Especial ND: Saab no imputó a la cadena de mando en masacre de Guanare
Hace una semana Tarek William Saab, indicó que 10 personas serían imputadas por la masacre ocurrida en el Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella) en Guanare, estado Portuguesa, en los que fallecieron 47 presos y se registraron 67 heridos. El exfiscal Zair Mundaray y el diputado Héctor Cordero coinciden en que Saab solo busca evadir responsabilidades de los verdaderos responsables de que haya armas en las cárceles y continuar siendo cómplice de delitos de lesa humanidad.
El viernes 8 de mayo Saab explicó que tras el levantamiento de evidencia en Cepella se llevó a cabo una investigación con la participación del Cicpc en el que se determinó la responsabilidad de los hechos. Aseveró que un «conductor de facto» que trabajaba al servicio de los pranes del recinto carcelario fue detenido a las afueras del penal y esto generó una protesta dentro del Cepella.
«Tenían un conductor de facto y lo detienen porque cometía delitos. Tenía hasta una granada en su poder, y en represalia por esa detención, este sujeto inicia las acciones usando de escudos humanos a la población penal. En respuesta los efectivos de la GNB no realizaron las maniobras necesarias para la contención de los internos. Pudieron usar gases lacrimógenos. Pudieron contenerse con disparos al aire, pero eso no fue lo que ocurrió. Lamentablemente, para la contención optaron por usar armas de fuego recibiendo respuesta por parte de reclusos armados, ahí hubo ese cruce de disparos en el que se generó el saldo de 47 fallecidos y 67 heridos», alegó.
Los imputados son 5 efectivos de la GNB: el primer teniente Alberto Castro Malaguera; el sargento primero Jesús Manuel Torres Parada; el sargento mayor de tercera Jorgangel Simón Rodríguez Escalona; el sargento primero Jorge David Almeida Gudiño; y el sargento primero José Rodríguez García. A estos uniformados se les procesará por los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder.
También serán presentados cuatro «líderes negativos» del Cepella: Olivo Antonio Castillo Velásquez; Ronald Jesús Camacaro Angulo; Wilmer Vladimir Romero Durán; y Douglas Alberto Ramos Lucena; por los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y tráfico de armas.
La décima persona que será imputada será el director del penal, Carlos Benito Torres Graterol, a quien Saab señaló de ser «cómplice necesario» en el delito de introducción de armas de fuego en un centro penitenciario.
«Vladimir Padrino López es responsable”
El exfiscal y experto en criminalística Zair Mundaray explicó que estas imputaciones pretenden desviar la responsabilidad en la cadena de mando, ya que cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, las investigaciones no solo deben determinar quién ejecutó las acciones, sino también quién dio la orden para impedir que se violaran los derechos fundamentales.
En conversación telefónica con ND, Mundaray aseveró que los presos protestaron por su derecho a la alimentación y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) usó armas de guerra para controlar esa protesta.
«Todos los fallecidos fueron dentro del penal. Nunca hubo un intento de fuga, ni se fracturó una pared o una reja o se aplicó ningún mecanismo para salir del penal. Lo que había era una reclamo. La GNB aplicó la fuerza letal sin tener en cuenta la progresividad o la fuerza de resistencia y la única forma de que se hayan podido usar armas de guerra es que del lado de la población penal hayan usado armas de guerra. Si son 47 muertos, debió haber en el sitio 47 fusiles para justificar esta acción. Pero no hay evidencias de eso. Lo que se hizo fue disparar a la población civil presuntamente desarmada y se les asesinó a mansalva», rechazó.
Estimó que la imputación que pretende hacer Saab es una imputación muy parecida a la que realizó en el caso de la muerte del concejal Fernando Albán.
«Está colocando un delito que no se corresponde para evadir la responsabilidad de la cadena de mando. Acá no se debe establecer no solo quién ejecutó las acciones sino quién dio la orden y permitió esta violación de derechos fundamentales. Saab no señaló a quien comanda el servicio y al general Chacón, jefe del destacamento 31, que estuvo en el sitio. Esto significa que cualquier persona que tenga posesión de mando allí, un capitán o un mayor fue quien comandó directamente la operación. Hay una escalada y eso se traduce en que el Ministro de la Defensa es quien ordena que la GNB preste el servicio de custodia con armas de guerra».
Sobre este punto, refirió que lo común en otras cárceles del mundo es que los motines sean controlados a través de gases lacrimógenos, escopetas calibre 12 con proyectil plástico o semirigido que pueden controlar a las personas a partir del dolor, con pistolas de choque, bombas aturdidoras, balas de goma, bastones para golpear a las personas, pero nunca con armas de guerra.
