Licencia para matar
Quienes siempre hemos defendido el rol de una Fuerza Armada Nacional apegada a la Constitución y las leyes, quienes hemos apoyado en la tribuna y en la acción a los integrantes de la institución militar, hoy nos consideramos asidos del derecho a criticar de forma pública acciones de integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, en su rol de garante del orden público.
Mi relación con esta institución se afianzó durante las protestas de 2017 cuando en medio de las refriegas callejeras nos tocó mediar con oficiales a cargo de la represión con resultados no siempre auspiciosos. Nunca olvidaré a un oficial que se tapaba el apellido tallado en su uniforme una vez en una manifestación en el Crema Paraíso de Santa Mónica y estando Fernando Albán y un señor con muletas conmigo tratando de que los guardias no arrojaran las bombas lacrimógenas. Ese oficial impartió la orden para que nos rociaran en la cara los gases tóxicos.
Pero también viene a mi memoria un intento de llegar al BCV a entregar una carta exigiendo que el ex instituto emisor publicara los datos. El General Fabio Zavarse, hombre incondicional al régimen, me llamó y me dijo que el único que podía pisar el BCV era yo y a la vez impidió que los colectivos nos agredieran. En la entrada de la Asamblea Nacional siempre compartíamos respetuosamente con los guardias que custodiaban la institución, inclusive con los más duros en materia represiva. Allí, noté que el descontento estaba presente en los uniformados.
Por eso condeno las acciones de guardias nacionales en Isla de Toa, estado Zulia, donde un muchacho de diez y ocho años, Joel Albornoz, de oficio pescador fue asesinado por el proyectil de un guardia ante su exigencia de gasolina para poder faenar y alimentar a su familia. Y también el caso del señor Carlos Chaparro en Aragua de Barcelona que el 26 de julio de este año fue muerto por un Capitán de la Guardia Nacional por protestar ante el abuso en la distribución de la gasolina. No puede dejar de mencionarse la agresión hace un par de semanas de guardias nacionales a personas indefensas de la tercera edad que en la Plaza del BCV exigían que le paguen una pensión decente. Y antes el caso de Geraldine Moreno, a quien un guardia le vació en la cara un cartucho de perdigones y la asesinó. Estos no son hechos aislados.
Por ello, parece que como compensación por la labor represiva a la Guardia Nacional le hubiesen conferido una especie de licencia para matar.
El problema para la Fuerza Armada como un todo, hoy desprestigiada, es que el pueblo no distingue entre los distintos componentes y habla de los militares, para referirse a quien tiene más presencia en la calle. Y este rechazo se ha agravado con el mercado negro de la gasolina y el tráfico de influencias que los guardias en custodia de las bombas han hecho una práctica rutinaria. Propugnamos por una institución armada profesional, con salarios dignos, con apresto adecuado, al servicio de la nación, pero estos hechos hay que evidenciarlos. Por el propio bien de la institución.
