El año escolar bajo la sombra del coronavirus

Es difícil vaticinar con certeza las secuelas de la pandemia. Recorremos un terreno totalmente incierto, lúgubre. Al fijar la mirada en el número de víctimas mortales sucedidas en otras sociedades mejores equipadas y preparadas, el pánico se apodera de los venezolanos. La incapacidad gubernamental, comprobada en años de sufrimiento y calamidades, obliga a los ciudadanos a resguardar sus vidas de la mejor manera posible. Saben que el Estado no lo hará.

La vida social del país en buena parte se ha paralizado. A pesar de ello, habrá que dar continuidad a las áreas fundamentales para no agudizar la crisis que vivíamos antes de la llegada del virus. Una de ellas es la educación. No se puede desviar la mirada aún más de este campo tan vital para la sociedad.

Es importante garantizar la culminación del año escolar 2019-2020 y, con ello, la defensa del derecho al estudio de los niños y jóvenes del país. No es conveniente para la población en general ni para ningún sector facilitar el fracaso del año escolar. Profundizaríamos el retraso que tenemos por el bajo nivel de calidad impartido. Sería un duro revés.

Se debe evitar, por tanto, una mayor debacle en el sistema educativo de la nación, en medio de una pandemia que amenaza con trastocar aún más la cohesión y la vida social, debido a la crisis humanitaria que vive Venezuela desde hace ya varios años.

El modelo pedagógico impuesto ha servido para inculcar un infausto culto a la personalidad en las instituciones educativas a lo largo y ancho del territorio, así como una nefasta herramienta de control social cuyo currículo impide la pluralidad política y la libertad de pensamiento y expresión no solo de los docentes en ejercicio, sino el de las futuras generaciones.

Como se sabe, el Covid-19 se reportó por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan en China. En pocos meses, el 13 de marzo de 2020, el coronavirus alcanzó tierra venezolana. De ahí que, el régimen, ante la precaria infraestructura de salud, decrete el estado de alarma contemplado en el artículo 338 del texto constitucional, medida que limita la libertad de tránsito y de comercio. Por tal motivo, suspende las clases presenciales el 16 de marzo.

A objeto de permitir la continuidad de los contenidos académicos, el Ministerio del Poder Popular para la Educación toma la decisión de promover, el 16 de marzo, el programa <<Una Familia Una Escuela>> desde el canal del Estado. Aunque parece una política educativa acertada y viable, el esquema presentado es insuficiente para dar cumplimiento a lo que se propone: atender todos los subsistemas de la educación básica.

En una hora televisada con 3 bloques comerciales, entre 6 y 7 docentes imparten los temas a trabajar en casa para cada una de las modalidades, junto con las estrategias evaluativas. Pues bien, la participación de cada uno no supera los 10 minutos y no todas las áreas de formación se exponen. La brevedad y la poca coherencia de los contenidos con respecto al currículo nacional los hace deficientes. No quedan claros los porcentajes de cada actividad. La recepción de estas por la vía whatsapp dificulta su evaluación y no todos los representantes cuentan con computadora, tableta o smartphone. Los docentes no pueden costear con salarios de hambre los megabits requeridos para interactuar con cada uno de sus estudiantes. Además, las fechas de los momentos o lapsos planteados son improbables que se cumplan. Se debe abandonar el discurso agnotológico y aclarar todas las inquietudes suscitadas.

Frente a ese cuadro de detalles, se debe plantear que se aumente a dos horas de transmisión el programa educativo; adecuar los contenidos emitidos; incrementar a media hora la exposición de cada una de las áreas de formación; clarificar los porcentajes de las actividades; repensar varias alternativas para la recepción física y virtual de los trabajos escolares; modificar las fechas de lapsos para permitir, una vez superada la pandemia, una necesaria nivelación de los aprendizajes; mejorar cuanto antes el aspecto social del profesional de la educación con salarios dignos, obligatoriamente indexados al dólar, y en medio de esta terrible coyuntura, otorgar bonos para resistir las circunstancias sobrevenidas por el coronavirus.

Seguirá en deuda lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, en los que se resaltan como valores y fines superiores del Estado la vida, la educación y el trabajo.

Docente