Arreaza: Embajador español es el principal cómplice de la fuga de López
El canciller/ANC Jorge Arreaza arremetió este domingo contra el embajador español en Caracas, Jesús Silva, a quien acusó de ser el «principal cómplice» en la escapada de Leopoldo López desde la Residencia del Embajador.
«La práctica anti diplomática y hostil del Estado español hacia Venezuela… dejará una mancha profunda e indeleble que será objeto de estudio en las instituciones dedicadas a la formación diplomática en el mundo», dice.
A continuación el texto íntegro:
Venezuela denuncia flagrante violación de la Convención de Viena por parte del Reino de España
La República Bolivariana de Venezuela denuncia el incumplimiento flagrante de las disposiciones fundamentales de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, por parte del Gobierno del Reino de España, expresada a través de incesantes acciones injerencistas en su relacionamiento con el Estado venezolano y sus instituciones. La inédita y contínua violación del contrato internacional que rige las relaciones civilizadas entre los Estados, se remonta, al menos, al año 2017 y ha sido protagonizada en territorio venezolano directamente por el Embajador español acreditado en Caracas.
Tras ser expulsado el Embajador Jesús Silva el 25 de enero de 2018 como consecuencia de reiteradas intromisiones en asuntos internos, se acordó con las autoridades españolas su regreso en abril de ese mismo año bajo un renovado compromiso de respeto a las leyes venezolanas e internacionales. Muy por el contrario, la práctica diplomática sesgada del representante español se hizo aún más notable, al punto de cobijar bajo una figura inexistente y antijurídica, en la propia residencia de España, a un prófugo condenado por la justicia venezolana, responsable, entre otros delitos, de la muerte y lesiones de centenares de venezolanos en el año 2014.
A pesar de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España se comprometió en diversas oportunidades a no permitir el accionar político del prófugo golpista, Leopoldo López, desde su residencia oficial, la realidad fue muy distinta. Sólo por hacer referencia a un solo hecho, desde el interior de la residencia diplomática española, bajo conocimiento del Embajador Silva, a principios de 2020 López planificó la operación mercenaria denominada Gedeón, acción terrorista con participación de mercenarios estadounidenses, cuyo objetivo era asesinar al Presidente Nicolás Maduro, así como a otros dirigentes venezolanos, con la intención de sembrar violencia y desestabilización en el país.
Como corolario de tan grotesca, descarada y grosera violación integral a la Convención de Viena, hoy es a todas luces verificable que el jefe de la misión diplomática española en Venezuela fungió como principal organizador y cómplice confeso de la anunciada fuga de territorio venezolano del delincuente Leopoldo López. Acción inaceptable e incomprensible en el marco de una relación bilateral histórica entre las dos naciones.
De esta manera, el Reino de España participa activamente en la fuga ilegal de un peligroso delincuente y decide recibirlo en su territorio, sin reparar en las leyes internacionales e incluso en las leyes migratorias españolas y en los acuerdos bilaterales en materia de justicia.
La República Bolivariana de Venezuela considera que la práctica anti diplomática y hostil del Estado español hacia Venezuela, en claro desapego a los principios más elementales del Derecho Internacional Público, dejará una mancha profunda e indeleble que será objeto de estudio en las instituciones dedicadas a la formación diplomática en el mundo, como una serie de acciones erráticas e ilegales, propias de una diplomacia impregnada de anacrónicas reminiscencias colonialistas.
Por último, vale la pena subrayar que las instituciones del Estado venezolano cumplirán con su obligación constitucional de realizar las investigaciones necesarias y establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes a los delitos cometidos, en estricto apego a las leyes venezolanas e internacionales y a la garantía del debido proceso.
