Sindicalistas venezolanos rechazan llamado a levantar sanciones: «Se definen de izquierda pero son indolentes»

Los sindicalista Froilán Barrios, y Rodrígo Penso, Dick Quanique, secretarios ejecutivos de la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela) enviaron esta semana una carta a la Confederación Sindical Internacional (CSI) y Confederación Sindical de trabajadoras y trabajadoras de las Américas (CSA) para rechazar su llamado al levantamiento de sanciones contra el Gobierno de Venezuela, y para calificar su actitud de indolente.

A continuación el texto de la carta:

Compañeros (as)

Sharon Burrow
Secretaria General Confederación Sindical Internacional (CSI)

Rafael Freire Neto
Secretario General Confederación Sindical de trabajadoras y trabajadoras de las Américas (CSA)

Presente:

Reciba un saludo de parte de los trabajadores venezolanos y en especial de quienes suscribimos la presente carta. Hemos leído su comunicado reciente relacionado con su petición de levantamiento de las sanciones económicas contra Venezuela en el marco de la atención de la emergencia del Covid-19, ocasión que nos permite como sindicalistas venezolanos y secretarios ejecutivos del Comité Ejecutivo de la CTV opinar al respecto.

Destacamos su gran preocupación por la terrible situación que sufre nuestro país resaltada en la frase del comunicado: “Venezuela es uno de los países que se encuentra en condiciones de mayor dificultad en la región”. Y esto nos conlleva a una primera interrogante: ¿Tuvo que suceder una pandemia universal que ha resultado en tragedia para la humanidad, para que Uds. emitieran un pronunciamiento tan contundente sobre el drama venezolano?

¿Sabían sus mercedes que desde el inicio de la gestión de Nicolás Maduro en 2013 se ha acelerado desde 2015 una diáspora de 6.000.000 de venezolanos? De esos 4.000.000 han deambulado en carreteras, pueblos y ciudades de América Latina, remontando a pie páramos, y recorriendo llanuras sin protección ni alimento alguno en procura de un trabajo digno. Y tan solo socorridos por organismos internacionales de DDHH, ONGs y gobiernos regionales. En todo ese tiempo hasta el presente 2020 no hemos conocido la voz redentora del proletariado de la CSI y las CSA, o de centrales sindicales de la región andina, del Mercosur, en todo caso si han opinado, habrá sido de muy bajo perfil.

Así también reiteramos que, de los que se han asentado en los países de la región, pocos han corrido la suerte de obtener una condición decente de vida. La gran mayoría son víctimas de la xenofobia, discriminación laboral, precariedad absoluta en el trabajo, y otros con peor suerte han perdido la vida. tan solo en Colombia han sido asesinados más de 300 venezolanos. Así también han fallecido decenas en otros países de Suramérica. Ante esta cruenta realidad no se conoce solidaridad alguna del sindicalismo vinculado a la CSA y a la CSI.

En esa dirección nos ha extrañado su silencio notorio ante los Informes 2019 de la Comisionada de DDHH de la ONU, Dra. Michelle Bachelet, quien ha ilustrado detalladamente la situación de hospitales. El deterioro de la salud de decenas de miles de venezolanos. La situación degradante de los presos políticos. La ausencia de la libertad de expresión. El apresamiento de sindicalistas como el caso de Rubén González, de Ferrominera, en prisión por convocar una huelga, siendo juzgado ilegalmente por tribunales militares. Y de Rodney Álvarez sindicalista de Ferrominera, preso injustamente durante 8 años.

Pero más grave aún es no registrar ni fijar posición frente al Informe de la Comisión de Encuesta de la OIT, quien se ha pronunciado en septiembre 2019 por la violación de los convenios 26, 87, 98 y 144, acción reiterada del “gobierno revolucionario” de Nicolás Maduro, tema que deberá abordar la 109ª conferencia de la OIT en junio próximo. Esta actitud indolente de la CSI y la CSA ante la dramática situación que sufrimos contrasta notablemente, con las posiciones firmes de solidaridad con los derechos de los trabajadores venezolanos, manifestadas por Luis Anderson, Secretario General de la ORIT y primer Secretario General de la CSA (2005), y por Guy Ryder, Secretario General de la CIOSL y actual Director General de la OIT.

