SIP: Trump y su administración no dejan de hostigar a la prensa

Directivos De la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazaron lo que catalogaron como actitudes y acciones hostiles del presidente de EE.UU Donald Trump y de su administración contra periodistas de diversos medios.

Así lo dijo la SIP en un informe publicado en su portal web:

Mientras el presidente Donald J. Trump hace campaña para la reelección, continúan sus ataques verbales contra los medios de comunicación. Su campaña presentó recientemente tres demandas por difamación contra organizaciones de noticias (The New York Times, The Washington Post y CNN). Esto es algo sin precedentes, nunca ocurrido en la historia del país.

El gobierno ha negado en ocasiones el acceso a medios específicos cuya cobertura el presidente Trump percibe como negativa, y la Casa Blanca estuvo más de un año sin convocar una conferencia de prensa.

Además, las reglas del Senado recientemente adoptadas obstaculizaron la capacidad de los medios de noticias para informar en tiempo real sobre el juicio histórico de destitución del presidente.

Contra este telón de fondo, los periodistas también han enfrentado hostilidad al interactuar con funcionarios de aduanas, legisladores estatales, oficiales de policía y miembros del público.

El desprecio del presidente Trump a los medios de comunicación, tanto en Twitter como durante sus apariciones públicas, ha proseguido mientras hace campaña por la reelección.

Ha criticado a los medios de comunicación y a los reporteros por su nombre, atacando el New York Times y la red de noticias por cable CNN. En un tweet de noviembre de 2019, proclamó: «¡La prensa es tan deshonesta que ya no tenemos Libertad de Prensa!»

En un mitin de campaña, el mismo mes, afirmó incorrectamente que CNN había dejado de transmitir el mitin en vivo en respuesta a sus comentarios negativos sobre el medio, afirmando falsamente que había visto apagarse la luz de la cámara de televisión de CNN cuando comenzó a criticarla.

Más recientemente, en respuesta a los temores que rodearon el reciente brote de coronavirus, culpó a los medios por supuestamente exagerar la gravedad del virus para dañar su reputación.

Muchos han expresado su preocupación de que la retórica contra la prensa podría incitar a la violencia contra sus miembros. Estos temores se intensificaron en octubre de 2019, cuando un video gráfico se volvió viral, mostrando al presidente Trump disparando, apuñalando y agrediendo a miembros de los medios de comunicación, así como a sus opositores políticos. El video fue exhibido en una reunión con sus seguidores. El presidente no estuvo presente y declaró que «condenaba enérgicamente» el video.

Los funcionarios del gobierno a escala estatal también se han dirigido a medios de noticias específicos. Haciéndose eco del lenguaje utilizado por el presidente, representantes en la legislatura del estado de Tennessee presentaron un proyecto de ley que declara que The Washington Post y CNN son «noticias falsas», formalmente «condenándolos por denigrar a nuestros ciudadanos».

Según informes, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos han hostigado a periodistas o hecho comentarios politizados. En octubre de 2019 un funcionario retuvo el pasaporte de un periodista en un aeropuerto y le preguntó repetidamente: «Escribes propaganda, ¿verdad?».

El funcionario se negó a devolver el pasaporte hasta que el periodista respondió afirmativamente. A principios de 2019, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza le preguntaron a un periodista si formaba parte de los medios de «noticias falsas»; le dijeron que debería «alinearse» junto al presidente e interrogaron a un periodista sobre los «informes políticos» de su medio de comunicación.

Aunque sin relación con lo anteriormente descrito, un tribunal federal de primera instancia en Boston emitió un fallo en noviembre de 2019 con implicaciones positivas para los periodistas que trabajan en la frontera. Este dictaminó que los agentes federales no pueden realizar búsquedas de dispositivos electrónicos de viajeros en la frontera sin sospecha razonable de que contenga contrabando.

Dos periodistas fueron arrestados en los últimos meses. En noviembre de 2019 un juez en el estado de Arkansas interpuso un incidente de desacato a la corte a una periodista de radiodifusión por violar una prohibición de grabación de audio en su sala.

Aunque la periodista explicó que no estaba al tanto de esa regla, el juez la sentenció a cumplir tres días en la cárcel, pero posteriormente redujo su sentencia, y permitió su liberación después de unas pocas horas.

En febrero de 2020, un foto-reportero que documentaba el arresto de un individuo en la ciudad de Nueva York fue arrestado y retenido durante varias horas. Fue acusado de conducta desordenada, supuestamente por «negarse a cumplir con las repetidas solicitudes de retroceder» mientras filmaba el arresto.

En un gesto sin precedentes, la campaña de reelección del presidente Trump presentó recientemente demandas por difamación contra varios medios de comunicación. Hasta la fecha, ha demandado a The New York Times, The Washington Post y CNN.

