La República liberal

La liberación de España, iniciada el 19 de abril de 1810 y luego refrendada el 5 de julio de 1811, marcó el inicio de la historia republicana de Venezuela. Esta historia ha pasado por varios períodos con características políticas y económicas, así como aspectos sociales, muy bien diferenciados.

El paradigma fundamental para la organización de la sociedad venezolana fue dibujado bien temprano por el propio Simón Bolívar en su “Discurso de Angostura” pronunciado el 15 de febrero de 1819. Tanto Simón Bolívar como Francisco de Miranda, aún más este último por involucrase directamente en la revolución de Estados Unidos, observaron en el nuevo país del norte una sociedad que había visto la libertad.

En ese discurso, muy denso en ideas, se expone la idea que marcó en mucho el desastre de Venezuela, idea que fue enriqueciéndose con el pasar del tiempo hasta convertirse en el monstruo de mil cabezas que nos impide desarrollarnos como seres humanos en una sociedad organizada, estable y de bienestar.

Nadie es perfecto y dentro de la visión de Simón Bolívar, entre tantos aciertos e ideas maravillosas, se pudo haber escapado una no tan buena. También es bueno recordar que los socialistas citan a Bolívar metiéndolo en el mismo “saco” de pensamiento que ellos. Error. Simón Bolívar era liberal con un alto componente de solidaridad y en realidad muchos de los socialistas de hoy ya hubiesen sido fusilados por traidores, corruptos y criminales.

“Cuanto más admiro la excelencia de la Constitución federal de Venezuela, tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación en nuestro estado. Y según mi modo de ver, es un prodigio que su modelo en el Norte de América subsista tan prósperamente y no se trastorne al aspecto del primer embarazo o peligro”… “¿Qué las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos; referirse al grado de libertad que la constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales? ¡He aquí el código que debemos consultar y no el de Washington!”

Simón Bolívar tenía conocimiento de una forma de Estado que funcionaba en Norteamérica (y otras sociedades), pero él estaba convencido que aquí no funcionaría. Por lo tanto las leyes debían más bien avalar nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia y para ese momento (y ahora también) nuestra anarquía.

El tiempo transcurrió implacable. Se logró la liberación de Venezuela y de América del sur; llegó 1830, al final de este año muere Simón Bolívar y comienza en Venezuela, constituida ya como república independiente, el fenómeno del caudillismo.

La palabra caudillo hace referencia a un guía o líder, en Venezuela un militar con un toque de carisma y gran influencia sobre las masas, acción que lograban antes o después de obtener el poder generalmente por métodos informales. Todo este período de gobiernos de caudillos desde José Antonio Páez, pasando por José Tadeo Monagas y José Gregorio Monagas, Antonio Guzmán Blanco, Juaquín Crespo, Cipriano Castro, hasta Juan Vicente Gómez, con excepciones de pequeños períodos de gobiernos civiles, como el del doctor José María Vargas, la mayoría derivaba en dictaduras y con el pretexto del bienestar común, sólo seguían sus propias ambiciones de poder y riqueza.

Era lo que en aquella sociedad podía ocurrir debido a la complacencia y el aval, a nuestra propia “idiosincrasia”, que degeneró rápidamente en la falta de instituciones democráticas, sistemas de poderes públicos y el ejercicio de la ciudadanía.

En la segunda parte del siglo XIX apareciço en Europa el marxismo derivado de los escritos de Carlos Marx que rechazaba al capitalismo. A principio de 1900, estas ideas encontraron su caldo de cultivo en el otro lado del mundo, en aquella Rusia de Vladimir Lenin, para dar origen al comunismo y luego al socialismo; que en nuestro continente encontró territorio fértil en Cuba.

Para Venezuela, como si fuera poco el legado terrible y destructor del caudillismo, sobre los postulados de Marx se construyó en la opinión pública la idea de que los problemas de Venezuela no eran culpa de nosotros mismos como sociedad desorganizada, poco atraída por la formación y tampoco de años de anarquía producto de los desórdenes políticos internos; sino que la culpa era del capitalismo.

