expreso pedido del Gobierno de Venezuela, le corresponderá actuar para que cese esa interferencia de la dictadura dominicana en la vida interna de nuestro país” (1).

El 5 de marzo de 1960, en el histórico sitio del Campo de Carabobo, el Presidente Betancourt promulgó la Ley de Reforma Agraria, acto al cual asistieron ex-presidentes de la República, dirigentes empresariales y sindicales, y representantes del clero nacional y de las Fuerzas Armadas. Hicieron uso de la palabra el Ministro de Agricultura y Cría, Víctor Giménez Landínez; el presidente de la Federación Campesina, Ramón Quijada; y los líderes de los tres partidos de la coalición gubernamental, Raúl Leoni, Rafael Caldera y Jóvito Villalba. Clausuró el acto el Presidente Betancourt, que en su discurso dijo: “…Dos mil quinientos millones de bolívares se invertirán en los próximos cuatro años, y en lo que va de éste que corre, en la realización de una reforma agraria integral. A esa suma de dinero habrá que agregarse las emisiones de bonos de la deuda agraria que con autorización y aval del gobierno nacional emitirá el instituto de la Reforma Agraria. Ese plan comprende no sólo la dotación de tierras sino también de escuelas rurales, de sanidad rural, de caminos vecinales, de electrificación del campo, de formación de peritos agropecuarios y de ingenieros agrónomos. Será una acción concertada de todos los despachos ejecutivos, que bien podría bautizarse como ‘operación Rescate del Campesinado’, y permitirá transformar definitivamente lo hoy agria faz de nuestro medio rural…” (2).

En el mes de abril de 1960 ocurre la primera división de Acción Democrática. Para explicarla y comprenderla cabalmente hay que referirse a la situación interna que vivió el partido en el último año de la dictadura perezjimenista. Para mediados de 1957, están presos o exiliados los experimentados dirigentes de los últimos CEN de la resistencia, por lo que accedieron dirigentes jóvenes a la conducción del partido. El 3 de julio de ese año fue detenido José Francisco “Quico” Sucre Figarella, quien ocupaba la Secretaría General del CEN. El partido tuvo una acefalía que duró desde el día de esa detención hasta el mes de octubre de ese año 1957, cuando pasa Simón Sáez Mérida, quien había entrado clandestinamente al país, a ejercer la Secretaría General.

Dice el historiador Manuel Vicente Magallanes: “…Los jóvenes acciondemocratistas empezaron a participar en aislados actos de propaganda concertados con jóvenes del Partido Comunista. Esta cercanía los lleva a interesarse por la doctrina marxista-leninista y a dejarse influenciar, en razón a la carencia de dirigentes activos de AD, por las tácticas, intereses y procedimientos del PCV, lo cual había sido evitado cuidadosamente por los dirigentes anteriores. Hasta ese momento sólo se había llevado a cabo el cumplimiento de la consigna ‘acción coincidente’ que, antes de su muerte, había impuesto Leonardo Ruiz Pineda” (3).

Ese CEN, encabezado por Simón Sáez Mérida, que sólo tenía en funciones poco más de tres meses, era el existente a la caída de la dictadura el 23 de enero de 1958. Fue reemplazado por un nuevo CEN en la IX Convención Nacional de Acción Democrática realizada en Caracas del 10 al 16 de agosto de ese año 1958.

El comienzo de la primera división de Acción Democrática tiene su origen en la publicación de dos artículos de prensa: uno, de Domingo Alberto Rangel, el 10 de marzo de 1960, en el que criticaba la ausencia de cláusulas que garantizaran, en el Contrato Petrolero recién firmado, la estabilidad de los trabajadores.

Y otro, de Américo Martín, de cuatro días después, 14 de marzo, referido a la división del APRA del Perú, en el que, además de calificar de derechista y reaccionario al jefe de ese partido afín a AD, Víctor Raúl Haya de la Torre, formula una velada advertencia sobre la conducción de Acción Democrática en Venezuela, en los siguientes términos: “El fenómeno de la división del Partido Aprista Peruano debe mover a la meditación. Los partidos nacional-revolucionarios deben mirarse en tan impresionante espejo, porque la claudicación avanza a veces sin que la percibamos, hasta que llega el momento en que no podemos desandar el camino” (4).

