Dip. Conrado Pérez: No pudimos demostrar que Alex Saab fuera testaferro de Maduro

El diputado Conrado Pérez Linares, miembro de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, aseguró este sábado que dicha Comisión no otorgó una carta de buena conducta para el empresario Carlos Lizcano, dueño de las Tiendas Clap,  aunque precisó que no encontraron evidencia de la acusación en su contra.

«Nosotros no otorgamos cartas de buena conducta. Esa no es nuestra función. Nosotros nos dedicamos a investigar y combatir la corrupción caiga quien caiga», dijo en nota de prensa.

Agregó, sin embargo, que Lizcano no aparece en el registro de empresas señaladas por corrupción, «según se comprueba en documento signado con la numeración 1871367 del registro de Hong Kong y por lo tanto, la Comisión no podía forjar pruebas para involucrar al mencionado ciudadano como accionista, socio o directivo de las mismas».

Sobre si dichas empresas eran o no de maletín, el parlamentario precisó que no encontraron evidencia. «La misma cuenta con una sede física y operativa, con personal activo de obreros y empleados, con diversos proveedores y distintos productos de mercado, en consecuencia no es una empresa de maletín».

Finalmente, Pérez Linares aseguró que la investigación no pudo demostrar que Saab era testaferro de Nicolás Maduro, «más allá de la sindicación pública, personal y familiar de que este ciudadano ostenta una fortuna cuyos origenes licitos deben ser probados», recordando que los delitos de corrupción son imprescriptibles.

Este sábado, Ewald Scharfenberg, uno de los fundadores del portal de investigación Armando.Info, anunció la publicación de un trabajo sobre los supuestos esfuerzos de diputados de Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Cambiemos y la fracción 16 de Julio para, «por encargo (y) en el esquema de complicidades, limpiarle el expediente a los empresarios colombianos que controlan las importaciones de los combos Clap» – en referencia a Alex Saab y Álvaro Pulido.

Abiertos a cualquier investigación

Pérez Linares pidió a aquellos que tengan «fundamentos y soportes» para una denuncia que las presenten ante la Comisión, que está abierta a cualquier investigación objetiva». Y advirtió: «Denuncias al boleo, de periódicos, radios y televisión solo para escandalizar y ganar tribuna no pueden tener eco en nuestra actuación vertical, así que no pretendan que actuemos en forma irresponsable».

«No nos van a amilanar. No vamos a dejar de trabajar y luchar por combatir la corrupción, vamos a seguir dando lo mejor para garantizar el cambio que reclama Venezuela sin ceder frente a la canalla y el chanteje. Quiero expresar en forma clara y contundente, mi disposición de someterme a cualquier averiguación de cualquier índole con el propósito de salvaguardar mi honestidad, mi transparencia y moral en el ejercicio de la función parlamentaria», concluyó Pérez.

Campaña de descrédito

Pérez Linares denunció una campaña de descrédito a nivel nacional e internacional para «tratar de «destruir, mal informar y vilipendiar, al único poder legítimo y democrático en Venezuela reconocido por el mundo entero», dijo, al asegurar que su declaración contaba con el aval de los diputados Richard Arteaga, Chaim Bucarán, José Brito y Freddy Superlano.

«En lo que se refiere a nuestra actuación en este Parlamento y desde esta Comisión quiero subrayar que no vamos a sucumbir ante la presiones, influencias, chantajes y manipulaciones de quienes hoy, producto de nuestras investigaciones con elementos de convicción, están formalmente implicados en hechos de corrupción y desfalco a la nación, como este personaje nefasto y despreciado por todo el pueblo de Venezuela, quien es el rostro público de la corrupción, identificado como Rafael Ramírez, junto toda su estructura mediática que es pagada con el dinero que se robó, para tratar de limpiar su falsa moral con una campaña direccionada dentro y fuera del país».

Ramírez y sus tarifados – agregó Pérez Linares- pretende lincharnos moralmente con el propósito de desvirtuar las denuncias e investigaciones que hemos realizado contra él y su pandilla de ladrones.

Apegados a derecho

-«Queremos manifestar que nuestras decisiones legitimas están ajustadas a derecho de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, el Reglamento Interior y de Debate y de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN.

Cada una de las actuaciones que hemos realizado – afirmó el parlamentario – han sido apegadas a derecho y ajustadas a la objetividad y rigurosidad que demanda la función parlamentaria.

«Ratificamos que nuestra función no está dirigida a cuidar privilegios de nadie, ni de grupos mafiosos, ni de sectores económicos, como tampoco nos prestaríamos a forjar elementos vinculantes donde no existieran para inducir fundamentos de prueba que asentaran una decisión».