La cuarentena, costo político cero
El anuncio por parte de Nicolás Maduro de un mes más de cuarentena, sin haber presentado un balance completo de lo que está ocurriendo, de cuáles son las perspectivas para el futuro cercano y de cómo se normalizará progresivamente el país, parece tener un solo objetivo: reducir a cero el costo político de la incuantificable crisis que vive el país.
Intenta lograr que la falta de gasolina, el verdadero Covid-19, el acelerado repunte de la inflación en el área de los alimentos, la devaluación vertiginosa, la falta de electricidad, agua, gas doméstico y efectivo, la pérdida de empleos, el deterioro del transporte público y de todo el sistema de salud, no erosionen al régimen.
Entretanto, Maduro persiste en su posición: no acepta ninguna salida negociada que pase por la convocatoria a unas nuevas elecciones presidenciales libres. Prepara el terreno para anunciar los comicios legislativos cuando la oposición se encuentre en condiciones de extrema debilidad, y a la mayoría del país le parezca un lujo asiático concurrir a una cita electoral en medio de tanta precariedad. En ese momento chantajeará a su clientela y la movilizará a las urnas de votación. Esa franja de votantes le bastará para ganar con comodidad la mayoría de la Asamblea Nacional.
Mientras la nación esté acuartelada y aterrorizada por el temor a la expansión del corona virus, los partidos políticos, sindicatos, gremios profesionales, federaciones estudiantiles, ligas campesinas y asociaciones empresariales, no podrán deliberar, trazar planes y movilizar a sus militantes para protestar por el deterioro tan atroz de la calidad de vida. El gobierno no tendrá rivales de consideración.
Los ciudadanos no podrán organizarse para denunciar y combatir, digamos, los abusos que cometen los miembros de los distintos cuerpos de seguridad del Estado con la distribución de la gasolina. El acceso al combustible está mostrando el perfil más degradado de las Fuerzas Armadas, cuerpo que se desdibujó desde hace mucho tiempo. Los oficiales de esa -¿puede llamársele institución?-, no importa si son generales o tenientes, atropellan a la gente: pasan por encima de las largas colas que se forman o cobran cifras escandalosas por surtir de combustible un vehículo. Ya no es el contrabando de extracción el que sirve de fuente de enriquecimiento ilícito. No es necesario. El lucrativo negocio puede realizarse dentro del territorio nacional. En Venezuela, luego de la destrucción de las refinerías de crudo, se pasó de repente a vender la gasolina más cara del planeta, sin que ninguna institución del Estado bolivariano asuma la defensa del consumidor. Los organismos dedicados supuestamente a proteger los ciudadanos, se ensañan contra Empresas Polar, la gran surtidora de alimentos del país, pero se abstienen de detener los abusos contra los conductores que pasan días en interminables filas de automóviles. En esa red de corrupción participan agentes uniformados a quienes el gobierno les permite perpetrar toda clase de desmanes.
El costo de la desidia, la ineficacia y la descomposición gubernamental es inexistente. El aislamiento social, y su consecuencia práctica, el confinamiento, le permite actuar al régimen con entera comodidad y sin ninguna clase de riesgo. Puede manipular y adulterar episodios lamentables como la chapuza de Macuto, sin que su versión sea contrastada en amplios escenarios con otras opiniones. Se trae sin inconvenientes a soldados rusos que violan la soberanía nacional o a iraníes que cobran fortunas por intentar poner a funcionar refinerías construidas con tecnología norteamericana. No existen límites que no puedan violar impunemente.
El régimen encontró en el Covid-19 un aliado formidable. Un socio que, a pesar de provenir de China, no lo esquilma, sino que le sirve de forma incondicional y gratuita a librarse de las responsabilidades por el inmenso desastre que ha creado.
@trinomarquezc
