Collage trigésimo cuarto sobre Rómulo Betancourt
(Llegó la Dictadura: la Resistencia, el Exilio –X-)
El año 1957 va a ser el año final del régimen dictatorial encabezado por el general Marcos Pérez Jiménez. Circunstancias acaecidas en el escenario internacional, la situación económica y el desenlace político-electoral del problema de la sucesión presidencial planteada para el próximo período constitucional, así lo van a determinar.
Analicemos, a vuelo de pájaro, la situación existente: a) En el contexto internacional, ya en junio de 1956 el dictador General Manuel Odría había permitido unas elecciones para que se efectuara el cambio de gobierno en las que triunfó Manuel Prado Ugarteche; y en América ascendía una percepción menos propicia para los gobiernos autoritarios. A este respecto, el historiador Ramón J. Velásquez dice: “A medida que avanza 1957 el ambiente continental se hace más hostil a los planes continuistas de Pérez iménez. El asesinato de Somoza a fines de 1956 y el de Castillo Armas en 1957; el refugio de Perón en Caracas derrocado en 1955; el derrocamiento del dictador colombiano Gustavo Rojas Pinilla; la ruptura de relaciones con Chile y con Argentina son acontecimientos latinoamericanos que van a estimular el estallido de la crisis nacional…” (1);
b) Sobre la situación económica, el gran economista brasileño Celso Furtado señaló que nuestro país, no obstante que “su producto bruto por habitante se aproximó en 1956 a 800 dólares, es decir un nivel similar al promedio de los países industrializados de Europa Occidental (atribuible a los ingresos provenientes de las actividades petroleras, gracias al principio de reparto paritario de las ganancias entre el gobierno y las compañías, implantado de facto por la Junta Revolucionaria de Gobierno que presidió Rómulo Betancourt y se consagró en la ley de Reforma del Impuesto sobre la Renta durante el Gobierno Constitucional de Gallegos, ingresos que aumentaron con las concesiones petroleras de 1956, nota mía, de CCM)…Sin embargo –continúa diciendo Furtado-, Venezuela presenta todas las características estructurales de una economía subdesarrollada” (2). Durante los 10 años de la dictadura, la situación económico-social de las grandes mayorías de la población se desmejoró y su precaria capacidad adquisitiva dificultó, como lo expresa el economista Eduardo Mayobre, “la formación de un mercado doméstico para las actividades agrícolas e industriales nacionales y la formación de una clase trabajadora productiva” (3);
c) En cuanto a la situación política, y ante el anuncio del régimen fijando el 15 de diciembre como fecha de realización de las elecciones previstas constitucionalmente para el año 1957, Rómulo Betancourt, en acto celebrado en su honor el 12 de enero en The Carnegie International Center of New York, pronunció un discurso en el que expuso: “Creemos que en este año de 1957 sea posible hallarle una solución pacífica, evolutiva, eleccionaria, a la difícil coyuntura venezolana, que ha estado siempre en trance de estallar en forma de violento sacudimiento colectivo. El gobierno de Venezuela ha anunciado que en el curso de este año convocará a elecciones para la renovación de los poderes públicos, para elegir Presidente de la República y Congreso. Frente a ese anuncio, Acción Democrática ha definido una actitud positiva. Hemos dicho que no estamos fomentando revoluciones y creemos adecuado para Venezuela lo que ya sucedió en el Perú: la transición de un régimen de fuerza a otro democrático por el camino normal de una consulta al electorado. Esa consulta, como es obvio, no podrá realizarse regularmente, para que surgiera de ella un gobierno asistido del consenso colectivo, sin la previa existencia de un clima de libertades públicas” (4).
En consecuencia, solicitaba que el gobierno venezolano decretara una amnistía, liberara los presos políticos, permitiera el retorno de los exiliados, facilitara el funcionamiento de los partidos y eliminara las mordazas de la censura. En esa ocasión, hizo también el anticipo de un futuro frente único democrático.
Entre el 26 de enero y el 8 de febrero de 1957, Acción Democrática reunió en Puerto Rico la “Conferencia de Exilados” para evaluar, además de la situación partidista, el acontecer político venezolano y continental, y, a tal efecto, los grupos de desterrados presentaron ponencias sobre varios temas. Se aprobó la “Ratificación de Principios Teóricos y de Orientación Programática Normativos de Acción Democrática”, la reorganización del CC (Comité Coordinador de las Actividades de Acción Democrática en el Exterior) y su traslado a México. Muy importante fue la decisión de introducir en Venezuela dirigentes y militantes para fortalecer la organización partidista, al frente de la cual se encontraba José Francisco “Quico” Sucre Figarella, quien ejerció la Secretaría General del CEN desde septiembre de 1956 hasta el 3 de julio de 1957, fecha en que fue detenido.
Otra decisión de trascendencia histórica adoptada por esa Conferencia fue la reiteración de la necesidad de formar un frente de los partidos de oposición para la lucha por el rescate de la democracia. La historiadora Mirela Quero de Trinca nos cuenta: “Otra de las resoluciones tomadas en la ‘Conferencia de Exilados’ estaba relacionada con la urgencia de formar un bloque opositor con los partidos políticos venezolanos, sacar un manifiesto conjunto y hacer demostraciones públicas de unidad. En este sentido, una de las medidas ya anteriormente tomadas, consistió en eliminar toda crítica a los otros partidos y dar cabida a las opiniones de URD y Copei en la prensa partidista, como ‘…una demostración tangible de la buena intención frentista’; como se evidencia en el tradicional mensaje del 13 de septiembre en ocasión del aniversario del Partido, donde además de analizar la situación venezolana y la cuestión electoral, se anuncia a la militancia que los partidos políticos venezolanos, AD, URD y Copei, habían acordado evitar la discodia interpartidista y decidían apoyar una candidatura única , ya fuera de miembro de partido o de un independiente. Finalizaba el mensaje con las consignas de elecciones libres, unión de las fuerzas opositoras, amnistía para los presos y retorno de los exiliados” (5).