La campaña demandó a los tres medios por artículos editoriales de opinión, los cuales abordaron la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y la posibilidad de que el entonces candidato Trump haya solicitado ayuda al gobierno ruso.

Devin Nunes, un congresista de California, también presentó numerosas demandas por difamación contra medios de comunicación en 2019, entre ellos CNN, el periodista Ryan Lizza, Hearst (editor de la revista Esquire) y McClatchy (empresa matriz del periódico The Fresno Bee). Los críticos han advertido de que tales demandas son frívolas, señalando que la ley protege las opiniones basadas en hechos y que esto sienta un precedente peligroso.

En octubre de 2019, la ciudad de Fullerton, California, demandó a un blog de noticias de la comunidad, por supuestamente violar la Ley de Abuso y Fraude Informático, así como las leyes de fraude informático del estado de California, al acceder a archivos que la ciudad almacenaba en una carpeta Dropbox, disponible de manera pública, que no estaba protegida por contraseña.

El caso en curso provocó alarma entre los defensores de la libertad de prensa porque el acceso a documentos, disponibles públicamente a través de Internet, no califica como piratería, que es lo que estas leyes pretenden penalizar. En otro giro inquietante, la ciudad obtuvo una restricción previa que impedía que el blog publicara la información que había obtenido de la carpeta Dropbox. Afortunadamente, un tribunal de apelaciones revocó rápidamente tal decisión.

Los ataques físicos contra periodistas continuaron en los últimos meses. Estos incluyeron acoso sexual, agresiones físicas y daños a equipos, en al menos un caso a manos de un funcionario del gobierno. En septiembre de 2019, un senador estatal de Carolina del Norte arrebató el teléfono de la mano de un reportero que filmaba el pasillo del edificio legislativo estatal, lo tiró al suelo y le causó daños irreparables.

El Departamento de Justicia continuó su ofensiva contra empleados federales o contratistas que comparten secretos con periodistas, procesando a otras tres personas en 2019. En octubre, el gobierno aseguró una acusación del gran jurado contra Henry Kyle Frese, analista antiterrorista de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa, por supuesta filtración de documentos clasificados. Frese es la octava persona procesada durante el mandato de Trump por cargos de filtrar documentos a la prensa.

La acusación contra Julian Assange en mayo de 2019, que incluyó múltiples cargos -conspirar y participar con Manning en el robo de documentos del gobierno, entre otros- bajo la Ley de Espionaje, sigue siendo motivo de preocupación para los defensores de la libertad de prensa en el país. Actualmente, el gobierno está intentando extraditar a Assange del Reino Unido.

A los reporteros se les sigue negando el acceso a la información en los niveles más altos del gobierno federal. La Casa Blanca no realizó ninguna conferencia de prensa durante más de un año (desde el 11 de marzo de 2019 hasta el 14 de marzo de 2020).

Además, restringió el acceso de los medios al histórico juicio político del presidente en enero de 2020. Las reglas impuestas por los funcionarios del Senado requieren que los reporteros permanezcan en «corrales de prensa» fuera de la cámara del Senado, evitando que se muevan libremente para hablar con los senadores, incluso cuando están fuera de cámara. Solo se permitieron cámaras controladas por el Senado dentro de la cámara.

Además, algunas agencias federales han excluido a periodistas y medios específicos de ciertos eventos y oportunidades de viaje. En septiembre de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional cursó una invitación — y luego la retiró sin más explicaciones— a un reportero de BuzzFeed News para una gira de prensa por la frontera sur del país.

En enero de 2020, luego de una entrevista con un presentador de National Public Radio (NPR) en la que una periodista hizo preguntas sobre el ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, el secretario de Estado Mike Pompeo, la reprendió verbalmente, y luego la retó a encontrar a Ucrania en un mapa sin marcar.

Posteriormente, Pompeo emitió una declaración oficial en la que acusó a la periodista de mentir e insinuó que no pudo localizar a Ucrania en el mapa. Días después, en lo que parecía ser una represalia por este incidente, el Departamento de Estado se negó a permitir que otro periodista de la NPR viajara con el grupo de prensa del Secretario de Estado en un avión del gobierno.

Los funcionarios gubernamentales también excluyeron a ciertos medios en algunos eventos. El presidente Trump excluyó a CNN de un almuerzo extraoficial celebrado con presentadores de noticias antes de su discurso sobre el estado de la Unión el 4 de febrero de 2020. Luego de presentar una demanda por difamación contra la empresa matriz del periódico, el representante Nunes prohibió a los periodistas de The Fresno Bee asistir a un evento donde intervino.»