Los 17 años de Luis Molina
Este señor, agente de la honorable Policía Metropolitana, lleva 17 años preso por una orden violatoria de toda normativa legal emanada de Hugo Chávez y cumplida servilmente por los pobres jueces fantoches que pueblan nuestros tribunales. Que deciden sin ninguna conciencia quebrar la vida de un ser humano inocente y la existencia de una familia. Tal como se expresa su esposa: «No existen explicaciones para tanta barbarie y ensañamiento contra seres humanos. Jamás existirán explicaciones para todas las violaciones de derechos humanos de las cuales hemos sido objeto durante estos eternos 17 años, tanto para ellos, mi esposo y sus compañeros de causa, como para sus familias, esposas e hijos, madres, hermanos».
Como persona nos hiere el alma pensar en esos 17 años de Luis y en las 351 personas que están en la cárcel, que reciben tratos vejatorios por parte de otros venezolanos, personas sometidas a juicios amañados, enfrentados a la más profunda crisis ética de nuestro sistema jurídico, que de hecho no existe sino en el papel, con jueces de mentira, que violan en lo más profundo las identidades de las personas, de sus familias y de todo un país. No podemos siquiera imaginar que cada minuto, momento, que vivimos, caminamos, trabajamos, al mismo tiempo, estos venezolanos presos sufren la inclemencia de sus carceleros, en calabozos sin luz, en salones de tortura, en manos de unos carceleros que como todos los que escogen este nefasto oficio les importa un bledo ser merecedores de su pertenencia al género humano.
Oímos a Maduro solicitar ayuda a países aparentemente cercanos ideológicamente con su gobierno, nombra a España, México y Argentina, pidiendo apoyo para enfrentar las demandas de sus ciudadanos y el rechazo del mundo. Clama solidaridad con su insaciable aspiración de conservar el poder como sea y con quien sea, rusos, iraníes, cubanos, es decir la escoria del mundo. Países donde el sol se le oscurece a esas masas humanas que no tienen la culpa de haber nacido en esos territorios. Pide ayuda y luce como una total incongruencia, rogar por ayuda teniendo a cientos de venezolanos sometidos a las más crueles condiciones, encarcelados, torturados, sin piedad alguna. Dudo que Alberto Fernández, las instituciones españolas y mexicanas se presten para apoyar esta afrenta a la civilización occidental que representa el gobierno de Maduro.
Los hermanos Rodríguez mienten sin ningún pudor. No sabemos si es en verdad el afán de venganza que los ha llevado al infierno o simplemente disfrutan de la mentira y de las penalidades de los otros. Viene a la memoria la imagen de Juan Requesens, Leopoldo López, los policías metropolitanos y todos los que hoy están en las mazmorras, los cuales según Alfredo Romero, director del Foro Penal, son categorizados de la siguiente manera: “Aquellas personas condenados por representar individualmente una amenaza política para el gobierno, por tratarse de líderes políticos o sociales. Los detenidas o condenadas, por ser parte de un grupo social al cual es necesario intimidar. En este grupo destacan estudiantes, defensores de derechos humanos, comunicadores, jueces, militares, activistas sociales y políticos, entre otros. Y, quienes, son utilizadas por el gobierno para sustentar una campaña o una determinada narrativa política del poder con respecto a determinadas situaciones de trascendencia nacional”.
Esta interpretación de Alfredo Romero aclara que Maduro no da manotazos a la loca. Oprime donde duele. Mata a quien estorba. No tiene planes para hacer crecer el país pero si los tiene para ejercer la violencia y continuar con la cara muy lavada, pidiendo ayuda y escondiéndose detrás de una ideología que el mundo entero sabe que no es más que el camino a la servidumbre.
Podemos nombrar entre las víctimas de Maduro-Chávez a Alberto Marulanda, William Agudo, Carlos Aristimuño, Andrés Paredes; a la pediatra de 21 años Ariana Granadillo, detenida por rebelión militar; María Elena Figueroa, Deynis Uzcátegui, presa esta última por buscar comida para sus hijos, dos paquetes de harina y uno de pasta, a quien los GNB gritaban en el momento de detención: “Que se mueran esas malditas bachaqueras”. La familia de Ariana Granadillo, el 24 de mayo de 2018, fue sacada de la casa que habitaban en la Urbanización San Antonio de los Altos (Carrizal), estado Miranda, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y sin orden oficial alguna los mantuvieron desaparecidos y sometidos a trato cruel e inhumano hasta el 31 de mayo de 2018.
La violencia desatada por el régimen Maduro, Cabello y Padrino constituye una de las más negras páginas de nuestra historia. Con la intención siniestra de desaparecer la esperanza, la libertad y la aspiración de todo venezolano de realizar sus proyecto de vida. No es siquiera necesario pedir castigo para los responsables de esta barbarie, la historia ha demostrado que tarde o temprano el peso de sus crímenes y de sus culpas se devolverá por haber robado 17 años a la vida de Luis Molina y su familia.
*Termino de escribir esta amarga nota y recibo esta noticia: Orlando Rivas, un venezolano de 26 años detenido desde 2018 en los calabozos del Cicpc del estado Lara, ha muerto tras delirar por fiebre alta, con un pulmón desprendido a golpes y desnutrición porque no le daban la comida que le llevaba su familia. Nunca llegó a verlo un juez.
