TSJ oficialista: Acusación de EEUU no tiene asidero probatorio y es de una «barbarie extrema»
La Sala Plena del TSJ/ANC emitió este lunes un comunicado repudiando las imputaciones del Departamento de Justica y las recompensas ofrecidas por la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y otros 11 funcionarios y exfuncionarios oficialistas por narcotráfico.
“La nueva maniobra injerencista” de EEUU – dice el comunicado – es “incoherente, atemporal y absolutamente violatorio de las garantías y principios del derecho internacional”. Además, considera que se evidencia una “reacción desesperada” ante los “reiterados fracasos de dicho gobierno por subvertir el orden constitucional de nuestro país”.
El pasado jueves, el fiscal general de EEUU, William Barr, anunció cargos contra altos funcionarios del gobierno de Maduro ofreciendo 15 millones de dólares por la captura de Maduro, y 10 millones de dólares (cada uno) por Cabello, Tareck El Aissami, M/G Clíver Alcalá Cordones (quien se entregó a la DEA el sábado) y Hugo «El Pollo» Carvajal.
A continuación, el comunicado íntegro:
El Poder Judicial de la independiente y soberana República Bolivariana de Venezuela, en apego irrestricto e inquebrantable a su libre autodeterminación y en defensa del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, repudia de manera categórica la nueva maniobra injerencista ejecutada por el brazo jurídico del gobierno de los Estados Unidos, contra el espíritu libertario e inalienable de los dignos hombres y mujeres de nuestro país; hecho que solo puede ser calificado de incoherente, atemporal y absolutamente violatorio de las garantías y principios del derecho internacional.
Ante este nuevo y desatinado intento injerencista, el Tribunal Supremo de Justicia como máximo representante del Poder Judicial venezolano e integrante del Sistema de Justicia, se coloca en primera línea de defensa con su más eficiente y efectivo mecanismo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo principio base está centrado en ser irrevocablemente libre e independiente, fundamentado en el patrimonio moral y los valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina bolivariana. La inverosímil acción puesta en marcha por el gobierno de los Estados Unidos a través de la Fiscalía General, a decir de las acusaciones esgrimidas por el Sr. William Barr, no se encuentran sostenidas en asidero probatorio alguno, siendo evidente que responden a una reacción desesperada ante los reiterados fracasos de dicho gobierno por subvertir el orden constitucional en nuestro país.
Todo esto es para que el mundo civilizado se alarme, al observar como un país de los denominados potencia, con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que además posee vínculos bilaterales (tratados) para la resolución de asuntos judiciales, se inserte en niveles de barbarie extrema al hacer ofertas públicas con la cooperación de un órgano de su Sistema de Justicia, como es la fiscalía general, inobservando las garantías universales de debido proceso, derecho a la defensa y protección de derechos humanos contra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, del Ministro de la Defensa, y, otras autoridades que, en su ejercicio y bajo condiciones impuestas han enfocado todos sus esfuerzos en la contención de la pandemia COVID-19, resguardando la vida de la población y garantizando el cumplimento de las necesidades básicas.
En este contexto, resulta imperioso alertar y exhortar a los sistemas judiciales del mundo, a la Organización de las Naciones Unidas, en razón de deplorar en forma irreductible cualquier pretensión o consolidación de atropello contra la institucionalidad judicial establecida en las Constituciones y las leyes de los países en el orden mundial; toda vez que estaríamos frente a la alteración de los sistemas de gobiernos democráticos autodeterminados.
Reiteramos nuestro compromiso con el Poder Judicial y el Sistema de Justicia en defensa de la institucionalidad y del pueblo soberano de la República Bolivariana de Venezuela, en fiel cumplimiento del mandato de nuestra Carta Magna.
No habrá fuerza, chantaje, ni sanciones que desnaturalicen o secuestren la justicia venezolana.