Los dos dirigentes fueron pasados al Tribunal Disciplinario Nacional, a pedido del Buró Sindical Nacional, en una reunión del Buró Político Nacional. Luego, el CEN suspende a los 11 miembros del Buró Juvenil Nacional de sus funciones dirigentes y prohíbe la realización del Pleno Juvenil Nacional convocado para el día 8 de abril en la ciudad de Maracaibo.

Contraviniendo la decisión del CEN, se celebra ese Pleno el mencionado día, en el marco de un gran mitin en Maracaibo, y también ese mismo día los disidentes publican en la prensa un extenso documento en el que, en relación con su pensamiento político, expresan: “Nosotros tenemos una ideología clara, enraizada en la doctrina nacional-revolucionaria que dio razón de ser a Acción Democrática y que tiene diferencia con la de los comunistas y es por eso falaz y deliberado el calificativo con que se nos pretende apabullar” (5).

En el mitin celebrado ese día en Maracaibo, casi todos los oradores rechazaron también que se les señalara como comunistas o pro-comunistas. Pero, ese movimiento disidente, que se inició tomando el nombre de “Acción Democrática de Izquierda”, cuando realiza en Caracas, del 8 al 10 de julio de 1960, su Primera Convención Nacional, adoptó el nombre de “Movimiento de Izquierda Revolucionaria” (MIR), siendo legalizado por la Gobernación del Distrito Federal en agosto de ese mismo año, y en sus Estatutos se definió como marxista.

El historiador Ramón J. Velásquez reseña: “El MIR declaró ser de ideología marxista y constituido para ‘conducir a todo el pueblo venezolano hacia el socialismo por el camino de la revolución nacional…’ “ (6).

El Tribunal Disciplinario Nacional, en dos Acuerdos de fecha 13 de abril de 1960, da los nombres de los disidentes expulsados de las filas de Acción Democrática (7).

El general (r) Jesús María Castro León, que desde Londres se había trasladado a Santo Domingo y desde allí había pasado a Colombia, en la madrugada del 20 de abril de 1960 atraviesa la frontera del Estado Táchira, acompañado de varios ex-oficiales, entre ellos el teniente coronel Juan de Dios Moncada Vidal, quien sería después jefe de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), al alimón con el MIR y el PCV en 1963, y del mayor Luis Alberto Vivas Ramírez, quien en 1961 será uno de los cabecillas del golpe conocido como “el Barcelonazo”.

Los sublevados entran al Cuartel “Bolívar” de San Cristóbal, que le es entregado por el Coronel Lizarazo Veliz, jefe del Agrupamiento Militar N°1 y el Teniente Coronel Alcides González Escobar, Comandante del Batallón “Simón Bolívar” de San Cristóbal. El historiador Ramón J. Velásquez relata: “Pero el Coronel Lucio Cárdenas, Jefe del Comando de la Guardia Nacional en el Táchira, se mantuvo leal al Gobierno y dio de inmediato aviso al Ministerio de la Defensa y a la Presidencia de la República. Y antes del amanecer, estaban en estado de alerta todas las Guarniciones militares y movilizados en escala nacional los partidos políticos y los sindicatos obreros. A las siete de la mañana, la Confederación de Trabajadores de Venezuela decretó la huelga general, incluso la industria petrolera y en todas las ciudades se paralizó la actividad diaria.

Desde el Cuartel ‘Bolívar’ el general Castro León se dirigió por las emisoras locales a todo el país para anunciarle en su condición de Jefe del ‘Movimiento Revolucionario Mili-civilista’ que iniciaba una acción de guerra destinada a derrocar el régimen del Presidente Betancourt, acusándolo de connivencia con el comunismo y de incapacidad para afrontar la solución de los grandes problemas nacionales. Decretó la Ley Marcial, y ordenó que se patrullara la ciudad de San Cristóbal.