«El ministro tiene responsabilidad directa en estas muertes porque le está dando armas de guerra a la GNB para que asesine a la población civil. Eso es lo que está evitando Tarek William Saab y por eso responsabiliza a uno que otro de los que dispararon y exonera a la cadena de mando, dejando por fuera al general, al ministro de la defensa, a los efectivos de la ZODI que conocen su responsabilidad ineludible. Cada uno de ellos saben que si ocurre un hecho de este tipo y vas a usar estas armas, vas a matar y si no haces nada por evitarlo estás de acuerdo con que ocurran estas muertes», sentenció.
Según explica, el proyectil usados por la GNB en la cárcel de Guanare fueron de 7.62 o 5.56, los cuales tienen 2 kilómetros de alcance. Son sumamente letales. Precisó que un proyectil de este calibre se expande dentro del cuerpo y destruye el órgano que toca.
«Son usados en conflictos bélicos, o sea en la guerra, porque están hechos con un alto nivel de letalidad para disparar masivamente y si le das a un objetivo en el brazo se lo tumbas, si le das en la pierna sale volando, si le das en la cabeza estalla en mil pedazos. Son altamente nocivas porque tienen el objetivo fundamental de eliminar al contrario. Ese soldado ya no puede operar un arma. Deja de ser un enemigo y elimina a otro que salga a auxiliarlo porque el proyectil no es detenido por el cuerpo humano, sigue viajando», señaló.
«Modificaron el sitio del suceso para ocultar evidencias»
Mundaray calificó de «payasada» que Saab pretenda realizar una imputación seria cuando no existe una investigación previa para determinar cuáles fueron los hechos, sin lugar a equívocos o con el mínimo margen de error posible. Denunció que modificaron el sitio del suceso, incumpliendo con el Protocolo de Minessota recomendado por la ONU en estos casos.
«¿A quién va a imputar? Si no hay forma de establecer cuáles fueron las acciones ejecutadas por los supuestos pranes, no hay manera de realizar una investigación seria porque modificaron el sitio. No hay evidencia que establezca los hechos frente a esto. Las imputaciones que realizaran serán de modo arbitrario, porque no tendrán como probar cuáles son las acciones que le van a atribuir a estos líderes negativos. ¿Dónde están los muertos y heridos de la GNB o del ministerio penitenciario? Ellos no han mostrado nada de eso. Dijeron que el director de la cárcel resultó lesionado pero, quién es el responsable de esa agresión, quién manipuló el arma blanca y quién más tiene responsabilidad por ese hecho», enfatizó.
A la vez que reprochó que el sitio quedó en manos de quien generó las muertes: la GNB. Los efectivos de la GNB fueron quienes movieron los cuerpos y los colocaron uno al lado del otro y esto borra toda la evidencia de lo que realmente sucedió ese día.
«Cuando ocurre un suceso existe el manual de cadena de custodia que fue modificado en 2017 y del cual soy corredactor. El mismo establece que el sitio del suceso debe estar protegido por el primer organismo que lo aborda, es decir la GNB tenía la obligación de proteger el sitio: nada entra y nada sale. Hasta que llegara el Cicpc el sitio debía permanecer incólume. Para que el Cicpc determinara que si en una esquina cayó un muerto debía estar allí, igual las manchas de sangre, la posición de las víctimas, pero cuando entró el Cicpc los cuerpos estaban uno al lado del otro, contabilizados y apilados», fustigó.
Por ende, aseveró que ningún sistema de justicia, ni de investigación puede ser capaz de determinar la verdad de los hechos porque no se siguieron los protocolos de investigación determinados para una masacre de este tipo. Subrayó que el Protocolo de Minessota es el que se usa para estos excesos en los que el Estado usa la fuerza letal contra la gente.
«No hay forma de que esto no sea una violación a los derechos humanos y de que no sea catalogado como un delito de lesa humanidad, porque las muertes en las cárceles se han venido normalizando porque hay un problema estructural que es que quienes prestan el servicio de custodia en la cárcel usan armas de guerra contra población civil. La GNB disparó armas de guerra contra población civil que además está cautiva, que tiene un menoscabo de un derecho fundamental, está detenido y fueron asesinados con estas armas», recalcó.
Para Mundaray, la GNB sabía que debía modificar el sitio del suceso, para de alguna manera justificar los hechos, cosa que -a su juicio- es inconcebible porque los privados de libertad tienen derecho a la protesta y rechazó que lo ocurrido en Cepella sea calificado de «motín».
«La GNB sabe que la evidencia balística se mueve al mover los cuerpo y así no se sabría el destino final de los proyectiles. Esto es totalmente contrario a los principios de criminalística. Además, el uso de la fuerza desproporcionada no se justifica ni siquiera si hubiese ocurrido un motín. Hay algo gravísimo y es que a todo le llaman motín. Ellos tenían un reclamo lícito porque el derecho a la protesta no está suspendido porque estas preso. Ellos pedían explicación de los alimentos que le habían llevado sus familiares que con mucho esfuerzo viajaron a entregárselos. Esto fue lo que originó el hecho: la protesta por el derecho a la alimentación, a la salud, a la visita, pero bajo la lógica de Iris Varela todo es un motín y eso significa que puedes matar personas».
