Ley anti-bloqueo o el Estado soy yo
La ilegítima asamblea constituyente, que se convocó ilegalmente pisoteando a la Constitución en complicidad con un írrito Tribunal Supremo de Justicia que judicializa la política a favor de los intereses de Maduro y su casta corrupta, se instaló para usurpar las competencias legislativas de la legítima Asamblea Nacional.
Sabiendo que no pueden presentar un proyecto de Constitución en un referéndum consultivo, que sería rechazado por el 90% del pueblo, han aprobado de manera grotesca lo que han llamado una ley constitucional antibloqueo, lo cual es un exabrupto jurídico y político porque las leyes solo pueden ser aprobadas o derogadas por otras leyes sancionadas por la Asamblea Nacional. De modo que, es imposible desaplicar leyes desde el yo prepotente de Maduro.
Tampoco puede Maduro disponer de los fondos públicos violando las leyes del régimen presupuestario y la unidad del Tesoro. Con esta ley pretende legalizar lo que ya venía haciendo: utilizar los recursos del país arbitrariamente.
La ley del régimen presupuestario establece, como se sabe, montos máximos de endeudamiento y mecanismos para la ejecución de los presupuestos, además del control del parlamento y de una auténtica Contraloría General. Con esta maniobra seudo-legal se faculta al Ejecutivo Nacional para no integrar los ingresos al presupuesto sino crear fondos especiales y disponer de ellos a su antojo. El objetivo es hacer opaca toda la administración y convertir en delitos políticos y de traición a la Patria la divulgación y denuncia de las actividades económicas y financieras de la cleptocracia.
Trata de imponer también lo que en algún momento llamaron la nueva geometría del poder, eliminando las competencias de los estados y municipios para crear un Estado comunal como una muestra mas del espejismo del falso poder popular con el que unos pocos enchufados se han enriquecido, mientras las grandes mayorías son cada vez mas pobres. Mas centralismo, es decir, el Estado soy yo. Todo el poder para el autócrata Nicolás Maduro.
Por otro lado, este adefesio legal pone en evidencia los conflictos internos dentro del chavismo ya que es totalmente contrario a los lineamientos estratégicos del mal llamado Plan de la Patria. Dotado de un mecanismo de privatización salvaje y sin controles, Maduro entregará las pocas áreas que aún se pueden exprimir de la economía a los círculos de la boli-burguesía que le son más cercanos. Las empresas estratégicas y todo el balance patrimonial del país, estará disponible y sin traba alguna a las órdenes de Maduro para ser negociado con inversionistas conectados con el régimen, vinculados a capitales de Rusia, China, Turquía, Irán, entre otros. Todo esto en clave de opacidad y de negocios muy rentables para los seudo-empresarios al estilo Alex Saab, por solo citar un nombre. También tratarán de atraer a otros sectores empresariales, hasta ahora hostiles, con negocios rápidos y extraordinarios márgenes de ganancias, libres de controles y tributación.
Violando la Constitución, Maduro podrá entregar desde los yacimientos hasta la etapa de comercialización del negocio petrolero, en particular la distribución de combustibles, cuyos primeros pasos en la privatización ya han sido dados. Se “regularizará” la importación privada y la rescisión de las concesiones (ya concretada) será el inicio de nuevos otorgamientos a personeros de la confianza del régimen. La liberación de precios hasta llegar a los estándares internacionales ya ha comenzado con la venta en dólares de la gasolina. Y así, de igual modo, se “legalizará” la extracción y comercialización del oro y los diamantes, el coltán y otros minerales estratégicos del Arco Minero de Guayana que actualmente se encuentran bajo el dominio de la cúpula militar.
Para resumir, lo que Maduro quiere intentar, podríamos decir que se trata de un híbrido de administración comunista como los de China y Vietnam, que combinan aperturas capitalistas sin más límites que los de la fidelidad política de las nuevas burguesías y con una institucionalidad dictatorial que elimina las protestas sociales, los partidos políticos, los sindicatos y restringe las expresiones de la sociedad civil. En cuanto a la transparencia de la gestión, se acercará mucho más a Vietnam – donde la corrupción administrativa es escandalosa – que a China, donde es perseguida con cierta severidad.
Frente a un Maduro que se atrinchera en Miraflores – a pesar de las gravísimas acusaciones que hay en su contra, como la de la ONU que lo señala como responsable de crímenes de lesa Humanidad – y que en tono amenazante dice que de allí lo sacarán muerto, la única respuesta es perseverar y resistir con el valioso apoyo de la comunidad internacional, tal como ha señalado en su documento la Conferencia Episcopal. Construir un escenario de negociación es complicado pero necesario para la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y con todas las garantías democráticas.
@TablanteOficial
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