El primero de mayo de 1957, Día del Trabajador, monseñor Rafael Arias Blanco, Arzobispo de Caracas, emite una Carta Pastoral que es leída en las iglesias de todo el país y publicada en el diario La Religión. Allí se condena la mala distribución del ingreso en el país y, aunque se hace referencia a una producción per cápita de unos 540 dólares (por debajo de los 800 dólares estimados líneas arriba por el eminente economista Celso Furtado), también se afirma que es la primera de América Latina y más alta que la de varias naciones desarrolladas.
Dejemos que un fragmento de la Pastoral nos lo diga: “Nuestro país se va enriqueciendo con impresionante rapidez. Según un estudio económico de las Naciones Unidas, la producción per cápita en Venezuela ha subido al índice de quinientos cuarenta dólares, lo cual la sitúa de primera entre sus hermanas latinoamericanas y por encima de naciones como Alemania, Holanda, Australia e Italia. Ahora bien, nadie osará afirmar que esa riqueza se distribuye de manera que llegue a todos los venezolanos, ya que una inmensa masa de nuestro pueblo está viviendo en condiciones que no pueden calificarse de humanas” (6).
Luego, la Pastoral sigue mencionando el desempleo que “hunde a muchísimos venezolanos en la desesperación”, los salarios “bajísimos”, el déficit de escuelas, la falta de preestraciones familiares que permitan alcanzar un mayor bienestar, las deficiencias en el funcionamiento de institutos y organismos creados para el mejoramiento y seguridad del trabajador, la burla a la Ley del Trabajo y los instrumentos legales previstos para la defensa de la clase obrera, y las injustas condiciones en que muchas veces se efectúa el trabajo femenino. En fin, se podría afirmar que la Carta Pastoral es un réquiem por una lamentable realidad sociológica vivida especialmente por los trabajadores venezolanos.
En el próximo Collage nos referiremos al viacrucis político.
Nota:
1-Ramón J. Velásquez. “Proyección histórica de la obra de Rómulo Betancourt”. Betancourt en la Historia de Venezuela del Siglo XX. Ediciones Centauro. Caracas/Venezuela/1980. Pág. 53-54.
2-Eduardo Mayobre. “Venezuela 1948-1958 La Dictadura Militar”. Fundación Rómulo Betancourt. 2013. Pág. 53-54.
3-Eduardo Mayobre. Obra citada. Pág. 46-47.
4-Eduardo Mayobre. Obra citada. 163-164.
5-Mirela Quero de Trinca. “Estudio Preliminar El Tercer Exilio de Rómulo Betancourt”. Antología Política. Volumen Sexto 1953-1958. Fundación Rómulo Betancourt. Caracas. 2004. Pág. 578.
6-Eduardo Mayobre. Obra citada. Pág. 176.
Nota de Actualidad
«Una República en venta»
La primera parte del libro fundamental de Rómulo Betancourt, “Venezuela, política y petróleo”, tiene el título que tomo para esta nota, donde se analiza la “entrega de gran porción del subsuelo nacional a los consorcios extranjeros del petróleo por el despotismo de Juan Vicente Gómez: 1908-1935”.
En la Nota de la pasada semana, me referí, en su mayor parte, a la “monstruosidad jurídica” materializada en el entonces Proyecto de Ley Antibloqueo, ya hoy Ley aprobada por ese engendro teratológico que es la ANC y, por supuesto, publicada en la Gaceta Oficial. En esa ocasión, alumbré mis líneas con la sabiduría del notable jurista Allan R. Brewer-Carías. Pero en esta segunda Nota, comento con un poco de más amplitud reflexiones que asomé la semana anterior: que el país había sido puesto en venta porque se necesitaban recursos, dinero, a causa de ‘la penuria del Fisco’, y, agrego ahora, que por esa razón, se trata de una venta al contado o de una venta a crédito con pronto pago; y expresaba también que la “desaplicación” del ordenamiento jurídico de toda la pirámide kelseniana se haría en secreto porque, como se dice en el notable editorial de El Nacional del domingo 11 de este mes, “el dictador aspira a tomar medidas que seguramente afectarán de forma directa, las vidas de personas y familias en todo el país, y que el contenido de esas medidas no se conozca”. Nada más, ni nada menos, esa es la oscura bofetada que la Ley Antibloqueo propina a la cara de los venezolanos.
En certero documento público, un grupo de importantes compatriotas formado por María Corina Machado, Antonio Ledezma, Diego Arria, Humberto Calderón Berti, Asdrúbal Aguiar, Enrique Aristeguieta Gramcko y Carlos Ortega, han afirmado que la Ley Antibloqueo es un “acta de remate de la república”. Lo mismo que años atrás dijo Rómulo Betancourt había hecho Juan Vicente Gómez con el petróleo. Pero, habría que manifestar que en esta oportunidad se ha ido más lejos, ya que lo que está en venta no es sólo el petróleo, sino todos los recursos del país.
Vuelvo al editorial de El Nacional: “La Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, (es) probablemente el más aborrecible, peligroso y anómico proyecto de ‘ley’ que haya sido concebido por régimen alguno, desde el surgimiento del Estado moderno, en el siglo XVI”.
Esa Ley, el papel en que está escrito su texto, es como el sudario que a manera de lienzo termina de cubrir y envolver el cadáver del Estado de Derecho en Venezuela.
