Rutas alternativas al empate catastrófico
Este artículo está escrito al alimón con Horacio Medina
El Estatuto que rige La Transición a La Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de La República Bolivariana de Venezuela, aprobado por la AN en su sesión del 5 de febrero de 2019, es un documento que debería ser estudiado por la ciudadanía, porque contiene elementos claves para impulsar salidas alternativas a lo que hemos llamado un empate catastrófico entre el régimen de Maduro y el gobierno encargado de Guaidó.
Este Estatuto define con mucha claridad, en términos jurídicos, lo que coloquialmente se ha dado en llamar en el medio político venezolano como el “mantra de Guaidó”. Es decir, los tres pasos expresados en la secuencia: fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. De enorme importancia es que muchos analistas y actores políticos, señalan que con la aprobación de ese documento se selló lo que bien podría llamarse la conformación de un gobierno encargado colegiado o parlamentario, que le daba prerrogativas importantes al G-4, es decir el grupo de los cuatro partidos mayoritarios en la AN: Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.
Pareciera que han llegado los tiempos, quizás los tiempos extremos, que harían obligante la revisión y reforma del Estatuto de Transición, para permitirle a Juan Guaidó que asuma verdaderamente los poderes presidenciales previstos en la Constitución y pueda adelantar las gestiones para que se instale un gobierno de transición, un gobierno provisional, un gobierno de emergencia, o cualquier otra figura a la que se le pueda dar validez jurídica, y que pueda asumir la conducción, en disputa por supuesto con el régimen usurpador de Nicolás Maduro, de los asuntos de la República.
Es innecesario enumerar los males de la República. Valga solamente decir que cualquier iniciativa política debe tomar en cuenta el sufrimiento de nuestra gente, que es profundo y multidimensional, en el medio de lo que los organismos internacionales llaman una emergencia humanitaria continuada. Ello se traduce en que cualquier esquema de negociación o de presión debe tener en cuenta que en el medio de todo esto está nuestra gente y su drama, agravado al infinito por la pandemia y la carencia de gasolina.
Una decisión de la AN que le permitiera a Juan Guaidó la conformación de una instancia amplia de gobierno, a menos de tres meses de cumplirse el plazo previsto en la Constitución para la realización de las elecciones, y con una convocatoria fraudulenta que el régimen pretende avanzar a todo evento, pendiendo como una espada de Damocles sobre la nación, parecería una medida desesperada, otra demostración del realismo mágico que algunos de nuestros aliados internacionales parecen identificar como conducta de la resistencia. Nada más lejos de la realidad política, nacional e internacional. La circunstancia de la misión de investigadores sobre DDHH de la ONU con su devastador informe contra el régimen de Maduro, y la intervención de Guaidó ante la ONU reclamando que le organismo asuma la Responsabilidad de Proteger, son elementos muy significativos que han cambiado el juego y aumentado la presión sobre la oligarquía chavista-madurista. A ello hay que añadir la condena del Parlamento Español y la conducta cada vez más dura de la UE contra el régimen venezolano.
Por otro lado, en el plano nacional, los eventos de Yaracuy y otros estados evidencian un estado de descontento inocultable en las propias filas del chavismo. La extensión y profundidad de las protestas son una oportunidad extraordinaria de conectar la acción del gobierno encargado con la protesta popular. En el lado puramente táctico, la designación de una instancia de gobierno integral, como ha sido insistentemente reclamado por organizaciones de la sociedad civil en Venezuela y la diáspora, por ejemplo VenAmérica, a la que nosotros estamos vinculados, permitiría manejar la decisión de convocar a una consulta popular vinculante que el presidente (e) Guaidó y su equipo han propuesto, como una alternativa que podría ser modificada de una manera consistente teniendo en cuenta el grave riesgo que corre la población por la pandemia.
En resumen, estamos ante una oportunidad importante de escalar y movilizar el escenario político con una decisión de reforma o adaptación del Estatuto de la Transición a la situación de emergencia extrema que vive la nación. Para ello se requiere un acuerdo excepcional de los partidos en la AN que no solamente está enteramente justificado, sino que sería una demostración de la madurez y el espíritu unitario que el mundo y nuestra propia gente le están exigiendo al liderazgo de la resistencia.
