Información pública
Toda persona debe estar consciente y al tanto que la información pública es de acceso público. Es decir, cada proceso o iniciativa que entes como Alcaldías, Concejos Municipales, Gobernaciones, Consejo Legislativos y más lleven adelante tienen que estar a la disposición de los ciudadanos.
Por ejemplo, cuando los concejales aprueban recursos, toda la documentación, desde la solicitud formal por parte del poder ejecutivo local, pasando por la transcripción de la sesión y el documento de aprobación con sugerencias, consideraciones o cambios emitidos por los ediles, deben ser entregados a quien la solicite.
Si hablamos del poder ejecutivo, desde las decisiones de orden fiscal hasta la inversión del último centavo del presupuesto debe estar asentado en la documentación respectiva y estar a la orden de cada ente fiscalizador o contralor, así como del ciudadano común.
En varias ciudades del mundo se ha optado por la publicación en línea de todo el papeleo público, desde la cotización de materiales de oficina hasta la entrega y ejecución de obras públicas. Todo debe estar disponible para la mirada escrutadora del elector.
En el caso de Anzoátegui, desde el 2007 existe una ley regional, aprobada y promulgada por el Consejo Legislativo del estado en el cual se ordena a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, que todos los entes del estado deben mantener una política de transparencia en cada proceso que se lleve adelante.
Esto es muy importante que usted, apreciado vecino que me lee, lo sepa y lo asimile tal y como es. Es decir un derecho de cada ciudadano. Ningún ente, ya sea ejecutivo, legislativo o contralor puede negarle el acceso a una información puntual.
Creo, y aquí entro en el terreno de la especulación, que salvo los documentos de inteligencia nacional o informaciones militares en tiempos de guerra, o aquellas protegidas por órdenes judiciales, son las únicas que no puede ser reveladas a la ligereza. Todo lo demás sí.
Usted que me lee y yo quien escribo tenemos el derecho de solicitarle a un ente detalles de una licitación, mecanismos de una contratación y razones de tal o cual inversión en cualquier área o sector. Y, quien ejerce el poder está en la obligación de suministrar la información, sin limitaciones y sin manipulación alguna.
La información pública local o regional no es, ni debe ser, un tema de «seguridad nacional», y el gobernante que le dé este trato estaría violando las leyes nacionales y acuerdos internacionales que promueven la transparencia pública como pilar para gobiernos más democráticos y más abiertos a los ciudadanos.
Exijamos transparencia en la administración pública. Nunca permitamos que nuestro derecho a saber que se ha hecho con los dineros públicos sean vetados o impedidos por quienes están en el deber de informar y rendir cuentas de sus actos.
Miembro de la Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela
