En mayo hubo 112 violaciones a la libertad de expresión: Espacio Público
Espacio Público registró en mayo 49 casos que corresponden a 112 violaciones de libertad de expresión, donde destacan «la intimidación, censura y las restricciones administrativas».
Las víctimas en su mayoría son periodistas, particulares y ciudadanía en general, mientras que los responsables siguen siendo, los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios.
Al cierre del quinto mes del año se acumulan 556 violaciones al derecho, entre las que destacan 25 detenciones a particulares, periodistas y trabajadores de la prensa, hechos que demuestran la constante persecución en contra de quines ejercen legítimamente su derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información en el país.
Intimidación y hostigamiento
El gobierno venezolano mantiene una política represiva en contra de quien insista en registrar lo que ocurre en las calles venezolanas en el contexto no solo de la emergencia humanitaria compleja, sino ahora como víctimas de una pandemia, a pesar de la advertencia realizada por los expertos en derechos humanos de la ONU, en la que manifestaron su alarma ante el aumento de amenazas, ataques y cargos contra periodistas, trabajadores de la salud y otras personas en Venezuela.
En mayo registramos 35 intimidaciones y 4 hostigamientos, entre los que destaca el caso de Luis López, del diario La Verdad de Vargas, quien fue obligado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a borrar el material que realizó durante una protesta de médicos en la avenida Soublette de La Guaira, estado Vargas, el pasado 13 de mayo.
El periodista fue rodeado por funcionarios y obligado a mostrar el material que posteriormente tuvo que borrar, pues lo amenazaron con detenerlo si no lo hacía. Alertó que lo sucedido es cada vez más frecuente, «eso está ocurriendo con todos los periodistas que cubrimos a la GNB» y manifestó que en ocasiones no tenía otra alternativa que borrar el material.
Una situación similar vivió el periodista del canal regional UniTv, Pedro García, cuando un coronel de la GNB lo intimidó y borró el material que realizó durante un recorrido rutinario por la estación de servicios Virgen del Valle, en la avenida Fuchón Tovar, en el estado Nueva Esparta, el 27 de mayo.
En otro hecho, cuatro funcionarios de la GNB intimidaron a los fotógrafos Andrés Rodríguez de El Pitazo; Rayner Peña de EFE, y a Daniel Blanco (independiente), cuando realizaban su trabajo gráfico el 23 de mayo en las adyacencias de la empresa DirecTV, en la urbanización El Rosal, Caracas.
Los efectivos les revisaron los teléfonos pese a que los tres mostraron sus credenciales de prensa. Los GNB alegaron que estaban «violando el perímetro de seguridad» aún cuando los reporteros estaban a media cuadra de las instalaciones de la cablera, hacia el extremo opuesto de la calle.
Continúan las detenciones
Durante el mes de mayo registramos 20 detenciones motivadas a la búsqueda y difusión de información, la mayoría de estas fueron realizadas a ciudadanos por hacer comentarios en redes sociales, y en el caso de periodistas en el contexto de cobertura informativa en la calle. En los primeros cinco meses del año documentamos un total de 79 detenciones, una cifra preocupante teniendo en cuenta que ningún ciudadano debe ser encarcelado por ejercer un derecho consagrado en la Constitución.
Destaca el caso de Rolando Rodríguez, conductor del portal informativo La Prensa de Lara, quien fue detenido el pasado 8 de mayo por funcionarios de la GNB cuando se disponía a equipar su vehículo con gas en la estación de servicio Don Bau en la avenida Libertador, Barquisimeto, estado Lara.
Rodríguez tenía varias horas en el lugar y los funcionarios millitares indicaron que ya no podían estar allí porque el tiempo había caducado y cuando eran dispuestos a ser desalojados del sitio, Rodríguez grabó un video con su teléfono celular, que originó la detención durante más de una hora.
Violaciones en Internet
El Estado Venezolano constantemente aplica bloqueos a portales web que los ciudadanos utilizan como medios para informarse. El pasado 15 de mayo, la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y la empresa Inter boquearon el acceso al portal de informativo Runrun.es.
El observatorio de Internet, Ve Sin Filtro alertó sobre el bloqueo detallando que se trató de una restricción de sistema de nombres de dominio (DNS).
Igual sucedió con la página web de la Organización No Gubernamental (ONG) Caracas Mi Convive y la de su coordinador, Roberto Patiño, las cuales fueron bloqueadas por los principales proveedores de Internet en Venezuela, el lunes 18 de mayo.
No solo fueron bloqueos, las fallas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) constantemente inciden en la dinámica ciudadana, el 5 de mayo los venezolanos vivimos una que afectó a 19 estados del país, limitando la conectividad a Internet, alcanzando niveles menores al 60% de la conexión regular en el país.
La información fue confirmada por el observatorio de Internet NetBlocks, a través de su cuenta en Twitter, desde la que advirtió el impacto significativo que la falla ocasionó en la conexión a la red del país.
El 14 de mayo, otra falla eléctrica afectó la operatividad del medio digital, El Correo del Caroní. El apagón no solo ocurrió en el sector donde está ubicada la sede del medio, sino que alcanzó a los estados: Aragua, Carabobo, Lara, Bolívar, Zulia y Táchira. El anuncio lo realizaron a través de su cuenta en la red social Twitter, donde detallaron que en horas de la noche varios sectores de Puerto Ordaz estuvieron sin electricidad y sin Internet.
Confinados y censurados
Los venezolanos recibieron una muy mala noticia durante el confinamiento, el 19 de mayo, la empresa estadounidense AT&T, propietaria de DirecTV Venezuela, anunció el cese de operaciones en el país como consecuencia de la orden del gobierno de EEUU que prohíbe relaciones económicas con determinadas personas o empresas del gobierno de Venezuela, de acuerdo con un comunicado.
El cese de las transmisiones de DirecTV en Venezuela es una severa restricción a la libertad de expresión de las personas que habitan el territorio. Las consecuencias de esta decisión afectan a más de 13 millones de personas que tienen menos o ningún acceso a información de interés público, contenidos culturales, de entretenimiento y educativos.
Esta medida tiene serias implicaciones desde la perspectiva de derechos humanos, específicamente el acceso a la información y la libertad de expresión, ya severamente limitados desde hace varios años por la acción de las autoridades de Venezuela.
Otro hecho que limita aún más la oferta de medios disponibles en el país, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenaron el cierre de la emisora Rumbera 106.9 FM de los Valles del Tuy estado Miranda, el pasado 15 de mayo.
El mismo día pero en Guárico, el periodista y conductor del programa Víctor Hugo Donaire denunció que el programa De Frente, transmitido por Roscio TV fue sacado del aire. Era transmido de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, contaba con una importante audiencia, y se distinguía por ser un espacio informativo y de opinión en el estado Guárico.
La misma situación vivió el periodista Vladimir Villegas, el 26 de mayo, cuando denunció la salida del aire de su programa de opinión, Vladimir a la 1, transmitido todos los días, a través del canal de noticias Globovisión desde hace siete años.
Nota de prensa