Ahora bien, ustedes mencionan la condición económica, social y política en Venezuela cuando la terrible realidad que sufrimos los venezolanos proviene de una economía que desde 2014 ha perdido el 70% de su PIB, una educación con maestros y niños en huida y escuelas vacías, una salud con hospitales desmantelados, y servicios vitales de agua, luz, gas, transporte… en ruina. Incluso una industria petrolera cuya empresa Pdvsa ha sido saqueada y se encuentra en quiebra total, dispuesta a ser rematada y entregada al capital trasnacional. Esta destrucción ha arrasado igualmente con el salario, los convenios colectivos, con el trabajo digno concepto fundamental de la OIT, pues nuestro salario mínimo hoy no supera los 4 dólares, el último en la escala mundial.

Si mencionamos el caso de la salud, los gremios del sector anuncian que esta agoniza desde antes de 2016, Médicos por la Salud midió el comportamiento de 242 hospitales en 23 estados del país, en los que se incluyó 92 “cabezas de estado” -los más importantes de cada entidad- todos los hospitales de las 38 ciudades más importantes del país. Además de hospitales militares, el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Personal del Ministerio de Educación (IPASME), Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y Barrio Adentro, como muestra representativa del país. Mayoritariamente los servicios que ofrecen los hospitales están inoperativos: Existe 95% de fallas severas o paralización de los laboratorios, 80% de Tomografía Axial Computarizada (TAC), en la que se escanea una técnica de imagen médica para diagnósticos. Lo mismo ocurre en 37,3% de los hospitales que ofrecen servicio de rayos X, y 29,3% con los ecosonogramas.

Esta patética realidad no se compadece con la descomunal cantidad de recursos recibidos por la actual gestión de Nicolás Maduro, tasada en cantidad cercana al millardo de dólares, cuya característica ha sido el despilfarro y el robo descarado de los fondos públicos. Igualmente en el exagerado gasto militar, ejercicios militares permanentes e injustificados, sin rendición de cuentas alguna, sea en lo proveniente por petróleo, Oro, impuestos al IVA, ISLR. Etc.

Por tanto nuestra posición es impulsar acciones urgentes e inmediatas ante este nuevo mal. Agregado al rosario de vicisitudes que ha sufrido en la actual gestión la diezmada población venezolana a quien no le interesa en absoluto perder tiempo ni distraerse en polémicas políticas interminables sino recibir la ayuda humanitaria urgente para enfrentar la pandemia que ha dejado un lamentable saldo al día de hoy, de 23.000 víctimas, entre ellas un venezolano y 500.000 contagiados a nivel mundial

Así pues, solo coincidimos con Uds. en el contexto señalado en el texto de su comunicado “en medio de la pandemia por el Covid-19 se hace necesario la liberación de todos los recursos disponibles, públicos y privados, así como de la cooperación internacional para actuar en defensa de la población, especialmente de aquellos países con mayor situación de vulnerabilidad”.

En conclusión, aspiramos que estos recursos provenientes de la ayuda humanitaria proveniente de la comunidad internacional sean administrados conjuntamente por los gremios nacionales universitarios de la salud, por organismos internacionales especializados en el área de salud y por los actores políticos que representan los poderes públicos en Venezuela.

La emergencia sanitaria por los nefastos efectos causados por el Covid-19 no admite pérdida de tiempo, como tampoco politizar, ni partidizar la pandemia, lo que significaría un crimen más contra el pueblo venezolano.

Así pues, exigimos el respeto a la libertad de información sobre la realidad de la pandemia en Venezuela. Ello reafirma el derecho constitucional de los medios de comunicación de dar a conocer la verdad en los centros de salud. Es sabido la persecución gubernamental de periodistas, reporteros, médicos y sindicalistas por denunciar los numerosos casos de contagiados y el profundo deterioro de la infraestructura de salud en todo el territorio nacional.

Concluimos con una reflexión final ante ustedes como representantes de la CSI y la CSA. ¿Qué sindicalistas pueden ser quienes se autocalifican de izquierda y defensores de la libertad sindical, y al mismo tiempo encubren y justifican la tortura, la prisión de más de 500 presos políticos, la suspensión de la negociación colectiva y la destrucción del salario, en un listado interminable de tropelías gubernamentales, en nombre de una solidaridad ideológica incondicional?.

Atentamente,

Secretarios Ejecutivos de la CTV

Froilán Barrios
Rodrigo Penso
Dick Guanique

Foto cortesía Punto de Corte