¿Mascarada o elecciones?
Mucho me temo que se aproveche estos días carnavalescos —aumentados artificialmente por el adiposo usurpador en un país que lo que necesita es más trabajo y productividad— para pasarnos un strike que disloque lo que ha sido el planteamiento desde hace un año: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, creíbles, con observación internacional.
Por lo que se deja ver por los medios y radiobemba a la gente del común —buena, sencilla, bien intencionada, crédula— pareciera que ya pasado mañana está resuelto el problema nacional. Basta con que se escoja un CNE prêt-à-porter que convoque a unas elecciones parlamentarias ¡y listo! No hace falta más: esa nueva Asamblea Nacional se encarga de designar un nuevo Poder Judicial y a las cabezas del Poder Ciudadano y, de consuno, estos y los parlamentarios normalizan la vida en el país. Y eso no es así de sencillo. Los ciudadanos tendremos que decir, como cuando se está jugando cartas con un fullero, “barájemelas más despacio”.
Reconozco que es necesario, y hasta urgente, que se elija e invista a un nuevo CNE que reemplace a las mujecitas (ojo, corrector de pruebas, no dije “mujercitas”, que es un hipocorístico, escribí “mujecitas”, que es un despectivo criollo) que tanto daño le han causado al país con su sesgo sectario.
Pero eso no puede ser, como se ha colado por ahí: “tres pa’ mí, dos pa’ ti y listo”. ¡No! No se puede seguir repitiendo ese esquema que nos ha traído de fracaso en fracaso y de engaño en engaño. Se requiere que se acredite a personas de la sociedad civil libres de toda sospecha de amiguismo u obcecación partidaria, que tengan un nombre que perder y que sean excepcionales gerentes.
Porque lo que le toca es duro. Empinarse por encima de los “líderes” partidistas y arrugar la cara cuando de defender lo que es lícito, debido, ético, se trata. Salir de la caterva de encamburados que han mangoneado por muchos años en ese consejo. Poner al día y depurar los registros electorales. Actualizar las listas de los venezolanos que están en la diáspora pero que no por ello han dejado de tener derecho al sufragio. Eliminar las inhabilitaciones de candidatos y legalizar nuevamente los partidos y tarjetas que Tibi y sus sicarias se encargaron de eliminar para que ganaran siempre los suyos. Exigir que las FAN (si es que son indispensables para custodiar las elecciones, que no creo) estén sujetas al Poder Electoral y no, como ha sido hasta ahora, que son quienes mandan en los centros electorales.
Y por ahí pudiera seguir mencionando tareas, pero creo que ya quedó claro lo que es necesario para tener unas elecciones aderezadas con todos los requisitos de que habla la Constitución.
Pero eso es solo el comienzo. Es perentorio que se constituyan un TSJ, un Ministerio Público, una Contraloría General y una Defensoría del Pueblo que sean en verdad legales —con currículum que los acredite, no con prontuarios penales como es ahora—; que no sean una comparsa de afines al Psuv designados para darle la razón a troche y moche al régimen y sus secuaces. La tarea es inmensa en estos cometidos. La vida de la república depende, en mucho, de esas instituciones. Que no pueden seguir siendo, como ha sido la constante en estos largos veinte años, sucursales de la casa del partido.
Con el fin de refrescarles la memoria a los olvidadizos, creo que es útil reiterar aquí un memorial de los agravios más conspicuos de los últimos tiempos y que son los que han puesto casi en coma la existencia de la vida republicana apegada al Estado de Derecho. Comencemos en el año 2016, para no irnos tan lejos.
Después de las elecciones parlamentarias de 2015, al sufrir una aplastante derrota que dejaba ver la insatisfacción de la ciudadanía con el régimen madurista, el Psuv decidió que los diputados salientes amarraran indebidamente las manos de los entrantes, designando unos magistrados.
Estos, saltándose a la machimberra la legalidad, basados en la escucha ilegal de una conversación telefónica —si es que no fue una fabricación—, dejaron sin representación parlamentaria a todo el estado Amazonas. La idea era impedir que los nuevos parlamentarios, que tenían capacidades excepcionales por haber alcanzado la mayoría calificada de la representación nacional, pudieran pasar normas que no les convenían a los rojos del PUS y el régimen.
Pero, ¡oh, paradoja!, un TSJ que ha sido asaz diligente en sentenciar en procesos para favorecer a la dictadura, aun en casos que no les han sido solicitados, ya lleva más de cuatro años sin resolver lo de la falta de representación de Amazonas. Ya por lo anterior, debieran ser cesados todos esos “jurisperitos” que decidieron olvidar todo lo que sabían de derecho.
Además, la comandita bandolera constituida por el usurpador y su combo, incluidos el CNE y el TSJ se hizo la vista gorda cuando unos tribunales penales, que no tienen competencia en materia electoral, impidieron el referendo revocatorio que hubiera significado la salida del nortesantandereano de Miraflores.
Esa misma coyunda perdularia fue la que inventó la creación fraudulenta de una Asamblea Constituyente conformada por más de quinientos ganapanes que se han metido en todo pero que, después de dos años mamando, no han acometido el único fin para lo que debieran haberse constituido (si se hubieran llenado los extremos legales): redactar un nuevo proyecto de Constitución.
Como esas irregularidades, muchas más. Pero se me acaba el espacio. Habrá que dejar otras sinvergüencerías para comentarlas en futura ocasión.
Baste decir que no es suficiente organizar un nuevo CNE y convocar unas elecciones parlamentarias —que tocan este año, cierto, pero al final del calendario, no ahorita— para arreglar al país. Se requiere, además de lo que ya comenté antes, unas elecciones presidenciales (y cuidado si generales). Porque hasta que no cese la usurpación, por renuncia de Platanote o por lo que sea, no se verá la luz al final del túnel…
