Marino Alvarado, Provea: A Cabello se le olvida que en 2002 pedimos medidas cautelares para él

El coordinador de investigación y difusión de Provea, Marino Alvarado recordó que en 2002 Proveo solicitó medida cautelares ante la Cidh para el propio Diosdado Cabello y otros representantes del chavismo.

«Cabello leyó un tuit que colocamos donde denunciamos que el gobierno prefiere gastar millones de dólares en armas que arreglar las calles, las escuelas y hospitales y eso le molestó y nos amenazó, no es la primera vez que lo hace, pero a él y al propio Maduro se le olvida que han sido atendidos por Provea», dijo en entrevista con Román Lozinski.

«Maduro requirió la asesoría de Provea cuando fue despedido del Metro de Caracas y en 2002 se le olvida a Cabello que cuando fueron perseguidos durante el golpe de ese año nosotros solicitamos medidas cautelares a muchos chavistas, para Cabello, Hugo Chávez; la Cidh respondió a la de Tarek William Saab y fue puesto en libertad; además cuando fue derrocado Carmona nosotros también lo visitamos a la sede de la Disip a ver cómo estaba».

«Nosotros abogamos por los ddhh independientemente de la ideología política, ojalá Cabello no sea una víctima nuevamente, pero estoy seguro que de ser así lo atenderemos», enfatizó.

Asimismo, explicó que es legal que las ONGs reciban financiamiento y dijo «está bien que las embajadas den cooperación a organizaciones y a alcaldías, gobernaciones para favorecer a la población de cualquier manera, ahora el gobierno ha amenazado con restringir la cooperación internacional y esto impediría que las iglesias puedan hacer su trabajo, nosotros atendemos a las víctimas, las representamos judicialmente de forma gratuita para que no tengan que cancelar un abogado que es muy costoso».

«La gran mayoría de las organizaciones trabaja para los sectores más necesitados y vulnerables del país, nuestra gestión es totalmente auditable, si revisan nuestra página web está nuestro balance; si el BCV quisiera informar cuánto cambio Provea en divisas lo puede hacer; nuestra gestión es transparente y ese dinero se usa para favorecer a los más vulnerables».

Lo que ocurrió en Fuerte Tiuna es muestra del abuso de poder policial

Como defensor de ddhh mencionó el caso de la detective del Cicpc Yendry Moreno que murió en manos de un efectivo de la Policía Militar este lunes. «Es un caso muy lamentable y debe hablarse de asesinato, porque esto demuestra que nadie está a salvo del abuso de poder de policías y militares, se les ha dado tanto libertad para actuar de manera arbitraria que cualquier ciudadano en cualquier ciudad está expuesto a una ejecución, a una detención arbitraria o a ser torturado».

«Ellos debían anotar la placa y tomar otras acciones pero en ningún momento disparar, esto nos recuerda al informe de Bachelet donde dice que más de 5 mil personas han sido asesinadas en resistencia a la autoridad y la mayoría han sido asesinadas en sus casas, delante de sus familiares», condenó.

A la vez que recordó que en 2006, 4 estudiantes de la Universidad Santa María fueron asesinados en una alcabala en Caricuao y expresó: esto obligó a Chávez a promover la reforma policial en ese año, por la reacción del movimiento estudiantil que fue bastante fuerte y se procuro construir una policía respetuosa, pero vemos que no es así.

Alvarado precisó que la Faes nació de la idea de tener una policía especial entrenada para casos especiales y aseveró que esto no se ha cumplido. «No es así, se ha convertido en un organismo policial que actúa de manera rutinaria, que usa armas de guerra y que actúa por la desconfianza que le tiene el gobierno al Sebin y al Cicpc y por eso usa a la Faes como componente para la represión política».

«En su estructura formal responde a Reverol y en la práctica a Maduro y a Reverol; el gobierno ha alentado que la Faes mate personas, en enero fueron asesinadas 65 personas en manos de la Faes», reprochó.

«Cuando la Faes toca la puerta se siente el terror, llegan insultando, actuando de manera violenta, destruyendo neveras, televisores, cortando con hojillas los muebles buscando drogas y armas; delante de niños de 5, 6, 7 años aterrorizados. Buena parte de quienes son asesinados nada tienen que ver con la delincuencia y recordamos que si así fuera para eso existen los tribunales», denunció. «No puede aplicarse la ley de la selva ni la pena de muerte, porque alguien que tenga antecedentes penales y viva en una zona popular tienen 50% de probabilidades de morir ejecutado en manos de la Faes, eso no es motivo».