Saab: DirecTV ofreció paquetes de suscripción baratos desde enero porque “ya sabía” que se iba a ir

El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, aseguró este miércoles que DirecTV había ofrecido planes y paquetes de suscripción baratos a inicios de año porque, a su juicio, la empresa “como que ya sabía” que iba a irse de Venezuela por ‘obedecer’ instrucciones del Gobierno de EEUU.

“Empezando este año 2020, esta empresa como que ya sabía que tenía que obedecer las instrucciones que el gobierno estadounidense le dio, para también, aparte de limitar el acceso a la gasolina, medicina, alimentos, limitar la señal televisiva. No conforme, la administración estadounidense, de cercar al pueblo de Venezuela (…) la agarró también con el tema del acceso a canales televisivos, inclusive nacionales que tenían la señal direccionada con DirecTV. Hubo una instrucción, una orden que dio el llamado Departamento del Tesoro para que se retirara la señal, a pesar que desde enero ofrecían paquetes de decodificadores, de ventas de programas baratos; hicieron una especie de oferta para que se diera una suscripción masiva hacia este empresa y de pronto, sin ningún tipo de negociación, retiraron la señal. Eso obviamente es un delito y aquí y en cualquier lugar del mundo”, señaló Saab.

Por eso, dice que existen elementos de convicción “para presumir que tal acción fue concertada de manera ilegal por la junta directiva de Galaxy Entertainment de Venezuela en conjunto con su unidad de administración y operatividad, ésta última compuesta por tres ciudadanos de nacionalidad venezolana: el gerente general Héctor Rivero, el vicepresidente de Operaciones Rodolfo Carrano y el vicepresidente de Estrategias y Negocios, Carlos Villamizar”.

Agregó que existe un daño patrimonial a las personas naturales y jurídicas que invirtieron en los equipos y pago de suscripciones, además de espacios televisivos “ya que presuntamente fueron sorprendidos en su buena fe para el presunto provecho injusto de las trasnacional de DirecTV”.

“Incluso, ofertaron a bajos precios durante todos estos meses la venta de decodificadores, aparte de una especie de paquete en donde si se pagaban 1, 2 o 3 meses le daban un precio “barato” para la adquisición de esta señal o para la continuidad de la suscripción, pero tenían este plan siniestro ya concertado hacía meses de dejar sin señal esta empresa a la población venezolana”, apuntó.

“Recordemos que hasta el mismo día de la suspensión de actividades, en distintos comercios del país se vendían decodificadores y suscripciones a precios cercanos a los $100. Todas las personas que compraron esos equipos perdieron su dinero por la decisión ilegal de esta empresa”, añadió.

Saab dijo que los exgerentes son responsables directos de la comercialización y operatividad de los servicios y que en todo caso debieron solicitar la autorización de Conatel para prescindir del uso del espectro radioeléctrico nacional.

“Esto en conformidad con la “Concesión para el Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico”, celebrada en fecha 16 de enero de 2018; y de acuerdo con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones”, precisó.

Indicó pues que esto presume la existencia “de daño moral a la colectividad, por cuanto la suspensión de tal servicio creó incertidumbre y zozobra, ocasionando la transgresión de derechos constitucionales colectivos y difusos”.

También dijo que fue quebrantado el decreto de Nicolás Maduro “mediante el cual se declara la prórroga del Estado de Alarma para atender la Emergencia Sanitaria por el virus Covid-19”.

“Asimismo transgredieron el artículo 15, numeral 10, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; que establece la obligación de los operadores de telecomunicaciones a la prestación de servicios en estados de excepción”, acuñó.

Fue por eso que el pasado 5 de junio los directivos fueron aprehendidos por el Sebin y la audiencia de presentación fue el 8 de junio, “en la cual el MP imputó la presunta coautoría en la comisión de los delitos de estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir”.

“Por tal motivo, les fue impuesta a todos los imputados la medida de privación judicial de libertad”, argumentó.

“Cabe destacar que Héctor José Rivero Olivares, en su condición de gerente general de la mencionada empresa, protocolizó la venta de 25 vehículos automotores pertenecientes a Directv Venezuela a finales del año 2019. Esto constituye uno de los indicios de que desde entonces se estaba preparando el cese de las operaciones pero de manera clandestina, sin hacerlo de forma consensuada, negociada, acordada con el Estado para estafar a centenares de miles de personas”, comentó Saab.