Las tres primeras décadas del siglo XX transcurrieron como un período de preparación hacia una corriente política diferente. El poder militar y los caudillos se agotaba para dar paso al poder civil. Esta etapa desde la muerte del dictador Juan Vicente Gómez fue tortuosa, difícil y marcada por contradicciones y con la aparición del petróleo.

Con un elemento marxista para construir el Estado se materializó en 1958 lo que se llamó la democracia representativa. Los partidos políticos tomaron control de la situación social y la Constitución de 1961 incluía así como en la Constitución de 1999, un articulado que está definido para lograr que el Estado controle las actividades económicas aplicando el principio de distribución de las riquezas del país; que por cierto, el Estado no produce.

Así entonces, por ejemplo, en el artículo 112 de la Constitución de 1999 se establece uno de los elementos venenosos que ha marcado el atraso para Venezuela, producto de la incesante y gigantesca corrupción: “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país”.

En resumen a partir de 1958 se instaló un sistema político y económico que dependía y se financiaba casi exclusivamente de la renta petrolera. Se asignaba y distribuía esa “riqueza” producto de la extracción de petróleo tanto a empresas, industrias e incluso organizaciones de ciudadanos y a la población en general, a través de dádivas, producto de los ofrecimientos electorales por del gobierno de turno. Se aplicaba (y aún se aplica) esta nefasta y mediocre metodología, hasta donde se pueda, para controlar tanto la economía como las conciencias.

Por supuesto todo degeneró en un macro Estado, tan gigante como pernicioso, génesis de la corrupción y finalmente la llamada “descomposición social” producto del rentismo.

Como ejemplo palpable de la consecuencia de esta política rentista se evidenció en los años 60 y 70, el éxodo del campesino a las ciudades, mutilándose así una de las actividades estructurales y básicas para el desarrollo nacional. En 1999 la nueva Constitución ya advertía a través de sus artículos 112 y 115 que no sólo estimula la distribución de la riqueza sino que se coartan las iniciativas privadas y el desarrollo de las potencialidades individuales. Toda una larga documentación de ofrecimiento y populismo, una de esas que fue denominada como el Pago de la Deuda Social concepto que al llevarse a la práctica significó la redistribución de dinero público, a discreción del gobernante y jerarcas; ellos supuestamente debían saber a quién se le debía y cuanto se le debía; todo un ABC para la ruina de un país; tanto fue cierto, que hoy en día estamos endeudados por encima de cualquier capacidad de pago, a expensas por un lado de los acreedores y por otro de un estado tan criminal como corrupto.

No debemos solo hacer seguimiento y describir las causas que nos condujeron a los días oscuros de hoy; sino cambiar esos paradigmas y sin ninguna duda avanzar hacia la construcción de la República Liberal basada en 4 pilares. Consolidar, la independencia de los poderes públicos y su sistema de pesos y contrapesos; por medio de su legitimación. Crear un Estado pequeño y fuerte; dedicado a sus funciones básicas: los tribunales y el orden jurídico, los servicios públicos, tanto los administrados directamente por él, como los que funcionan u operan bajo una empresa privada, y la defensa a través del ejército.

En lo económico permitir una economía de libre comercio, cuyo sistema de precios no lo imponga el Estado, sino el mercado a través de la demanda, la oferta, la competencia y la calidad. Y dar las oportunidades para el libre desarrollo, como un derecho tanto humano como económico, para adoptar en ambos casos un proyecto de vida, desenvolverse y crecer, en una sociedad por si mismos; por su libre albedrío decidir que quiere ser o hacer y cómo hacerlo. Una sociedad de libre desarrollo, que no recibe ni injerencias ajenas, ni coacción o chantaje, ni bajo la acción de controles estadales, más que el marco jurídico transparente, claro, solidario y aplicable a todos.

@aricard53712558