Un procedimiento contra la desinformación
El contenido de viejo dicho según el cual “el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”, (espero que las y los defensores del lenguaje neutro, del feminismo, la igualdad de sexo, género y especie, no se molesten conmigo por no incluir a la mujer, pero en todo caso, no es mi culpa) pudiera, muy bien, extrapolarse al campo de la política y más concretamente al caso de los gobiernos que, al fin y al cabo, son conformados por seres humanos.
Un buen ejemplo de esto último lo encontramos en la reciente decisión del gobierno de España de crear un “procedimiento para actuar en contra de la desinformación”, publicada en el Boletín Oficial del Estado, Nro. 292, del 5 de este mes de noviembre.
Si bien, aparece formalmente revestida como una Orden Ministerial, es decir, como una norma de rango inferior a una ley, basta con detenernos unos minutos en leer su contenido para darnos cuenta de que, bajo el ropaje europeo y comunitario, y a pesar del coronavirus y espionaje ruso con que se le pretende justificar, se esconde un auténtico acto legislativo, con objetivos, órganos y autoridades diversos, así como varios niveles de actuación, entre otros aspectos relevantes. Una normativa, por lo demás turbia en su concepción, opaca en su lenguaje y finalidad, un punto en que los expertos parecen coincidir, y que, en sí misma, constituye un ejemplo claro de lo que puede hacer un gobierno cuando busca desinformar a la opinión pública. Un intento más, dentro de tantos otros habidos en la historia política de las naciones, por parte de un gobierno surgido en el sistema democrático, de meterle la mano a la información que le llega al público, a la libertad de expresión y, ¿por qué no?, también a la verdad y a la mentira.
En Venezuela, sin necesidad de irnos muy al pasado, podemos recordar como Rafael Caldera, durante su segunda presidencia, no pudo evitar la tentación de exponer su punto de vista sobre el ejercicio del periodismo y la manera de contar la verdad de la prensa de entonces, para propulsar la tesis de la “información veraz, objetiva y oportuna” que quedó plasmada en el texto final de las conclusiones de la VII Cumbre Iberoamericana realizada en la isla de Margarita en noviembre del año 1997. No obstante que Caldera le dio un matiz ético, cuyo propósito era avivar en los periodistas su responsabilidad como sostenedores de la democracia al momento de informar, algunos vieron en esa propuesta que no llegó a tomar forma legal, un intento soterrado de atenazar la libertad de prensa y de controlar la información.
Por motivos similares, también su sucesor Hugo Chávez jurungó el tema, con un estilo mucho más directo y sin ambages. Para Chávez, los monopolios de la información, a los que Caldera se refirió alguna vez, eran los culpables de que hubiera una información mentirosa. Aunque su gobierno conformó el grupo de medios más poderoso del país, con una media docena de televisoras, cientos de emisoras de radio y varios medios impresos a bordo, fue la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, del 2004, que pasaría a ser conocida popularmente como la Ley Resorte, y su reforma en el 2010, la que le puso la guinda al pastel, luego de que una serie de regulaciones a la información, incluida la del Código Penal creando nuevos delitos de opinión, todas con el propósito de proteger al pueblo y garantizar su derecho a la información veraz y oportuna, habían hecho el trabajo, previamente, de minar la libertad de expresión y de prensa.
El aporte, a su vez, del gobierno de Nicolas Maduro a este denso cerco contra la libertad de expresión en aras de la verdad informativa, fue la creación del “Noticiero de la verdad”, que en la práctica supuso la continuación con nuevo nombre y protagonista del exitoso Aló presidente dominguero, a través del cual Chávez expuso su verdad al pueblo, informando como es debido y, de paso, haciendo los ajustes necesarios con el pasado mediante esa especie de túnel del tiempo que es la memoria histórica.
Estamos seguros de que no será el gobierno de Pedro Sánchez, el último en España, ni en el resto del mundo, que intente imponer normas, definiciones, procedimientos, comisiones, o lo que sea, con el fin de “precisar o ajustar” esa información que tanto molesta cuando se siente el aliento de los medios detrás de la oreja, ni tampoco el único al que, imitando a gobiernos como el de Chávez o Maduro, se le pase por la cabeza la justiciera idea de combatir a los medios privados constituyendo su propio monopolio de medios, bien comprando algunos de los ya existentes o bien quitándoles la concesión, en un ejercicio de poder que no es más que una forma antigua de represión y de censura sofisticada.
Que si el gobierno de Sánchez no puede bajar el IVA de las mascarillas contra el covid-19, para abaratar su precio de venta al público como lo han hecho otros países europeos, porque el reglamento de la UE se lo impide; que, si Biden hizo trampa en Pensilvania o en Georgia por unos cuantos miles de votos en pugna, no obstante que le ha sacado a Trump una diferencia de votos totales en el país de casi cinco millones. ¿Dónde está la verdad y la mentira? ¿Quién informa o desinforma?
El problema de fondo radica, aun aceptando el hecho cierto de que los medios y los monopolios son capaces de mangonear la información en obediencia a determinados intereses, en reconocer que los ciudadanos, el pueblo, sigue siendo la parte débil de la relación individuo-Estado y que, por lo mismo, la prensa, a pesar del auge de las redes sociales, constituye el único y auténtico contrapoder con el que equilibrar el torrente informativo proveniente de las fuentes gubernamentales, sin el cual, la ciudadanía andaría aún más desinformada y a la deriva, de lo que está ahora mismo.
@xlmlf
