Rafael Narváez rechaza la represión: Al pueblo le disparan pero al «Coqui» le salen corriendo
El abogado defensor de DDHH, Rafael Narváez, condenó este viernes que el Estado reprima las protestas de los ciudadanos por fallas de servicios básicos las cuales los sumen en la miseria y desesperación -dijo-. Pese a que los habitantes en Yaracuy manifestaron por esta problemática, Julio León Heredia insistió que son protestas violentas convocadas por Juan Guaidó.
“El Estado venezolano ha arremetido contra los ciudadanos que, cansados de ser víctimas del desprecio y del engaño, han alzado su voz por la falta de agua, de electricidad, de gas, alimentos, medicinas y transporte y, en vez de buscar solucionar los problemas de la población, responde con balas de goma, sustancias tóxicas y golpes a garrotazo limpio contra los manifestantes”, expresó Rafael Narváez.
El director de la ONG Derechos Civiles recordó que la Constitución garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica de los ciudadanos y que además prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas, así como el uso desproporcionado de la fuerza, contra tales manifestaciones.
“Es el colapso de los servicios básicos, como agua, energía eléctrica, gas doméstico y la escasez de combustible o el suministro de no de mala calidad, así como la matraca sin escrúpulos por parte de algunos efectivos de los cuerpos de seguridad lo que ha generado más de 70 protestas diarias en los pueblos más humildes del país”, sostuvo Rafael Narváez.
El profesional del derecho añadió que la respuesta del Estado ha sido lanzar a los cuerpos de seguridad más represivos, como la Guardia Nacional, las FAES, y la Policía Nacional Bolivariana, que sin piedad reprimieron con balas de gomas y bombas lacrimógenas, así como detenciones arbitrarias contra el reclamo justo de los manifestantes.
Criticó que, mientras a la población indefensa le descargan toda la potencia de la represión, el hampa hace de las suyas sin que nada la detenga, y en este sentido hizo referencia a la situación de diversas zonas de Caracas, como la Cota 905, que, al igual que otras del interior del país, han sido tomadas por bandas delictivas.
“Al pueblo le responden con balas de goma, gases lacrimógenos y garrotazos porque protesta porque no tiene agua ni para lavarse las manos para evitar la Covid-19, energía eléctrica para trabajar o estudiar o gas para cocinar los pocos alimentos que puede conseguir, pero el Coqui hace de las suyas y ante sus acciones, los organismos de seguridad salen corriendo”, señaló Rafael Narváez.
El abogado fustigó que se permitan actos como el que sucedió hace unos días en Cabudare, estado Lara, donde los cuerpos de seguridad infligieron tratos crueles, degradantes e inhumanos contra un ciudadano que protestaba clamando por agua y luz.
Además, prosiguió, se permite que los colectivos armados presten juramento en el obelisco de Barquisimeto y emitan un decreto, prácticamente de guerra, contra los que se encuentren en la calle protestando, e incluso el gobernador del estado Zulia, no conforme con la grave e insostenible crisis que padecen los zulianos, se atreve a dictar un decreto para no permitir las manifestaciones.
A juicio de Rafael Narváez, todos estos elementos reafirman la violación sistemática de los DDHH por parte del Estado venezolano que, de paso, descalifica el informe presentado por la Misión de Determinación de Hechos, que calificó los abusos cometidos en Venezuela como crímenes de lesa humanidad.
“Estamos en presencia de un Estado que se ha declarado enemigo de los DDHH y garantías constitucionales y eso es muy grave para una población que luce indefensa y sin esperanzas”, puntualizó.
Nota de prensa
