Ochoa Antich: Ejecuciones en los últimos 7 años superan en 17 veces las del Caracazo
Enrique Ochoa Antich, quien durante los sucesos del 27F fue defensor de los derechos humanos, emitió este viernes un comunicado con motivo de cumplirse 31 años de aquella fecha.
«La rebelión de los pobres de 1989 fue más una explosión biológica del cuerpo social que una insurrección consciente del pueblo», argumentó. «El pueblo, sintiéndose emboscado por el necesario paquete de ajustes de Carlos Andrés Pérez y la promesa del regreso a la Venezuela saudita y populista de los años 70, se rebeló instintivamente, saqueando principalmente alimentos para prepararse ante lo que se anunciaba».
«Pérez había dicho que los trabajadores tendrían que olvidarse de sus reivindicaciones laborales, así que ellos decidieron tomarse el problema en sus manos y prepararse para lo que venía», opinó Ochoa Antich.
Según su criterio, imponer el ajuste económico sin debatirlo con el país, confiando en el liderazgo caudillesco de Pérez, y sin medidas sociales compensatorias fue la causa directa del 27F.
«Luego se produjo la masacre de los inocentes, en particular el 28 de febrero y el 1° y 2 de marzo, principalmente por la orden absurda de Pérez a los militares de entrar a los barrios a recuperar lo que se había saqueado», cuenta.
«A las puertas de la morgue de Bello Monte, frente a los cadáveres apilados en la acera porque ya no cabían adentro», dijo, al agregar que junto a otros activistas del MAS y estudiantes de derecho (como Édgar Silva, Giovanni Pasquali y Liliana Ortega) fundaron El Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic). Según las cifras que con nombre y apellido esa ONG logró determinar se produjeron 396 asesinatos, de los cuales solo 277 fueron reconocidos por el Estado.
«Yo vi la cifra de más de 300 en la lista de la morgue y me aproximo a la de 500 en total; pero no a la que me parece exagerada y sin fundamento alguno de más de 3.000 que se denuncia por allí», señala.
Igual, agregó, «se trataría de la mayor masacre de nuestra historia, solo comparable con los fusilamientos de Simón Bolívar en La Guaira en 1814, antes de su emigracion a oriente».
En 1990, Ochoa Antich fue encarcelado a las puertas de Miraflores durante una «protesta de las madres del 27F exigiendo justicia». «Los expedientes reconocidos por el Estado fueron sepultados en los Tribunales Militares sin sanción alguna hasta el día de hoy».
«Desde que Chávez llegó al poder, a él y su gobierno se le pidió que reactivara la investigación de esos casos para que se produjeran las sanciones individuales a que hubiera lugar pero no se obtuvo respuesta», refiere Ochoa Antich.
Varios Caracazos por año
Quizá por esa impunidad la violación masiva y sistemática de los derechos humanos se mantiene hasta el día de hoy y, según cree Ochoa, en mayor medida pues miles de ejecuciones así lo prueban.
«Me atrevo a asegurar que en la Venezuela de hoy se producen cada año varios 27F», sentencia, al referirse a cifras de ejecuciones en los útimos 5 a 7 años que rondan los 6.800. «Son cifras que se recogen en informes como los de Provea, de Amnistía Internacional o de la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU».
La Faes
«Es evidente que las ejecuciones son hoy más que antes», agregó el también miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, al recordar que él formuló ante la Fiscalía las primeras denuncias contra las OLP en tiempos de Luisa Ortega Díaz quien las corroboró.
Por eso dice que las Faes es un grupo de exterminio que debe ser disuelto o sometido a una intensa reformulación»
Otra crítica que formula es a la Defensoría del Pueblo, «silenciosísima institución», según acusa. Ochoa Antich aseguró conocer al actual Defensor del Pueblo/ANC, Alfredo Ruiz, desde los tiempos del 27F, cuando él era activista del Comité de Justicia y Paz de Petare.
«Su temperamento no es para ese cargo. Un Defensor debe hacer ruido. Molestar al poder. Exigir cambios apoyándose en la opinión pública. Ser la voz de los familiares de las víctimas y de las ONG de DDHH. Y nunca ser complaciente con el Estado, pues es más un representante de la gente que un representante del Estado».
«Por eso sugiero que se considere someter ese cargo a elección popular este año, junto con la elección de la nueva Asamblea Nacional, según lo permite el artículo 279 de la Constitución, quien hará llegar el planteamiento a la Mesa Nacional de Diálogo.
