Se buscan
10 millones de dólares es la recompensa que el Departamento de Estado de EE.UU está ofreciendo a quien aporte información que conduzca a los arrestos y condena de Luis Motta Domínguez y Eustiquio Lugo Gómez, dos ladrones del régimen que se llenaron sus bolsillos, mientras Venezuela colapsaba y se sumergía en un caos eléctrico sin precedentes y que hoy se encuentra en su máximo deterioro.
De acuerdo al comunicado del Departamento de Estado, “en 2015, Motta Domínguez fue nombrado presidente de la Corporación Nacional de Electricidad (Corpoelec) en Venezuela y, posteriormente, ese mismo mes, fue nombrado ministro de Electricidad. Lugo Gómez fue Viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianza Estratégica en el Ministerio de Electricidad y director de Compras de Corpoelec bajo la administración de Motta Domínguez.
El 27 de junio de 2019 Motta Domínguez y Lugo Gómez fueron imputados por conspiración para cometer lavado de activos y lavado de instrumentos monetarios en el Distrito Sur de Florida. Según la acusación formal, Motta Domínguez y Lugo Gómez supuestamente otorgaron a tres empresas con sede en Florida más de $ 60 millones en contratos de adquisición con Corpoelec a cambio de sobornos pagados a ellos o para su beneficio.
Esta acción sigue a la designación del 28 de julio de 2020 de Motta y Lugo bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2020 (Div. G, PL 116-94) debido a su participación en corrupción significativa, que resulta en su (y sus familiares inmediatos) inelegibilidad para entrar a los Estados Unidos”.
Pero ahondemos en los detalles y las acciones judiciales que dan cuenta del seguimiento que los cuerpos de seguridad y de investigación del gobierno norteamericano le han hecho a estos dos pajaritos, para que el régimen no venga con el cuento de que se trata de dos mansos corderitos que no merecen sanciones, ni castigos.
Resulta que el gran negocio de este par de pillos del régimen sale a relucir en un juicio que se le siguió en junio de 2019 a los contratistas Jesús Ramón Veroes, de 69 años, de Venezuela, y Luis Alberto Chacín Haddad, de 54 años, de Miami, Florida. Ambos se declararon culpables ante una juez federal de Distrito Sur de Florida, por el cargo de conspiración para violar varias disposiciones de la FCPA.
En sus declaraciones de culpabilidad, Veroes y Chacín reconocieron haber realizado pago de comisiones a funcionarios extranjeros en Corpoelec, a cambio de la adjudicación de contratos de adquisición a empresas de Florida.
Los involucrados utilizaron bancos de Florida para lavar las ganancias de sobornos obtenidos de compañías estadounidenses que recibieron contratos por más de 60 millones de dólares con Corpoelec entre 2016 y 2018, así lo señala el Departamento de Justicia.
Y tal como se registra en sus expedientes, estos dos delincuentes fueron designados por aceptar beneficios pecuniarios, incluidos sobornos, a cambio de conceder millonarios contratos de suministro de equipos para Corpoelec y por apropiación indebida de fondos públicos para su enriquecimiento personal.
En otras palabras, si hoy usted que reside en Maracaibo, y es sometido a inclementes y extenuantes apagones eléctricos de más de 8 horas durante el día; si usted que vive en el Táchira y es castigado con largos y tediosos cortes, o usted que vive en Caracas y ve sus equipos dañarse por las peligrosas fluctuaciones, está más que claro que el colapso del sistema eléctrico venezolano no se debe a la sanciones internacionales, se debe a ladrones como Motta Domínguez y Lugo Gómez que se dedicaron a robar y no a aportar soluciones, y por quienes hoy EE.UU pide 10 millones de dólares de recompensa para su captura.
Pero estamos claros que estos no son los únicos delincuentes del régimen que están siendo buscados por la justicia estadounidense. Sobre el pecho de Nicolás Maduro reposa un cartel donde se lee “Wanted” por «narcoterrorismo», y por el cual ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares. También el Departamento de Justicia busca a Diosdado Cabello; el vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; así como contra los militares retirados Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar; y Clíver Alcalá Cordones, entre muchos otros, por estos últimos la Justicia de Estados Unidos está ofreciendo otros 10 millones de dólares.
En definitiva nos enfrentamos a un régimen criminal que caerá, no tenemos duda. Uno a uno, sus cabecillas serán señalados, y donde quiera que se encuentren, serán capturados y condenados. Como siempre afirmamos, la justicia tarda, pero llega, muy pronto caerán estos dos, y no descartamos que más temprano que tarde, caiga el capo mayor y toda su banda.
@LesterToledo
