¿Por qué un gobierno de emergencia nacional?
El R2P, el 187n° 11, el TIAR o los Cascos Azules de la ONU no son factibles si los gobiernos aliados de los países democráticos del mundo no están de acuerdo con el uso de la fuerza ni pueden respaldar una incursión militar.
¿Hay crímenes de lesa humanidad? Sí.
¿Hay un genocidio silencioso e indirecto en Venezuela, sobre todo desde 2013? Sí.
Son dos de las causales para aplicar el principio de la “Responsabilidad de Proteger” en su modalidad de medida de último recurso siguiendo el compromiso político global que fue adoptado por todos los Estados miembros de la ONU en la Cumbre Mundial de 2005. No obstante, una intervención armada constitucional o un desembarco por razones humanitarias en costas venezolanas tampoco están en la agenda ni de la Unión Europea, ni del grupo de Lima, ni del gobierno actual de los Estados Unidos.
Todos los que impulsamos la lucha por la democracia, la decencia, el respeto a los otros y el cumplimiento estricto de las normas que garanticen la civilidad y la convivencia pacífica en Venezuela nos preguntamos hoy cómo es posible que el sátrapa enquistado en Miraflores o en Fuerte Tiuna, Nicolás Maduro, se mantenga aún en el poder. Aunque haya militares institucionalistas y apegados a la Constitución, la cúpula de las fuerzas armadas es la que tiene el dominio del país.
En todos los niveles, sea por miedo, sea por horror a la delación de sus propios compañeros, o por las torturas indescriptibles de las que han sido víctimas los sospechosos de disidencia o de insubordinación, sea por la relajación de sus conductas institucionales, sea por degradación de sus principios y valores, en los que ya el honor no se divisa, las fuerzas militares o policíacas sustentan la dictadura madurista. O callan de manera cómplice ante los desafueros y abusos atroces cometidos por los integrantes de los organismos de seguridad y contrainteligencia del Estado, la Guardia Nacional Bolivariana o las Fuerzas de Acciones Especiales, que son escuadrones de exterminio para aterrorizar y asesinar a ciudadanos inermes.
Sus motivaciones no provienen de razones ideológicas ni es por respeto a la Constitución venezolana vigente, pisoteada despiadadamente desde hace muchos años para aferrarse al poder a cualquier costo. Se ha construido un entramado denso y oscuro de corrupción generalizada que se extiende desde el general de más alto rango hasta el soldado raso y contamina todas las estructuras del Estado, hoy refugio de una banda de hampones que controlan las instituciones de la república, la explotación criminal del Arco Minero, el narcotráfico con pingües ganancias, el contrabando de gasolina y ahora la “custodia” de las bombas surtidoras de combustible.
La posibilidad de un “quiebre” militar ha resultado ser una táctica fallida en la visión estratégica por parte de la dirigencia democrática. Causas muy poderosas como las que acabamos de enumerar frenan una acción de las fuerzas armadas, pese a los conatos de rebelión, para acatar la Constitución siguiendo su artículo 328 y contribuir a restaurar el Estado de Derecho.
En Venezuela ha habido históricamente una mentalidad de privilegio y supremacía militaristas a pesar de que la Constitución subordina el poder militar al poder civil. También cierto menosprecio de aquellos hacia estos últimos. Los códigos de los militares resultan enigmáticos para el mundo civil. No han podido ser descifrados por la dirigencia democrática para trazar un camino efectivo de acercamiento hacia el cuerpo armado. Estos sienten desconfianza hacia los civiles como alternativa real de poder. ¿Qué hacer entonces?
El engranaje entre los problemas de la gente y sus protestas y un gobierno de emergencia nacional es indispensable para impulsar el cambio político. Su antecedente más importante fue el pliego de conflictos elaborado por múltiples organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, entregado en la concentración del 10 de marzo pasado al presidente interino de la república, Juan Guaidó. El Plan País marca una dirección experta y seria para resolver la multicrisis nacional.
Otro hecho clave es la firma que acaba de ocurrir para asegurar sin obstáculos el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela entre la OPS (Organización Panamericana de la Salud) con un representante del gobierno interino y el ministro de salud del régimen de Maduro. Se trata del segundo componente de la propuesta del Gobierno de Emergencia Nacional, denominado “Plan José María Vargas”, a fin de enfrentar la pandemia del covid-19 y darle apoyo a todos los sectores médicos y sanitarios del país.
No es un acuerdo político como se pretende hacer ver sino, por un lado, un reconocimiento al gobierno legítimo de Juan Guaidó y por el otro, un esfuerzo técnico multinacional para evitar de nuevo la tragedia del 23 de febrero pasado al impedir brutalmente la entrega en territorio venezolano de la ayuda humanitaria y al ser destruida buena parte de ella. Fueron necesarias conversaciones por más de 6 meses entre las partes, con la mayor discreción, para que el régimen cediera, consciente de que no podía resolver la crisis hospitalaria y de salud que él mismo ha creado, no de ahora sino desde el gobierno anterior, con las características de abandono, negligencia, incompetencia comprobada y corrupción en su gestión pública.
Es decisivo comunicar a la ciudadanía todos los aspectos del contenido de la propuesta de los negociadores democráticos en Oslo y Barbados, que muchísima gente no conoce. De los 6 puntos discutidos en la construcción de una agenda que exigió muchos meses y discusiones, sin encontrarse los representantes del gobierno legítimo con los del otro grupo, se establecieron las bases de negociación, mediada por el reino de Noruega. Después se produjo el encuentro presencial. Los 6 puntos constaban cada uno de 6 u 8 sub-puntos para discusión, en total, 57 puntos. De estos, fue alcanzado un acuerdo de casi el 90% de los puntos tratados. Uno de sus resultados fue la conformación del Consejo de Estado. Los emisarios de Maduro se levantaron abruptamente de la mesa, en agosto de 2019.
Surge luego una nueva propuesta del campo democrático, basada en las anteriores negociaciones, de un “gobierno de emergencia nacional”. La importancia mayor del gobierno de emergencia nacional es que facilita un “puente de plata” a los chavistas, militares y civiles, sin excluir a los distintos actores de la oposición. Maduro no podrá seguir en la presidencia, por los sólidos motivos que conocemos. También se apartará el presidente interino constitucional, Juan Guaidó, para dar paso a un Consejo de Estado de 7 integrantes, 3 del régimen y 3 del campo democrático, mas 1 escogido por ambas partes, que ejerza funciones de poder ejecutivo hasta que haya elecciones libres y justas para la presidencia de la república.
Las modificaciones presentadas por el gobierno estadounidense agregan una serie de garantías para los militares, la permanencia del alto mando actual hasta las elecciones presidenciales, la suspensión de las sanciones y la escogencia de Maduro y sus acompañantes de quedarse en el país o salir al que ellos deseen sin que se les persiga o extradite. Esta condición es necesaria pero no suficiente para que cese la usurpación y comience una transición incluyente de todos los sectores políticos y sociales del país a fin de emprender su reconstrucción.
@martadelavegav
