Ochoa Antich: Ley Antibloqueo requiere gobierno de unidad y referendo para que funcione
El político Enrique Ochoa Antich aseguró este viernes que la Ley Antibloqueo presentada por Nicolás Maduro y aprobada por la ANC, requiere un referendo y gobierno de unidad nacional para que pueda funcionar. Cree que solo así se podrá atraer inversionistas.
Explicó que la ley traza «una estrategia correcta cuando se propone reprivatizar miles de empresas en mala hora estatizadas». Además, dio las siguientes consideraciones:
1. Sólo una ley puede desaplicar otra ley. Ese principio es parte consustancial de toda Constitución democrática, incluyendo la de Venezuela. Así, lo que consagra el artículo 19 (en el primer borrador 17) de la Ley Antibloqueo acerca de «inaplicar normas legales» por el Ejecutivo, no sólo resulta inconstitucional, sino que en todo caso debería ser sometido en cada oportunidad específica a consideración, debate y sanción de la próxima AN. No hacerlo así sería una deformación dictatorialista que difícilmente la economía mundial acepte.
2. La Ley traza una estrategia correcta cuando se propone reprivatizar miles de empresas en mala hora estatizadas, hoy desaguaderos de los dineros públicos y coadyuvantes de la caída de la producción agrícola e industrial desde 2007 y del déficit fiscal, todo lo cual ha generado inflación, pobreza y hambre.
3. El primer borrador de la Ley que pudimos revisar, proponía (artículo 24) modificar la propiedad de muchas empresas del Estado susceptibles de ser reprivatizadas, «sin perjuicio del artículo 303 de la Constitución» relativo a Pdvsa, como subrayaba ese borrador. Sin embargo, de la lectura de la versión final en la Asamblea Nacional Constituyente, en su artículo 26, se desprende que el concepto tajante de «propiedad» fue sustituido por lo que acaso sea una largo eufemismo: «constitución, gestión, administración, funcionamiento y participación del Estado en empresas públicas o mixtas». Ojalá este cambio no genere dudas e inseguridad en los capitales privados nacionales e internacionales que son los primeros destinatarios de esta ley.
4. Constituye un avance que el Ejecutivo proclame, según se señala en el proyecto de ley aprobado por la ANC en sus artículos 29 y 30, que pretende en adelante adoptar mecanismos de gestión parcial o integral por parte del sector privado de activos hoy bajo administración del Estado. Este proceso necesario y urgente de reprivatizaciones y de privatizaciones es definido, siempre usando eufemismos para aplacar a sus sectores más radicales, como una «alianza». El borrador hablaba de «legítimos propietarios» y la versión final no, lo que solo testimonia la tensión permanente que existe al interior del chavismo-madurismo entre sectores que para abreviar podríamos definir como «revolucionarios» y sectores más reformistas. El modelo chino, de economía de mercado con Estado autoritario, parece ser el que se quiere ensayar. Pero a cualquier evento debemos celebrar la resolución privatizadora adoptada por el Ejecutivo.
5. Expreso mis dudas acerca de que se permita mecanismos internacionales excepcionales de solución de controversias, cuando la Constitución es rotunda al establecer que éstas deberán hacerse ante los tribunales nacionales. Aunque comprendo que en una economía cada vez más globalizada, y estando la economía venezolana en el estado de precariedad en que se encuentra, quizá se trate de un tema que debe ser sometido a inevadibles actualizaciones.
6. Finalmente, creo que los objetivos de apertura económica trazados en esta ley no serán alcanzados, al menos no con la eficacia requerida y para que rindan los frutos esperados en términos de desarrollo de las fuerzas productivas y de progreso y bienestar para todos, si no se echa mano de dos instrumentos básicos para legitimarlos, y así convertirlos en consenso nacional y darles credibilidad ante los mercados mundiales:
• Conformar un gobierno de unidad nacional que pueda ejecutar con autoridad tales planes.
• Someter a debate nacional y referendo popular los términos de los profundos cambios que se requieren.
El contenido de esta Ley, más allá de la aprobación que se haya hecho por la ANC, debe ponerse sobre la mesa de negociaciones gobierno/oposición. Sólo si es el resultado de un vasto consenso, y no de una imposición que profundice la fractura nacional, podrá esperarse algo de ella. De lo contrario, estará condenada al fracaso.
Nota de prensa