«Antes de Varela solo había armas blancas en las cárceles»
Mundaray expuso que cuando el control de las cárceles lo tenía el ministerio del Interior y Justicia, antes de la llegada de Varela, era una «barbaridad» decir que los efectivos tuvieran fusiles y aseveró que los presos solo tenían armas blancas de fabricación casera.
«En ese entonces nadie tenía un fusil. Eso era una locura. Tal vez el director de la cárcel podía tener un revolver, pero no había fuego letal. La GNB siempre ha tenido el control externo, pero antes de Varela para que la GNB actuara tenía que verse sobrepasada la fuerza interna o que lo solicitara el director del penal. Ese era el protocolo. El director decía: mira tengo una situación que no puedo controlar ni con los custodios ni con mi capacidad y debes intervenir».
Subrayó que los presos no estaban armados: tenían chuzos. Fue lo que se vivió en los años 80 y en los 90, la violencia era con arma blanca, pero todo eso cambia cuando empiezan a permitir la entrada de fusiles.
«¿Cómo entra un fusil a una cárcel sin pasar por el control de la GNB y el control interno del servicio penitenciario? Es la misma corrupción del ministerio que permite el ingreso de fusiles, granadas y cualquier cosa. Y después que cobras sumas altísimas de dinero por ingresar las armas es muy fácil decir les disparé porque tenían fusiles. Claro que tienen fusiles y lo sabes porque es la misma GNB y el servicio penitenciario que permite que esto pase», ratificó.
Asimismo, objetó que cuando realizan requisas en las cárceles el armamento incautado no es entregado al MP para su posterior investigación o destrucción.
«Si usted hace una requisa usted debe entregar las armas y las balas al MP. Las armas deben pasar por la experticia balística para saber si están involucradas en algún delito fuera de la cárcel, porque eso es lo más fácil, salir, matar y volverla a meter en la cárcel, nunca la van a encontrar. Pero el ministerio penitenciario decidió que ellos administraban las armas y eso es reciclaje de evidencia. Esas armas entran a otro penal y las vuelven a vender. Es lo que hemos visto siempre. Que los pranes andan con fusiles y la GNB justifica que asesina a los presos porque tienen los fusiles que ellos mismos les dan».
Destacó que en el caso específico de lo ocurrido en Guanare, en las fotos no se observaron armas al lado de los cadáveres, pese a que no duda de su existencia. Y reiteró que no se justifica el uso de armas de guerra contra los reos porque no hay evidencia de que estos estuvieran armados.
«Con traslados solo buscan ocultar la verdad»
El diputado y presidente de la Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, Héctor Cordero, declaró que desconocen los centros de reclusión a los cuales serán trasladados los más de 2 000 presos del Cepella, luego de que Varela declarara este jueves sobre un traslado masivo como resultado de la masacre.
«Varela salió diciendo que van a ser trasladados los privados de libertad y que van a cerrar el centro penitenciario. Yo creo que esto es el reconocimiento del fracaso que ha tenido en el tema penitenciario. Ella ha convertido a las cárceles en centros de negocio. ha permitido y estimulado el desarrollo del pranato. Les ha dado facilidades para delinquir y esto ha generado un círculo vicioso que no haya como detener», expresó en contacto telefónico con ND.
El parlamentario estimó que los traslados serán realizados sin informar a los familiares.
«No tenemos ni idea de a dónde los van a llevar. Ellos siempre actúan entre gallos de media noche y seguro es lo que van a hacer. Recordamos que esto debe hacerse en acuerdo con el pran y lo van a hacer a escondidas. Igualmente, nosotros tenemos comunicación con familiares y vamos a saber cuándo eso ocurra», resaltó.
Sobre las declaraciones de las imputaciones realizadas por Saab, Cordero consideró que el fiscal impuesto por la ANC se quedó corto y coincidió con Mundaray en que solo busca restar responsabilidades en la cadena de mando.
«Tarek reconoce el drama que se vivió en Cepella, pero quedó corto con las decisiones porque pretende resolver el tema de las armas con el arresto del director del penal, catalogándolo de cómplice necesario. Pero sabemos que esta investigación debe ir mucho más lejos, porque esas armas vienen de alguna parte. o llegaron solas al penal», fustigó.
Agregó, que Saab indicó que no hubo un motín como denunció la AN.
«Nos dieron la razón porque lo que sucedió allí fue una protesta por alimentos y medicinas. Ojalá este hecho sirva para profundizar un estudio sobre el tema penitenciario en general», expresó.
Denunció que el gobierno de Maduro busca tapar lo ocurrido en este centro penitenciario con el «cuento» de la «incursión mercenaria».
«Ese es el cuento que tiene todos los días Jorge Rodríguez. El show que nunca termina para intentar tapar lo que sucedió en esa masacre», concluyó.
