El país sin ley

Cuando hablamos de caos institucional lo peor que resalta del marasmo es la quiebra total del sistema de justicia, no tener un Tribunal Supremo de Justicia sería para un religioso como perder a Dios de vista.

Un excelente reportaje de La Patilla enumera lo que significa habernos convertido en un país sin ley. Lo más importante es repetir algo que parece sabido, sin ley el poder político no tiene frenos, es una de las causas de los desmanes del régimen, saben que nadie los controla.

El TSJ chavista nació una noche aciaga, es conocido quiénes son los magistrados y cuál es el currículo del personaje que lo preside, un individuo con prontuario criminal, culpable de delitos y crímenes. La misión designada a esta siniestra organización fue la de atacar la Asamblea Nacional elegida por los ciudadanos. Tarea cumplida a cabalidad, “el TSJ fabrica un fallo contra el Parlamento cada 15 días. Los ataques se han contabilizado en 202 semanas de funcionamiento de la AN”.

Veamos antes detalles del currículo de su presidente: acusado de haber asesinado a una mujer en el estado Bolívar en 1987, trabajó como oficial de la policía política venezolana, ahora Sebin, pagó una condena de dos años en prisión por este crimen. Tras ser beneficiado con la libertad, se le relaciona con el homicidio de Rubén Gil Márquez, en Caracas en 1989. Aunque no se demostró su participación, fue retirado del cargo como oficial de seguridad.

Amigo de Chávez se convierte en abogado del Ministerio Público. En 2007, el ex magistrado chavista Luis Velásquez Alvaray lo acusa de formar parte de La Banda de los Enanos. Acusación por supuesto desestimada. En 2007 es destituido como juez por desacato a una orden de la Sala Constitucional.

Luego es designado como agregado comercial de Caracas en Roma. Su próxima misión es presidir el TSJ. Al asumir el cargo declaró que acabaría con la impunidad en Venezuela: “Yo, desde este momento, al frente del Tribunal Supremo de Justicia y conjuntamente con los compañeros magistrados, estaremos 24 horas al día trabajando para acabar con la impunidad, la corrupción en este país”.

Delincuente pero avispado, Moreno inicia trámites para obtener la ciudadanía italiana, desconocemos la respuesta del gobierno italiano. Mientras, el objetivo de destruir la Asamblea Nacional sigue adelante. ”La primera de las sentencias fue elaborada en diciembre de 2015, 39 en el año 2016; 33 en 2017 y 12 en 2018. En 2019, el máximo tribunal acumula 25 sentencias contra el Legislativo. El cerco se ha impuesto especialmente a través de las salas Constitucional, Electoral y Plena”.

El trabajo de Moreno y los magistrados es lo más sucio del régimen, privan a los ciudadanos de la justicia, atacan a la Asamblea Nacional, único poder legítimo en Venezuela, fabrican una red de protección a la corrupción, contribuyen al desmantelamiento institucional, la persecución a la oposición política y al intento de eliminar el liderazgo, encarcelando a Leopoldo López y a Juan Requesens, sin ninguna prueba de culpabilidad. Los crímenes más sonados del régimen no forman parte de su agenda. “El dictador venezolano se ha ganado a pulso un lugar entre los autócratas más sanguinarios de América Latina.

La represión de Nicolás Maduro se ha cobrado al menos la vida de miles de personas en apenas cinco años. Régimen que demuestra a diario la verdad de su lema «Socialismo o muerte”. Sin distingos y sin ley aniquilan a los oponentes, tal el caso del diputado Fernando Albán, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, Oscar Pérez, crímenes cometidos ante los ojos del país, en completa flagrancia, sin temor al castigo, en total impunidad, tal como ocurre en los países sin ley, sin culpables y sin castigos.

Según el Observatorio Venezolano de Violencia y ante la mirada cómplice de los representantes de ley “las fuerzas de seguridad acabaron en 2017 con la vida de 5.535 personas, en actos calificados como de resistencia a la autoridad. Entre estas se incluye parte de los 505 civiles muertos a manos de la policía y el Ejército en el marco de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) del régimen entre julio de 2015 y marzo de 2017. La finalidad teórica de las OLP es acabar con la inseguridad ciudadana, pero en la práctica han sido un mecanismo represivo especialmente sangriento”.

En los resultados de la Feria de Derechos Humanos, la organización Acceso a la Justicia señaló que el objetivo de un grupo de sentencias del TSJ es “anular las iniciativas legislativas de la AN, en materias clave como el Banco Central de Venezuela, amnistía para presos políticos, bono para alimentos y medicinas a pensionados y jubilados, otorgamiento de títulos de propiedad privada de la Gran Misión Vivienda, y crisis humanitaria en el ámbito de salud”.

En medio de la catástrofe que significa vivir en un país sin ley, entristece y extraña que algunos analistas estén concentrados en atacar y debilitar a Juan Guaidó, lanzando acusaciones desde el vientre del monstruo, en un país donde la justicia está en manos de delincuentes.