El Golpe Azul y la antijuridicidad galopante en la justicia militar

“No existe un poder judicial militar ni un ministerio público militar”, advierte el coronel retirado y abogado Ángel Bellorín. “Más allá de un poder judicial hoy secuestrado, la justicia militar no puede seguir funcionando adscrita al Ministerio de la Defensa”, en su opinión, por ser causa del olvido en jueces y fiscales militares de “lo poco que pudieron haber aprendido de los principios que soportan el Derecho, con mucho que perder sino obedecen”.

Familiares hostigados, coercidos y humillados, detenidos fieramente, exiliados, un aborto, una anciana abuelita secuestrada, mascotas agredidas y robos, a causa de excesos de servicios de inteligencia del Estado; decisiones judiciales y bienes jurídicos tutelados pisoteados, dispositivos legales pasados por el arco del triunfo, son “momentos de la antijuridicidad” en el caso del llamado “Golpe Azul”, sólo inteligibles en la perspectiva del “absurdo” esbozado por el jurista Ángel Bellorín.

Conversando de esos hechos con Gloria Calderón se fue la luz. En penumbras evocó el sombrío proceso judicial seguido a su hijo a quien Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello el 12/02/2015 lo vinculan a una supuesta “intentona golpista” planeada en su lugar de residencia en Maracay, de acuerdo a la versión de “un sapo cooperante, vecino y amigo de infancia de Luis, pero quisieron hacer ver que el delator era mi hijo y lo evitamos”, indica la madre y prosigue:

“Se lo llevaron de aquí de la casa. Había cualquier cantidad de camionetas allá afuera. Lo vino buscar el Sebín, gente armada por todos lados. Aquello era un despliegue asombroso, tanto ese día como cuando volvieron el 2018, que hasta presa estuve yo”.

En esas circunstancias detienen al Ptte. Luis Lugo Calderón el 11/02/2015, la orden de aprehensión está fechada días después, anticipando los “desordenes procesales” característicos del enjuiciamiento y presidio de los inculpados en este caso, tres civiles, entre ellos un vecino sólo por mostrarse sorprendido cuando lo ve detenido, y cinco oficiales de la “Aviación Militar Bolivariana”, uno de la promoción “4F”, del 2007, y, con Luis, cuatro de la Promoción del 2008, “Tcnel. Ernesto Salas Agelvis”.

“Se tardan tanto en hacer el primer juicio porque estaban esperando qué era lo que tenían que hacer con esos muchachos. El juicio fue un soberano circo”, dijo Gloria.

A 2 años, 2 meses y 17 días de la detención hacen el juicio en tres días. Los cargos afirmados por la triada oficial y la fiscalía militar son desvirtuados por testigos expertos, el video que decían tener de los acusados llamando a una rebelión “nunca apareció, llegaron aquí con equipos, un aparataje, un gentío, con la clara intención de hacer el video que decían tener, se lo impedimos”, precisó nuestra interlocutora.

Ante ese escollo se otorga valor probatorio al falso testimonio de Roberto Nieves, el “sapo cooperante”, único fundamento de la sentencia condenatoria a 9 años de prisión del 01/05/2017, fallo apelado y anulado en diciembre de 2017. Para Gloria, “esa decisión le cuesta el puesto a Henry Timaure”, removido y sustituido de inmediato en la Presidencia de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar.

En junio de 2018 el juez Iván Bustamante pediría admitir hechos, so pena de una condena mayor, “por eso esos muchachos asumieron y entonces la pena le quedó a Luis en 4 años, 9 meses y 10 días, el tiempo que termina el 22 de noviembre de 2019”, explicó la madre del dos veces sentenciado y encarcelado.

En virtud de la redención de la pena por el trabajo y el estudio, Lugo sale en libertad plena el 11/10/2018 a las 11:00 am, junto a sus compañeros de promoción Peter Moreno, Carlos Esqueda y Ricardo Antich, tras tres años y 8 meses en prisión, al mediodía van por ellos.

“Cuando estamos llegando a la casa veo un carro del Sebín, ahí mismo me llegaron, que dónde estaba Luis, que necesitaban hablar con él porque hacía falta una firma, yo les dije de qué firma me están hablando con una boleta de excarcelación firmada por Padrino López. Esa gente del Sebín se fue, a los 10 minutos llegó el DGCIM, en la mima tónica, con un psicoterror y un despliegue… [hace una pausa] fue rudo, se metieron al apartamento y revisaron todo y me dijeron que los tenía que acompañar, les dije, yo sin una orden no voy, igual me llevaron y otros se quedaron con mi mamá aquí y la tuvieron 24 horas secuestrada, presionando para que Luis apareciera”.

En línea con el relato de Gloria todo fue un ardid, también cuando argumentaron que la fiscalía había apelado la decisión del juez de ejecución Pedro Lunar, pues la apelación fiscal está fechada después de apresarlos, a Moreno en su casa, almorzando con su familia, y, 72 horas después, a Luis en Los Teques en compañía de la novia y su papá, siendo los tres recluidos en DGCIM Boleíta. Esqueda y Antich lograron salir del país.

“A Luis por poco me lo mataron en el DGCIM cuando eso, perdió casi 11 kilos, trató de quitarse la vida tres veces, hizo una carta y todo, no le tenían una tortura física sino psicológica, aislado totalmente, yo le llevaba semanalmente botellones de agua, artículos de higiene, y eso como que no se lo entregaban, porque él me dice, cuando lograba que me llevaran al baño yo me mojaba los labios con agua del sanitario. Estaba con un monito y una franela a temperatura de 2 o 3 grados, por días de días de días, o totalmente a oscuras, sin saber si era de día o de noche, es horroroso, me dice, estar encerrado en una celda 2×2, una silla nada más, sin ir al baño, sin comida, sin nada”, narración que expresa un nefasto proceder hecho práctica común.

El 20/10/2020, Peter Moreno cumplió un año de haber pagado integra su pena de prisión, el 22/11/2020 lo hará Lugo Calderón, reafirmando que “En Venezuela el cumplimiento de la pena no garantiza la libertad”, los dos siguen presos en Ramo Verde, por ello, las “Conclusiones detalladas de la Misión Internacional independiente de determinación de hechos” del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el inciso 356 registran su caso como “Retrasos en los procedimientos judiciales”, implicando antijuridicidad y responsabilidad por actos indebidos en la jurisdicción militar.

Quien sustituye a Timaure, Edgar Rojas Borjas, al que como regente de la Fiscalía Militar Tamara Suju señaló de “llevar a civiles y estudiantes a tribunales militares” en el transcurso de 2017, estaría impedido de actuar ajustado a derecho en este caso por efecto de “una orden de arriba”, nos confió Gloria antes de su cálida despedida.

@jolcesal