La trama mexicana del petróleo venezolano: El País
La empresa mexicana Libre Abordo firmó un acuerdo en junio de 2019 con Corpovex, estatal venezolana que centraliza las importaciones públicas, para intercambiar petróleo venezolano por maíz y camiones cisternas para agua potable. Dicha operación consta de dos contratos y está valorada en casi 200 millones de euros, según documentos a los que accedieron El País y Armando.info en una investigación conjunta.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que investiga el caso, asegura que con este sistema se han despachado más de 30 millones de barriles de crudo, una operación que viola las sanciones estadounidenses sobre Venezuela. Las autoridades mexicanas también han puesto el foco en el esquema ante la falta de claridad de los contratos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México tiene abierta una investigación para arrojar luz sobre estas operaciones.
El Gobierno de Venezuela no ha dado una respuesta oficial a las preguntas planteadas para este reportaje, pero fuentes de la Administración de Nicolás Maduro rechazan que se trate de un negocio oscuro y aseguran que la falta de claridad de los contratos es consecuencia de los problemas que tiene Venezuela para hacer cualquier negocio ante las sanciones impuestas por Estados Unidos. La elección de Libre Abordo, según un alto funcionario, se debe “a la situación de bloqueo”. “No se puede trabajar con las empresas tradicionales de extraída de petróleo, porque las sancionan”, afirma.
Washington sostiene que los intermediarios mexicanos no solo fueron piezas clave para evadir las sanciones —la presión con la que la Administración de Donald Trump pretende ahogar al régimen chavista—, sino que también los señala como cómplices de una red de corrupción liderada por el colombiano Alex Saab, que fue detenido el pasado 13 de junio en Cabo Verde tras la activación de una alerta roja de Interpol y que es señalado por Washington —que busca su extradición— como uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. El Gobierno de EE UU cree que Saab, al que las administraciones venezolanas han adjudicado importantes contratos en el pasado, es el organizador de esquemas corruptos de los que se benefició tanto él como el líder chavista. Washington no ha detallado cómo se fraguó la relación entre Saab y los tres ciudadanos mexicanos, algo que las autoridades mexicanas están investigando.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en junio pasado a tres ciudadanos mexicanos y a ocho empresas vinculados con la trama por violar las sanciones impuestas a Venezuela. Joaquín Leal, de 28 años; Verónica Esparza, de 47 y su hija Olga María Zepeda Esparza, de 24, han sido incluidos en la llamada lista negra de la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) por realizar transacciones con la paraestatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) desde 2019 hasta la primera mitad de este año.
