En claves: Nuevo Informe Bachelet confirma presencia de grupos armados en el Arco Minero
La alta comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, presentó este miércoles un actualización de su informe sobre Venezuela en el que resaltó, entre otras cosas, que la administración de Nicolás Maduro no ha hecho nada para detener la presencia de grupos armados en la explotación minera.
A continuación, las claves del nuevo Informe Bachelet llamado “Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco”.
– TSJ contribuye a la impunidad. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos considera que la independencia del sistema de justicia está considerablemente socavada por la “inseguridad” en la titularidad de los jueces y fiscales. Esto además de la falta de transparencia en la designación de estos funcionarios, así como las precarias condiciones de trabajo y la interferencia política en esos procesos, al reconocer que existe inclusión entre miembros del TSJ/ANC y el Ejecutivo.
En consideración, señala que la situación impide que el poder judicial cumpla su función de hacer justicia y más bien “contribuye a generar impunidad y la persistencia de violaciones de estos derechos”.
– El MP debe actuar para reducir la impunidad. El Acnudh defendió que el MP, que lleva el fiscal/ANC Tarek William Saab, ciertamente ha hecho “esfuerzos” para garantizar rendición de cuentas por las violaciones a los DDHH imputables a miembros de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo –dice el Informe Bachelet- aún debe tomar medidas significativas para reducir los altos niveles de impunidad con respecto a la muerte de manifestantes en el contexto de las protestas y operaciones de seguridad, a las denuncias de tortura y malos tratos y a la violencia de género.
– La explotación laboral en el AMO por parte de criminales armados. El Acnudh documentó que ciertamente en el Arco Minero del Orinoco (AMO) existe explotación laboral de los mineros, incluyendo el trabajo infantil, por parte de grupos criminales y armados que controlan la actividad minera. Incluso, hay informes de trata de personas y prostitución forzada. El Gobierno no ha hecho lo suficiente, de acuerdo al informe.
La gran mayoría de los mineros trabajan muchas horas en condiciones peligrosas y están expuestos a la contaminación por mercurio y a enfermedades.
– Violencia y violaciones de DDHH por controlar las minas. Debido a la presencia de grupos armados, la oficina de Bachelet documentó altos niveles de violencia por el control minero. Señalan a “elementos armados y criminales organizados” y que incluso se llegó a informar que funcionarios de las fuerzas de seguridad de Maduro estuvieron inmiscuidos en esos enfrentamientos.
A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad dentro del AMO y sus alrededores, y de los esfuerzos para hacer frente a la actividad criminal, las autoridades no han podido prevenir, investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería, dice el Informe Bachelet.
– Pueblos indígenas afectados. Esta riña por las minas ha afectado considerablemente los derechos fundamentales que tienen los pueblos indígenas e incluso su autodeterminación y derechos sobre su tierras, territorios y recursos, a la conservación y protección del medio ambiente, y a vivir en paz y seguridad.
Al Acnudh le inquieta profundamente la falta de consentimiento libre, previo e informado con respecto al establecimiento del AMO en sus territorios tradicionales.
Las recomendaciones
Como es usual, el Informe recomendó varios aspectos al gobierno de Maduro, a fin de que todas las observaciones puedan ser solventadas.
Entre las recomendaciones más destacadas están:
Emprender reformas en el TSJ. Tal como se anunció en enero de 2020 “con el fin de garantizar su independencia, imparcialidad, transparencia, accesibilidad y eficacia”.
Aumentar número de jueces y fiscales con un mecanismo imparcial. Además de independiente y transparente, y en medio de un proceso público.
Fin a enjuiciamiento de civiles en tribunales militares. Y al mismo tiempo, asegurar que la jurisdicción de éstos se limiten solo a los delitos militares que se hayan cometido por funcionarios de las Fanb.
Investigar las violaciones a los DDHH por parte de funcionarios. Bachelet también recomienda al Gobierno que conduzca investigaciones “prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes, sobre las violaciones de DDHH, que incluyen la privación de la vida, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y la violencia de género en las que se involucran elementos de las fuerzas de seguridad. Igualmente pide llevar a los perpetradores ante la justicia y garantizar una reparación adecuada a las víctimas.
Desmantelar bandas criminales en el AMO. Esto en cumplimiento de las normas internacionales en materia de DDHH. Además, recomienda “combatir la corrupción y enjuicie y sancione a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos en el AMO y las zonas aledañas”.
Fin a la explotación laboral, sexual, trabajo infantil y trata de personas en el AMO. Y además asegurar que las actividades mineras estén regularizadas “en condiciones de respeto del derecho a condiciones de trabajo justas y favorables”.
Asegurar derechos a los indígenas. Para que disfruten de la vida en libertad, en paz y en seguridad. Y que además “puedan poseer, usar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos, incluso mediante la demarcación de las tierras tradicionales”.