Permaneció el resto del día dentro del Cuartel, sin tomar ninguna otra medida y como en espera de pronunciamientos militares en el resto del país que no llegaron a efectuarse. En Caracas, el Gobierno había instalado en Miraflores la red nacional de radiodifusoras y televisoras y mantuvo durante todo el día, el desfile de las más variadas representaciones del mundo político, económico y cultural del país que condenaban el hecho de la insurrección e invitaban a los alzados a deponer su actitud. En horas de la noche, el general Castro León en compañía de los oficiales que lo habían acompañado en su fracasada empresa abandonaron el Cuartel ‘Bolívar’ y se marcharon en busca de la frontera colombiana.

El 21, en horas del mediodía, un grupo de campesinos, en una aldea cercana al pueblo de Capacho, detuvieron al General Castro León, a los Mayores Gutiérrez y Graziani y al Teniente Silva Guillén. El comando leal de San Cristóbal detuvo al resto de los militares comprometidos en el alzamiento. El General Castro León fue conducido prisionero a la Base Naval ‘La Triguera’, en La Orchila, para luego ser sometido en unión de sus colaboradores a juicio militar por el delito de rebelión militar” (8).

Días después, el 26 de abril, el Presidente Betancourt se dirigió al país y se refirió al alzamiento de Castro León, así: “Se equivocaron quienes pensaron reeditar el 23 de mayo, porque ni el Táchira ni Venezuela ni sus Fuerzas Armadas son las mismas de 1899. En aquella época el país estaba en una situación de virtual desintegración. Gobiernos inmorales administrativamente y no nacidos del voto popular habían producido escepticismo y desgana en un país que entonces apenas llegaba a los dos millones de habitantes, la cuarte parte de ellos víctima de paludismo crónico. Hoy Venezuela es distinta. Esta es ya una nación adulta, con siete millones de habitantes, que se dieron en libres comicios su gobierno legítimo, en donde hay clases sociales, partidos políticos, sectores económicos y laborales perfectamente estructurados…Anuncio al país que todos los implicados en el reciente movimiento sedicioso serán juzgados severamente…Pero serán juzgados los promotores y ejecutores del ‘golpe’ debelado de acuerdo con las leyes de Venezuela (9).

En el próximo Collage, seguiremos con los sucesos del año 1960.

Notas

1-Ramón J. Velásquez. “Aspectos de la Evolución Política de Venezuela en el Último Medio Siglo”. Venezuela Moderna. Fundación Eugenio Mendoza. Caracas 1976. Pág. 200.

2-Rómulo Betancourt. “La Revolución Democrática en Venezuela”. Caracas/1968. Tomo I. Pág. 246-247.

3-Manuel Vicente Magallanes. “Acción Democrática Partido del Pueblo”. Ediciones Adeven. Caracas 1993. Pág. 80-81.

4-“Las 3 Divisiones de AD”. Ediciones Centauro 87. Pág. 26.

5-“Las 3 Divisiones de AD”. Obra citada. Pág. 57.

6-Ramón J. Velásquez. Obra citada. Pág. 204.

7-“Las 3 Divisiones de AD”. Obra citada. Pág. 145-149.

8-Ramón J. Velásquez. Obra citada. Pág, 205-206.

9-Rómulo Betancourt. “La Revolución Democrática en Venezuela”. Obra citada. Pág. 255-256.

Comentario de actualidad: Dos derrotas y un aviso

La dictadura usurpadora luce encorvada, mirando el suelo, bajo el peso de las derrotas que sufrió el 6 de diciembre, cuando los electores la dejaron en contundente soledad, y el 12 de diciembre, a pesar de los obstáculos y restricciones que hubo, cuando los venezolanos manifestaron su voluntad de despedirla. Dos derrotas que presagian que casi está llegando a la situación en que habrá que pedir su fe de vida para saber que, sólo por sus felonías, todavía existe.

Y el aviso se lo dio quien hasta ahora ha sido alguien que le ha dispensado trato amigo, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, al darle largas a la conclusión de su Informe Preliminar sobre la investigación que adelanta en relación a la situación de los derechos humanos en Venezuela. El pasado lunes 14 de este mes señaló, como a manera de confirmación, que hay fundamentos razonables para “creer que, al menos desde abril de 1917, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno”, han cometido crímenes de lesa humanidad.