¿Pactar con “El Coqui”?
En medio del quiebre institucional que ha hundido a Venezuela surge una noticia alarmante. Comunidades, vecinos, voltean los ojos hacia organizaciones al margen de la ley, pero con poder de fuego, armadas en condiciones iguales o superiores a las fuerzas institucionales, con control de comunidades y de pedazos del territorio. En repetidas confrontaciones las fuerzas del Estado se han visto obligadas a retirarse ante la incapacidad de someter estas bandas delincuenciales, convertidas en dueñas de barrios pobres abandonados por el régimen.
Los ciudadanos enfrentan la ausencia de instituciones que se responsabilicen ante la caída de los servicios públicos, sometidos a la ferocidad de delincuentes que cometen crímenes sin castigo. La impunidad en hechos criminales alcanza en Venezuela un 90%. Estamos entre los 15 países más violentos del mundo. El sentimiento de desprotección está arraigado en una ciudadanía sin defensas, mientras es ostensible el despliegue de hombres y armamentos cuando se trata de perseguir, torturar, reprimir toda manifestación cuyo objetivo sea lograr un cambio político que garantice la recuperación del estado de derecho, el gobierno de la ley, la probidad de jueces, fiscales y la legitimidad del sistema de justicia.
En fecha reciente se pudo constatar que los vecinos de una parroquia de Caracas solicitaban audiencia al “Coquí” un sujeto de nombre Carlos Luis Revette, venezolano, convertido en dueño de la cota 905, un pedazo de territorio dentro de la ciudad capital de Venezuela.
El Coqui no es capitán de un grupo de combatientes en la montaña, de guerrillas rurales, con guarida desconocida, no defiende ninguna ideología, está en el centro de la capital, en La cota 905 ejerciendo un poder sin control en su vecindario. Una comunidad que ha crecido como miles en este país de manera informal, sin conexión con servicios públicos y sin seguridad de la vida y de los bienes materiales.
Hoy somos testigos de un hecho sin precedentes. Los vecinos de una zona aledaña a la cota 905, la urbanización El Paraíso, solicitan audiencia al “Coqui” ante el fracaso continuo y la sordera de las instituciones del Estado. Protestan las amenazantes invasiones de sus propiedades por personas procedentes de la cota 905. La impotencia vecinal los ha llevado a cruzar la frontera y acudir a la organización dirigida por el “Coqui” cuyas demostraciones de poder, armamento y capacidad de control son conocidas por todos.
Los vecinos de El Paraíso, presos de su desesperación, acuden al Coquí, jefe de una organización con un poder sin límites, donde priva absolutamente la voluntad del cabecilla sobre la vida y los bienes de las personas. Es casi como conceder un territorio y su gente a una fuerza irregular que actúa con reglas de juego determinadas por la voluntad de poder del jefe y no por ninguna ley o norma escrita. Lo que es importante reconocer es que esta peculiar situación ocurrida en el corazón de la ciudad capital es un reflejo de la tragedia nacional, ciudadanos abandonados por un régimen que los ignora, ocupado solo de retener el poder y destruir a sus oponente políticos, se ven obligados a pactar con una organización siniestra que a la larga pueda conducir a su auto destrucción como comunidad.
Seria el momento de reflexionar y evaluar qué decidir, el partido a tomar, o bien pactar con los Coqui que existen en Petare, el Valle, Catia, 23 de enero y en cada uno de los estados del país o adherirnos a iniciativas que promuevan la unidad de todos los venezolanos que avancen hacia una transición concertada, que permita elegir nuestros gobernantes, decidir a quién le cedemos el poder de la forma más democrática posible.
La respuesta parece obvia, sin embargo, la desesperanza que anida en gran parte de los venezolanos hace estragos, alimenta la desconfianza y hace dudar de cualquier alternativa que se intente llevar a cabo. Los proponente de nuevas vías son sometidos al escarnio público, se parte de considerar que cualquier persona que proponga una solución concertada, pacifica es un corrupto y otros calificativos aún peores. Podríamos preguntarnos: ¿acaso prefieren verse obligados en un futuro cercano a pactar con alguien como el Coqui?
Hoy se plantea la posibilidad de participar voluntariamente en una consulta promovida por la ciudadanía, apoyada por el gobierno interino y la Asamblea Nacional. Una Consulta Popular que se diferencia de la realizada el 16 de julio por tener un respaldo legal, ser reconocida en el Articulo 70 de nuestra Constitución y corresponder a una iniciativa de ciudadanos que aspira involucrar a todos los venezolanos desde sus heterogéneas aspiraciones e ideas.
De nuevo nos preguntamos: ¿Cuál es la posición ética? ¿Vernos obligados a pactar con los Coqui y dejar al régimen en su proceso destructivo a la espera de intervenciones imaginarias o participar en una Consulta que propicie la unidad y muestre claramente que somos una gran mayoría ciudadana que aspira ejercer el derecho a elegir, una iniciativa al igual que muchas otras que vendrán, si así lo decidimos?
