¿Chávez regaló el Esequibo?
Durante años diversos actores de la vida política venezolana han venido afirmando insistentemente que “Chávez regaló el Esequibo en el año 2004”. Desde el punto de vista estrictamente político-partidista, los venezolanos podemos entender y justificar la vehemencia con la que se formula tal afirmación. Como ciudadanos de esta patria tenemos todo el derecho de condenar resueltamente una conducta presidencial tan cuestionable como aquella. Sin embargo, de cara a un proceso contencioso territorial como el que actualmente enfrenta Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), formular sin reservas una aseveración de esa magnitud no es precisamente lo que más nos conviene.
En efecto, afirmar eso sería admitir que Chávez era entonces el Estado mismo y que él, con independencia del resto de los poderes del Estado, tenía potestad para alterar por sí solo los límites territoriales de la República según su real saber y entender. O que cualquier Jefe de Estado venezolano, siguiendo únicamente su libre albedrío, o los intereses de su parcialidad política, por ejemplo, puede en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia disponer del territorio nacional como lo haría cualquier dueño de bodega respecto de sus mercaderías. Afortunadamente, no es así.
En ocasiones, este tipo de afirmaciones ha adquirido incluso carácter oficial, y hasta solemne. Así, por ejemplo, en fecha 06-02-2018, la Asamblea Nacional, mediante un Acuerdo adoptado en sesión plenaria con ocasión de rechazar la decisión del Secretario General de Las Naciones Unidas de escoger la CIJ como medio para solucionar la controversia por el Esequibo, haciendo referencia a aquella inciativa presidencial del 2004, afirmó -quizás inadvertidamente en uno de sus considerando – que el Estado venezolano habría incurrido en “aquiescencia” (consentimiento).
Al evocar la figura de la aquiescencia para culpar al Ejecutivo Nacional actual (o en funciones en el pasado), la Asamblea Nacional cometió un gravísimo error. “A confesión de parte, relevo de pruebas”, reza el axioma jurídico. Se trata de un poder nacional legítimo reconociendo que otros poderes del Estado venezolano con competencia en materia de soberanía territorial, de alguna manera han dado consentimiento (materializado a través del silencio o de la falta de protesta) a las pretensiones guyanesas.
La aquiescencia en este caso implicaría el reconocimiento implícito del derecho de Guyana respecto de aquello sobre lo que legítimamente mantenemos exigencias jurídicas y reclamamos históricos. Ello equivaldría a una especie de autoinculpación y tendría como consecuencia última, en caso de ser fehacientemente demostrada en la CIJ, el arrebatar a Venezuela toda aspiración de reivindicación territorial en este caso.
Es por eso que debemos recordar que toda cuestión relativa a los límites del territorio nacional es un asunto de Estado. Al Ejecutivo Nacional le corresponde constitucionalmente su negociación y acuerdo mediante tratados internacionales, pero ello queda siempre sujeto a la ratificación del poder legislativo mediante leyes especiales, y a la interpretación jurídica del poder judicial ante cualquier desavenencia que en torno a dichos acuerdos pudieran eventualmente surgir.
En Venezuela, pues, aunque a muchos se les olvide y a otros no les guste, existe formalmente la división de poderes públicos. Los asuntos de Estado, y tanto más cuando de surtir efectos internacionalmente se trata, requieren –por mandato constitucional- que la voluntad estatal se manifieste de manera unívoca. El efecto jurídico que los actos, posiciones, acciones e inacciones que emanan de un Jefe de Estado y que ciertamente tienen relevancia en el derecho internacional público (tanto como para obligar internacionalmente a su respectivo Estado-Nación), quedan así matizados en el caso de Venezuela por una exigencia constitucional: la concurrencia de la voluntad institucional de sus distintos poderes públicos constitutivos es lo que en realidad conforma y perfecciona la voluntad del Estado en su conjunto.
El poder legislativo venezolano nunca ha admitido que Guyana tiene vía libre para desarrollar el territorio en reclamación según sus propios intereses. Aquella sórdida iniciativa presidencial del 2004 tampoco dio para exigir siquiera un pronunciamiento por parte del poder judicial. En consecuencia, nadie puede acusar a Venezuela de haber sido aquiescente frente a las pretensiones guyanesas en el Esequibo, y mucho menos de “regalar” dicho territorio.
No existe evidencia de que la voluntad del Estado venezolano se haya perfeccionado en torno a una idea tan absurda como esa. Por lo tanto, en resguardo del más alto interés nacional, convendría en todo momento negar, rechazar y contradecir esa especie de la manera más enfática posible. Máxime ahora que el asunto está en manos del principal órgano judicial de las Naciones Unidas.
Pongamos, pues, la defensa del interés nacional por encima de las parcialidades políticas y de los intereses partidistas internos, por muy legítimos y fundados que estos puedan ser.
Abogado e Internacionalista
